Con los avances del trabajo de la Comisión Experta y los últimos metros planos de la campaña para elegir a los consejeros, el nuevo proceso constitucional ya se encuentra en tierra derecha. En USEC valoramos los avances y que en esta oportunidad se haya tenido en consideración nuestra historia y cultura.

Aunque aún no sabemos cómo será el articulado definitivo, dentro de las propuestas presentadas por las subcomisiones y que ya están siendo discutidas en el pleno de la Comisión Experta, queríamos destacar la protección de la dignidad humana como “primer deber de la comunidad política” y límite de la soberanía (Cap.1 arts. 1 y 6); el mandato al Estado de “servir a las personas y a la sociedad”, así como “su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible (…)” (Cap.1 art. 2); y el deber del Estado de “promover la integración armónica y solidaria de sus habitantes y su participación en la vida nacional” y la “obligación fundamental del Estado y la comunidad política trabajar por la paz social” (Cap.1 art. 13).

La comprensión de estos principios es central para poder definir el marco valórico que debe tener el nuevo texto y que recoja nuestra cultura y tradición. El Pensamiento Social Cristiano, que ofrece una visión trascendente del orden social a todas las personas de buena voluntad, creyentes y no creyentes, comprende la dignidad humana como un valor especial del hombre, poniéndolo “en el centro y en la cumbre de la creación” (CDSI, 108) y al bien común como “el bien de ese ‘todos nosotros’, formado por individuos, familias y grupos intermedios que se unen en comunidad social”, dentro de la que el Estado debe impulsar el “conjunto de condiciones sociales” que favorecen el “desarrollo expedito y pleno” de la perfección personal y social (Caritas in Veritate, 7; Mater et Magistra, 65).

No obstante, la Constitución por sí misma, no basta para garantizar el desarrollo de una sociedad más justa y próspera. En el servicio de la transformación social positiva que nuestro país anhela es necesaria la colaboración de todos los actores de la sociedad, que requiere primero la transformación personal de cada uno de nosotros, que nos mueva a salir de sí mismos y buscar ese bien de todos y cada uno, que llamamos bien común teniendo siempre presente la dignidad propia y la del otro.

En este mismo sentido, es fundamental la participación activa de la empresa en el tejido social, siempre propendiendo a la producción de bienes y servicios que realmente sirvan, la generación de trabajo de calidad, que fomente el florecimiento y crecimiento integral de sus colaboradores y familias, la generación de riqueza bien habida, que se distribuya de modo justo entre los públicos interesados y con total cuidado del medioambiente.

Llegar al plebiscito de salida con un país mayoritariamente unido en torno a una propuesta de Constitución que dé garantías de paz, solidaridad y prosperidad requiere que todos pongamos de nuestra parte.

Hay razones para ser optimistas ante el trabajo de expertos y consejeros, y la propuesta en elaboración nos muestra una especial preocupación por la dignidad de la persona humana y la búsqueda del bien común, fundamentales para la construcción de un tejido social sano y cohesionado. Pongamos todo de nuestra parte, para que este proceso mantenga esta tendencia, podamos despejar incertidumbres y generar las condiciones de desarrollo integral y sostenible que Chile puede y merece.

Francisco Jiménez Presidente USEC, Unión Social de Empresarios, Ejecutivos y Emprendedores Cristianos

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