Entre las luces de la COP 28 en Dubái (2023) y la humedad de la reciente conferencia en Belém (2025), ha ocurrido un cambio: la seguridad hídrica dejó de ser un actor de reparto para reclamar un papel protagónico. Sin embargo, este ascenso revela una paradoja peligrosa: mientras el consenso sobre su importancia es absoluto, la capacidad política para gestionarla sigue atrapada en trincheras ideológicas.
El recorrido desde la COP28 hasta la COP30 en Brasil muestra avances, pero también retrocesos. En Dubái, el agua fue un tema muy importante, pero que fue eclipsado por la batalla sobre los combustibles fósiles; una presencia necesaria pero difusa, vinculada a la seguridad alimentaria, pero sin compromisos vinculantes. Un año después, en Bakú (COP29), se dio un paso adelante al reconocer la crisis hídrica global y abrir la discusión sobre el financiamiento para la resiliencia, aunque todavía sin metas cuantificables.
En la COP30 la seguridad hídrica se consolida como eje central del Global Goal on Adaptation, con indicadores de resiliencia y seguridad hídrica directamente vinculados al ODS 6. El borrador de la carta final en Belém propone situar la adaptación al mismo nivel político y financiero que la mitigación, en línea con el ODS 13, y plantea la necesidad de infraestructura resiliente (ODS 9), sistemas alimentarios sostenibles (ODS 2) y comunidades capaces de enfrentar riesgos climáticos (ODS 11).
No obstante, aquí radica el retroceso: mientras se debaten métricas técnicas, las negociaciones reales están estancadas por bloqueos políticos e intereses cruzados. En la COP30 existía el riesgo de que la crisis hídrica fuese instrumentalizada como recurso de negociación política o como bandera ideológica. Sin embargo, el marco de los ODS y del Global Goal on Adaptation enfatiza que el agua debe gestionarse como un bien común, con indicadores de resiliencia y seguridad hídrica que aseguren su uso sostenible y productivo, evitando narrativas que bloqueen el desarrollo.
La verdadera sostenibilidad hídrica no se logrará restringiendo el desarrollo, sino gestionando el recurso con una visión de equilibrio. El cuidado del agua debe cumplir una triple función simultánea: garantizar el consumo humano, reservar para la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas y permitir el desarrollo productivo.
La dicotomía entre «cuidar el agua» en contraposición a «usarla para producir» es un falso dilema que paraliza la necesaria inversión en acumulación y regulación, desarrollo de nuevas fuentes, conducción, eficiencia en el uso, etc. La experiencia internacional demuestra que la adaptación efectiva al cambio climático requiere infraestructura, tecnología y capital, no sólo discursos. Mientras las negociaciones globales avanzan con lentitud, la acción nacional se acelera: Uganda ya integra indicadores hídricos vinculados al ODS 6 en sus planes de desarrollo, y Burundi prioriza inversiones en saneamiento resiliente como parte de sus compromisos estratégicos. Ambos países muestran en la COP30 que la adaptación climática es una urgencia cotidiana que trasciende los tiempos de la diplomacia.
Para Chile, la lección de Belém es clara. La discusión sobre indicadores globales de resiliencia —como el acceso seguro y la gestión sostenible de cuencas— es vital, pero solo si se traduce en políticas públicas que fomenten la eficiencia, la certeza jurídica y la inversión en infraestructura. Para lograr esto, el diálogo tiene que ser franco y abierto, evitando las visiones sesgadas que privilegian sólo uno de los tres elementos de la sostenibilidad.
La COP30 marca un punto de inflexión irreversible sobre la centralidad del agua. La pregunta ya no es si debemos actuar, sino cómo acelerar la implementación de soluciones. La respuesta no está en el activismo que bloquea, sino en la ingeniería que habilita y la gestión técnica que administra. Si queremos resiliencia hídrica real, debemos entender que el agua es, al mismo tiempo, un derecho humano, un ecosistema y un motor de desarrollo.
