Chile tiene una relación incómoda con la palabra “pagar”. Nos gusta hablar de derechos, de acceso, de justicia social y de oportunidades (todas conversaciones legítimas y necesarias), pero nos cuesta bastante más hablar de la otra mitad del contrato: las obligaciones. Y lo que está ocurriendo hoy con el Crédito con Aval del Estado, CAE, no es sólo una discusión sobre educación superior. Es una discusión mucho más profunda sobre la cultura de cumplimiento en Chile.
Partamos por una verdad incómoda. El Estado no tiene recursos propios. Administra recursos de todos. Cada peso que gasta proviene de impuestos, deuda pública o reasignaciones presupuestarias. En el caso del impuesto a la renta, además, la carga está altamente concentrada; según información del SII citada públicamente, el 72,5% de los contribuyentes no paga impuesto a la renta y sólo el 27,5% sí lo hace. Ese grupo cumple cada año, muchas veces con dificultades de caja, postergando inversiones, endeudándose o ajustando sus presupuestos para responder frente al Fisco. Porque si no lo hace, las consecuencias son: multas, intereses, cobranza y otros procesos. El SII establece, por ejemplo, multas por atraso en impuestos sujetos a retención o recargo, que parten en 10% y pueden aumentar por mes de retraso; además, el atraso contempla intereses conforme al Código Tributario. Si lo anterior no fuera poco, empresa que no cumple con su obligación tributaria, con las obligaciones previsionales o con cualquier otra obligación sufre la condena pública. Y esa exposición y condena pública no nos sorprende, más bien la respaldamos porque no es correcto dejar de cumplir con las reglas del juego y el contrato social.
Entonces la pregunta es inevitable: ¿por qué a unos se les exige cumplir hasta el último peso y a otros se les instala la expectativa de que, eventualmente, el Estado les perdonará la deuda? No se trata de negar que el CAE tuvo problemas de diseño. Los tiene. Es un mecanismo imperfecto, con costos financieros, incentivos discutibles y efectos sociales que merecen revisión. Pero también fue un programa de financiamiento estatal con reglas, contratos y obligaciones.
Ese punto es clave. El CAE no fue ni es obligatorio. Es una opción dentro de un sistema que puede ser injusto, sí; caro, probablemente; perfectible, sin duda. Pero opción al fin. Quien lo tomó accedió a estudiar hoy con recursos que debía devolver mañana. Y si mañana no llegó, o si simplemente se decidió no pagar esperando una condonación, el problema deja de ser individual y se vuelve fiscal. La Tesorería General de la República informó que la deuda CAE alcanza $4 billones, que se multiplicó por ocho respecto de 2018, y que más de 550 mil personas mantienen deudas en mora.
Ahí aparece el bolsillo roto del Estado. Cuando una persona no paga su CAE y el Fisco actúa como aval, el Estado responde frente al banco y luego debe intentar recuperar esos recursos públicos. Cuando un contribuyente no paga sus impuestos, ocurre algo similar: se reduce la caja disponible para financiar seguridad, salud, educación, pensiones, infraestructura o programas sociales. Los impuestos, son aportes obligatorios para que el Estado cuente con recursos suficientes para satisfacer necesidades públicas. Si una parte no cumple, alguien más paga la cuenta. O, peor aún, algo deja de financiarse.
“Condonar” suena generoso, pero alguien siempre financia esa generosidad. Lo hace el contribuyente que sí pagó. Lo hace la familia que se endeudó responsablemente para poder pagar, el empresario que obtuvo un préstamo para pagar los impuestos en tiempo y forma. Lo hace quien egresó, pagó durante años y no esperó que una promesa política lo salvara. Lo hace también el estudiante que vendrá después y encontrará un Estado con menos holgura para financiar nuevas políticas públicas.
También hay que decirlo sin eufemismos: hubo personas que dejaron de pagar porque pensaron que venía un perdonazo. No todos, por cierto. Hay deudores con desempleo, bajos ingresos o situaciones complejas que requieren flexibilidad y trato justo. Pero también existen casos de personas con capacidad de pago que no se han acercado a regularizar su situación. La TGR ha identificado deudores con amplia capacidad de pago, patrimonio, inversiones y activos inmobiliarios que no han regularizado sus compromisos.
Al final, la pregunta no es sólo cuánto cuesta condonar. La pregunta es qué país construimos cuando premiamos al que no cumple y dejamos en silencio al que sí lo hizo. ¿Tienen algunos chilenos más derecho que otros a no pagar sus obligaciones? ¿Debe el Estado tratar mejor al que apostó por la mora que al que se sacrificó para cumplir? La respuesta debiera ser evidente.
Un Estado serio puede rediseñar malos programas, ajustar condiciones abusivas y proteger a quienes realmente no pueden pagar. Pero un Estado serio no puede vivir de perdonazos. Porque cada condonación sin responsabilidad abre otro agujero en ese bolsillo roto que, al final, deben financiar siempre los mismos.
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Es una pena que la columna tenga un problema técnico de fondo: confunde cumplimiento tributario, endeudamiento educacional, sostenibilidad fiscal y moralidad pública como si fueran dimensiones equivalentes. No lo son.
La frase “el Estado no tiene recursos propios” funciona como un lema, pero no como una descripción rigurosa del caso chileno; lo mismo ocurre con el uso retórico de la cifra del 72,5% que no paga impuesto a la renta, presentada como si fuera la única fuente de financiamiento. No se trata de cuántas personas pagan un impuesto específico, sino de cuál es la carga efectiva por decil, por fuente de ingreso y por tipo de impuesto. Ese desarrollo argumental importa, más aún, tratándose de una tributarista. Y, por último, daría para mucho más la analogía entre deuda tributaria y deuda CAE. Uno es un impuesto que nace de una obligación pública general; el CAE es un instrumento público-privado creado por el propio Estado para financiar educación superior en un mercado profundamente desigual. Por eso, analizar su morosidad sólo como falla moral del deudor es técnicamente pobre.