El Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES), desde su creación en 2007, simbolizó la prudencia fiscal chilena. Diseñado para acumular excedentes en épocas de bonanza y utilizarlos en tiempos de crisis, representaba más que un ahorro: simbolizaba una expresión de prudencia y visión de largo plazo. Hoy, su debilitamiento plantea una inquietante pregunta: ¿cómo enfrentará Chile la próxima crisis (o terremoto) sin ahorros? Su actual debilitamiento no sólo señala problemas de sostenibilidad fiscal, sino también decisiones políticas que cuestionan la capacidad de los gobiernos para proyectar estabilidad económica en un contexto global incierto.
El Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) fue constituido el 6 de marzo de 2007, basado en el saldo del antiguo Fondo de Estabilización de los Ingresos del Cobre, que se reformuló con el FEES. Este fondo es una fuente adicional de financiamiento para el gobierno central, y sus recursos son utilizados principalmente para estabilizar las finanzas públicas en el tiempo ante cambios abruptos en el ciclo económico y eventos extraordinarios. El FEES, que en el 2008 representaba el 17,1% del PIB (US$20.000 millones), hoy se ha reducido a apenas un 1,2% del PIB (US$3.700 millones). Es decir, Chile en casi 15 años se ha completamente devorado el fondo de estabilización ante emergencias.
En agudas crisis como la de 2008-2009, el estallido social de 2019 y la pandemia de 2020, el FEES demostró ser un colchón de alivio, permitiendo estímulos económicos sin recurrir a deudas excesivas. Su agotamiento actual contrasta tristemente con ese legado.
Este consumo precipitado del fondo de estabilización refleja no sólo un problema técnico, sino también una alarmante miopía fiscal. Sólo en el 2024, se han retirado cerca de US$2.400 millones del FEES en un contexto de estabilidad económica, reduciendo el fondo a apenas US$3.700 millones. Estos retiros recientes, lejos de responder a crisis extraordinarias, reflejan una preocupante dependencia de ahorros estratégicos para cubrir déficits corrientes. Tomar estas decisiones en un contexto de estabilidad económica agrava aún más la erosión de recursos críticos diseñados para enfrentar emergencias futuras como los próximos terremotos que vendrán o las próximas crisis internacionales.
¿Por qué importa este agotamiento? Porque refleja un cambio en la lógica de la política fiscal: desde una antigua lógica basada en la acumulación de ahorros soberanos a una nueva lógica que prioriza el corto plazo y erosiona los instrumentos de estabilidad. Esto no sólo podría aumentar el riesgo país (encareciendo la deuda pública), sino que también genera un problema político: ¿Quién se hará cargo de las futuras crisis cuando ya no existan ahorros?
Ante esto, el Consejo Fiscal Autónomo ha sido enfático: el FEES debe reconstruirse hasta alcanzar entre el 5% y el 7% del PIB, que es el nivel recomendado por el FMI para garantizar una respuesta adecuada ante shocks económicos. Según cálculos del CFA, lograr un nivel del 6% del PIB en un horizonte de cinco años requeriría superávits estructurales del 3,3% en 2027 y 2028, mientras que, a 25 años, bastaría un superávit de 0,9%. Sin embargo, no existe señal alguna de que los políticos y el gobierno estén realmente dispuestos a tomar medidas fiscales de esta magnitud. El debilitamiento del FEES refleja un deterioro del sistema político chileno, donde las decisiones de corto plazo han primado sobre la responsabilidad.
Este vacío de planificación también revela un problema estructural de la política fiscal chilena: la falta de consensos de largo plazo. Sin una estrategia clara, el país se arriesga a enfrentar la próxima crisis económica con un endeudamiento que ya supera el 40% del PIB. ¿Qué haremos en la próxima crisis? La pregunta no es retórica. Sin ahorros fiscales, la próxima crisis encontrará a Chile en una posición precaria, el gobierno de turno podría verse obligado a recurrir al endeudamiento externo en condiciones desfavorables, aumentando gravemente el costo financiero para futuras generaciones. Esta posibilidad no sólo es económicamente riesgosa, sino también políticamente explosiva, dado el descontento social ante políticas de ajuste que inevitablemente acompañan escenarios de fragilidad fiscal (piénsese en Grecia en las últimas décadas, por ejemplo).
Reconstruir el FEES no será fácil ni políticamente popular, pero es necesario. La política fiscal debe reenfocarse en dos grandes objetivos: aumentar los ingresos fiscales permanentes, con medidas que incluyan reformas tributarias estructurales y un mayor crecimiento económico; y garantizar una mayor eficiencia del gasto público, eliminando programas ineficaces y reasignando recursos hacia áreas de alto impacto social.
La historia del FEES es la historia de un país que logró, durante años, construir un modelo fiscal que combinaba responsabilidad con resiliencia y crecimiento económico. El desafío actual es recuperar esa visión, entendiendo que el costo de la inacción será mucho mayor que el sacrificio necesario para recomponer el fondo. Dicho en simple, el mejor momento para reparar el techo es cuando no está lloviendo. El tiempo para actuar se agota.
Reconstruir el FEES no es sólo una cuestión de números; es una decisión sobre el futuro de Chile y su exposición innecesaria al riesgo que nos presentará la próxima crisis o terremoto. Si no enfrentamos esta realidad ahora, la próxima crisis será devastadora, no sólo financieramente, sino también en términos de confianza en nuestra capacidad como nación para planificar a largo plazo y de enfrentar nuestro futuro con resiliencia.
*Héctor Gárate, Msc. (c) Economía Aplicada, PUC y asistente de Investigación Fundación Para el Progreso (FPP)
*Pablo Paniagua, Investigador Senior FPP y Director del Magíster en Filosofía, Política y Economía, Faro UDD.
