Durante la última década, el vehículo eléctrico (VE) se ha convertido en un emblema de la transición ecológica. Sin embargo, ante tanto entusiasmo, es necesario recordar que el VE no es una maravilla libre de costos ambientales. Al menos aún no. Aunque siempre es deseable avanzar hacia medios de transporte más limpios y amigables con la naturaleza, una política ambiental inteligente no debe enamorarse de una tecnología específica, sino preguntarse constantemente qué instrumentos reducen la contaminación con mayor efectividad y al menor costo social posible. Las respuestas a esas preguntas recaen en la innovación.
En Chile, la adopción del VE creció aceleradamente: de 840 unidades vendidas en 2020 a 11.300 en 2024, un alza de 1.245%. Y en lo que va de 2026, la adopción de VE ha crecido aún más rápido en respuesta a las rápidas alzas del precio del combustible debido a la guerra de Medio Oriente.
Parte importante del impulso en la adopción de VE en Chile proviene del Estado, que ha fomentado su compraventa mediante subsidios como el programa «Mi Taxi Eléctrico» —que cofinancia hasta $16 millones de pesos a taxistas que reemplacen su vehículo a combustión— y beneficios tributarios como depreciación instantánea y exención de pago del permiso de circulación. A esto se le agregan iniciativas estatales de «créditos verdes» con tasas preferenciales para compras supuestamente amigables con la naturaleza. Por su parte, el transporte público capitalino ya cuenta con una la flota de buses 62% eléctrica. Con todo, cabe preguntarse. ¿Existen estudios que comparen la totalidad de costos y beneficios sociales de estas políticas?
Lejos de hacer una evaluación sobre la eficiencia y eficacia del gasto estatal de esas políticas públicas específicas, lo importante es siempre tener en cuenta que el VE no es una solución climática maravillosa incapaz de contaminar. Es cierto que las emisiones de CO2 al momento de conducir el vehículo son prácticamente inexistentes y la contaminación acústica es reducida de forma importante. Sin embargo, un análisis más completo sobre los costos asociados agrega una dosis de realismo.
El VE promedio es más pesado que un vehículo a combustión, lo que implica mayor desgaste de neumáticos y pavimento, liberando algunas de las partículas más dañinas para el ser humano hacia el aire que respiramos. Además, ese mismo «sobrepeso» hace más fatales sus accidentes. El VE tampoco emite cero CO2 a lo largo de su vida útil, ya que la fabricación de sus baterías es intensiva en energía, minerales críticos y emisiones. Y dado que sus baterías todavía tienen duraciones muy limitadas, muchos usuarios aún prefieren vehículos a combustión para trayectos largos, reduciendo el beneficio ambiental efectivo del VE.
A esto se suma el precio. Los VE son significativamente más costosos que los vehículos a combustión, encareciendo tanto su adopción privada como su subsidio con recursos públicos. Como señala el académico y famoso climate realist, Bjorn Lomborg —quien pasó por Chile hace unas semanas para contarnos sobre un ambientalismo más inteligente— «los vehículos eléctricos solo dominarán el mercado cuando la innovación verdaderamente los haya mejorado y hecho más baratos».
Esa innovación, como explica el economista, Terry L. Anderson, en su ensayo «Ecologismo de mercado versus ecologismo socialista. Cómo lograr prosperidad cuidando la naturaleza», publicado recientemente en Chile, se maximiza cuando los derechos de propiedad están protegidos, generando los incentivos adecuados para que los emprendedores creen valor real.
El ambientalismo serio exige mirar todas las soluciones con ojo crítico, sin importar cuán populares sean. Más que enamorarse del VE, Chile debería construir instituciones capaces de hacer visibles los costos ambientales, premiando las soluciones más eficientes con derechos de propiedad claros, mercados libres y precios que comuniquen señales sin distorsión.