En Chile el acceso al crédito es una problemática que ya no podemos seguir abordando de manera fragmentada. Es una realidad que cruza desarrollo económico, bienestar social y, cada vez con más fuerza, la seguridad pública.
Los datos son claros y preocupantes. Según el Índice de Inclusión Financiera de Credicorp 2025, elaborado a través de Ipsos desde el año 2021 en ocho países latinoamericanos, un 65% de los chilenos declara no tener acceso a ningún producto de crédito, cifra que ha aumentado seis puntos en los últimos cinco años. Sólo un 27% tiene tarjeta de crédito, un 13% accede a créditos de consumo, un 7% ha obtenido un crédito hipotecario y apenas un 2% ha podido financiar un emprendimiento o negocio.
Por otro lado, Chile enfrenta hoy un fenómeno donde la falta de acceso al crédito formal está siendo aprovechada por organizaciones delictuales que ofrecen financiamiento rápido, sin requisitos, pero con costos humanos y sociales altísimos. Según el Informe de Endeudamiento 2025 de la CMF, la Encuesta Financiera de Hogares muestra que, aunque aumentó levemente a 6% la proporción de hogares con deuda informal, su monto mediano y su peso en la deuda total disminuyeron, mostrando una menor relevancia sistémica. Sin embargo, este tipo de financiamiento sigue siendo relevante en segmentos vulnerables y tiene riesgos, lo que se refleja en las más de 300 alertas emitidas por la CMF sobre créditos informales o fraudulentos y en las denuncias realizadas al Ministerio Público.
Este es un problema que ya superó el ámbito financiero y que ahora se convirtió en uno de seguridad nacional, donde redes criminales se están enriqueciendo a partir de la desesperación de personas que, aun estando bancarizadas y usando medios de pago digitales, no califican para productos de crédito formales. Gente que trabaja, emprende y consume, pero que no es considerada como sujeto de crédito por el sistema.
Aquí es donde la inclusión financiera se transforma en una política pública urgente. Cuando un sistema financiero no integra, sino que empuja fuera a millones de personas, otros actores —muchos de ellos violentos— ocupan ese espacio. En ese contexto, los neobancos son clave para el fortalecimiento de los pilares de seguridad y crecimiento gracias a su rol como habilitadores de crédito formal para quienes hoy no tienen acceso a este y se ven «obligados» a recurrir a alternativas informales.
Avanzar hacia una inclusión financiera real implica ir más allá del acceso a cuentas o tarjetas de prepago. Requiere una industria que se atreva a innovar, que use la tecnología para evaluar riesgos de forma más inteligente, que incorpore datos alternativos, finanzas abiertas y modelos personalizados que permitan ofrecer crédito formal, seguro y responsable a quienes hoy están excluidos.
Si todos los sectores políticos coinciden en que el crecimiento y la seguridad son prioridades para Chile, entonces la inclusión financiera debe ser parte central de esa conversación. Cada norma, cada regulación y cada política pública debería evaluarse también desde su impacto en la inclusión financiera.
Combatir el crédito informal no se logra sólo con fiscalización y sanciones. Se consigue, sobre todo, ampliando las alternativas formales, seguras y accesibles. Usando la tecnología a favor de las personas podemos construir una banca y una industria financiera más inclusiva y responsable.
Impulsar la inclusión financiera contribuye al desarrollo y la seguridad de Chile. Y mientras antes lo entendamos, antes podremos cerrar el espacio que hoy están ocupando quienes lucran con la exclusión y el miedo.