Mientras conocemos casos de mal uso de recursos públicos, cuestionables moralmente, de dudosa utilidad y que dejan en entredicho las prioridades del Gobierno, el país vive su más grave crisis de seguridad pública, una economía que no levanta luego de un año recesivo y con una grave crisis social provocada por uno de los incendios más letales de nuestra historia.
En este escenario casos como las pensiones de gracia a condenados por la Justicia, fraudes en fundaciones y el reciente anuncio de la aprobación para la adquisición de autos de alta gama por parte de los ilustrísimos del Poder Judicial –que finalmente, y luego de la presión ciudadana, se deja sin efecto–, sin duda alguna invitan a reflexionar y preguntarse ¿dónde está la real prioridad en el uso de los recursos de todos los chilenos? ¿Se utilizan eficientemente? ¿Realmente se requieren más impuestos?
Resulta claro que mientras el país vive un periodo de vacas flacas lo lógico sería que todos los sectores de la economía, incluyendo el sector público, se apretaran el cinturón. Y si de ajuste se trata, debe señalarse que las familias fueron sometidas a una altísima inflación y tasas de interés que redujeron su consumo.
Sin embargo, no hemos visto el mismo afán en el sector público por ajustarse a la nueva realidad. En efecto, a nivel público el gasto corriente creció por sobre el gasto de capital y las contrataciones de empleados se dispararon a más de 90.000 nuevos puestos, cuando la economía mantiene tasas de desempleo cercanas al 10% y un débil crecimiento económico, que comenzó a ser prioridad para Hacienda solo hace muy poco.
Ahora bien, con una economía recesiva o no, el derroche y descontrol en el uso de recursos públicos es un escándalo que ofende la dignidad del trabajo público y el compromiso ético que subyace a su labor de servicio a la sociedad. Es sencillamente una bofetada al ciudadano que contribuye con sus impuestos al erario fiscal y a los miles de chilenos a quienes les cuesta llegar a fin de mes en su presupuesto familiar.
Debemos concordar que el correcto uso de los fondos fiscales debe ser uno de los pilares de nuestro sistema democrático generando confianza en la ciudadanía. Cualquier uso que se desvíe de principios de austeridad y eficiencia debilita dicha confianza y debe generar una luz de alerta para reforzar los controles y ajustar las políticas de asignación con duras sanciones para quienes las transgredan.
Desde esta perspectiva es una luz de esperanza que los miembros de la Corte Suprema decidieran no seguir adelante con la compra de 22 autos de alta gama por la suma de $1.200 millones de pesos. Es una acción que sin duda se debe replicar en otras entidades públicas, los errores deben ser una importante oportunidad de aprendizaje para un país que requiere recobrar la confianza en la gestión pública.
A su vez, debemos valorar el control ciudadano de la gestión de fondos públicos, que en este caso particular permitió entrar en razón al Poder Judicial que, finalmente, desiste de la compra de los vehículos de alta gama, mostrando que los ciudadanos tienen mucho que decir a la hora de exigir un Estado que utilice correctamente los recursos públicos.
Por otra parte, debemos destacar que, en términos de prioridad del gasto público, la ciudadanía ha sido clara en establecer cuáles son sus dolores. En primer lugar, seguridad pública; segundo, pensiones y educación primaria de calidad. Así pues, resulta claro, porque sin seguridad y educación cualquier deseo de avanzar como país se ve truncado.
No obstante, llama poderosamente la atención que la educación no sea prioridad en el pacto fiscal. Es más, no tiene recursos adicionales asignados cuando tenemos uno de los peores desempeños de la OCDE en calidad de educativa.
Pues bien, Hacienda aboga por un pacto fiscal para recaudar nuevos recursos que solventen el gasto social, argumentando que la principal fuente para financiar el gasto público debiera ser una mayor recaudación de impuestos. Sin embargo, al mismo tiempo, se deja abierta la puerta para un gasto que crece y crece sin contrapesos, y en casos como el de las fundaciones, las pensiones de gracias a condenados por la Justicia o la aprobación inicial para la adquisición de autos de alta gama con fondos públicos, raya en un potencial derroche descarado de recursos sin control a nivel central. Tal despilfarro deja serias dudas de cuáles son las reales prioridades del país en materia de gasto fiscal y su eficiencia.
Es por eso que el ahorro de 0.13 puntos del PIB en gasto público propuesto en el informe de la OCDE, en el marco del pacto fiscal, queda absolutamente corto y resulta casi irrisorio para el nivel de ajuste que requiere el país, ya que se enfocó en ciertas áreas sin tocar significativamente el empleo público, que es donde debe generarse la gran modernización del Estado.
Finalmente, con la seguidilla de casos de despilfarro de recursos fiscales que hemos observado el último tiempo, queda muy claro que existe un espacio muy importante para recortar el gasto ineficiente; lo que falta es voluntad de Hacienda, acción y no palabras.
Se requiere un esfuerzo decidido y equivalente del sector público al nivel de lo que se espera del sector privado; un pacto fiscal es un acuerdo entre las partes de la sociedad en que todos deben contribuir con su esfuerzo equitativamente. Dentro de este marco fijar claramente las prioridades de uso de recursos públicos debe ser un imperativo para avanzar hacia un financiamiento sostenible de las verdaderas necesidades sociales del país.
*Juan Alberto Pizarro – Presidente Comisión Tributaria – Colegio de Contadores de Chile
No me cabe duda que recortar gasto público debe ser más que un buen propósito un esfuerzo sostenido en el tiempo pero, parece misión imposible. No hay experto extranjero que lo recomiende pero parece chocar con nuestra idiosincracia. En todo caso los de los autos ha servido para confirmar la ubicación del poder judicial ubicado regularmente al final de las encuestas, compitiendo con el mal gobierno y un parlamento de los peores en mucho tiempo.