Yo me pregunto cuánto nos cuesta un servidor público. No solo en términos de presupuesto, viáticos y asignaciones parlamentarias, sino en confianza ciudadana y legitimidad institucional. Porque una cosa es que el aparato público tenga un costo -natural y necesario-, y otra muy distinta es que nos cueste creer que quienes lo integran realmente sirven al público.
Durante años, se ha instalado una peligrosa confusión entre ocupar un cargo y ejercer una vocación. Hemos visto desfilar por el Congreso, ministerios y empresas del Estado a algunos -quiero creer que muchos- profesionales con sólidas credenciales, pero también a otros sin convicción de servicio ni responsabilidad ética. ¿Cuánto nos cuesta eso?
Nos cuesta oportunidades perdidas. Nos cuesta burocracia ineficiente. Nos cuesta desconfianza crónica. Y nos cuesta plata. Mucha.
Pero no se trata sólo de sueldos. Se trata del precio invisible de la mediocridad, de la falta de consecuencia, del acomodo partidista y del olvido del mandato esencial: representar y servir, no dominar ni administrar en favor de los propios.
Cuando Giorgio Jackson, exministro y estrecho colaborador del presidente Boric, hablaba de los “valores distintos” de su generación, lo hacía desde una genuina convicción moral. Pero el tiempo y los hechos -como el Caso Convenios y la opacidad en el manejo de fundaciones- han puesto en duda no sus intenciones, sino su coherencia. Y en política, la coherencia no es un lujo: es el mínimo ético.
Nota: parece que todo en la izquierda es “distinto”. Recordemos a la exministra Jeannette Jara, hoy precandidata presidencial, referirse a Cuba como un sistema “democrático distinto”.
La pregunta entonces se hace más incómoda: ¿Cuánto nos cuesta un servidor público que se cree moralmente superior? ¿Y cuánto nos cuesta descubrir que no lo era?
El problema en Chile no es el sueldo del funcionario público, sino la ausencia de estándares reales de evaluación, la falta de consecuencias cuando se falla -o simplemente se defrauda- y una cultura institucional débil en rendición de cuentas. Un verdadero servidor público no se define por lo que dice, sino por lo que deja: instituciones más robustas, decisiones más justas, vidas mejoradas.
Y sin embargo, nos siguen costando caro los que prometen más de lo que cumplen. Porque la desilusión es siempre más cara que la ineficiencia.
Un caso candente lo expone con crudeza. Según un informe de la Contraloría General de la República, entre 2023 y 2024 unos 25.000 funcionarios públicos salieron del país mientras estaban con licencia médica. Se emitieron 35.585 licencias, que permitieron 59.575 entradas o salidas de Chile. Las instituciones más afectadas: la Junji y la Fundación Integra, pilares en la educación inicial. Uno de los casos más graves involucró a un funcionario del sector salud que se auto emitió una licencia.
Estos no son simples errores administrativos. Son síntomas de un sistema que ha perdido el sentido de su misión. La percepción de que algunos utilizan el aparato público como botín, en lugar de plataforma de servicio, socava al Estado y profundiza la desconexión entre ciudadanos e instituciones.
A ello se suma un sistema de evaluación del desempeño que, como ha denunciado CIPER, es burocrático, improcedente y basado en criterios subjetivos. Esto impide distinguir entre quienes cumplen y quienes no. Así se perpetúan prácticas opacas, ineficientes y muchas veces impunes. El bono por desempeño es parte integral del sueldo que ganan. Entonces, ¿tenemos solo funcionarios sobresalientes? Me cuesta creerlo.
Chile necesita una reforma profunda del servicio público: que recupere la confianza, premie el mérito, sancione el abuso y devuelva la vocación a su lugar de origen. Porque el costo de un mal funcionario no se mide solo en pesos, sino en oportunidades perdidas y capital social erosionado.
Yo me pregunto cuánto más estamos dispuestos a pagar por discursos sin sustancia, por reformas que no llegan -o por leyes que no se aplican para todos por igual, como la Ley Karin en el caso Monsalve, las horas extras, o las huelgas que en el sistema público que son derechamente ilegales- y por convicciones que se evaporan al primer roce con el poder real.
Tal vez sea hora de exigir menos épica y más ética. Menos relato, y más resultados. Menos autocomplacencia, y más humildad.
Porque servir al país no debería ser un trampolín, ni un eslogan. Debería ser un honor pagado con responsabilidad, no con excusas.
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Excelente!
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