La Asociación de Desalinización y Reúso de Agua (Acades) señaló que el 85% del agua que producen las 24 desaladoras de tamaño industrial se destinan a la minería y que en la próxima década deberán duplicar su capacidad para abastecer la demanda proyectada.
Actualmente hay 34 proyectos en distintas etapas de desarrollo, de los cuales 11 están relacionados con este sector.
El problema para que efectivamente se puedan satisfacer estas necesidades nuevamente es la permisología. Desde Acades afirman que los proyectos tardan en promedio de seis a ocho años e incluso hasta 10 años, mientras otros países lo pueden en sólo dos años. El Proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (Boletín N° 16.566-3) debería ser un avance. En cambio, sería justo lo contrario al aumentar la complejidad y los plazos para el desarrollo de proyectos de plantas de desalación. Además, en la asociación plantean que introduce mucha discrecionalidad en la Dirección General de Aguas (DGA).
Sin duda, la discrecionalidad es una complejidad adicional cuando la experiencia indica que hay factores políticos e ideológicos que, entre un gobierno y otro, pueden borrar de un plumazo decisiones técnicas correctas
La tramitación ambiental de proyectos de inversión se está demorando demasiado. De acuerdo con los datos del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), en promedio, un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) se aprueba en 1.433 días (2023), cifra que es bastante mayor a los 941 del 2019. Además, hay 12 proyectos de una inversión de más de USD 7.200 millones con más de cuatro años de trámite del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
En otro ámbito, la consultora inmobiliaria Colliers indica que en estos momentos el país cuenta con 33 data centers, con una capacidad instalada de 228 MW que se podría duplicar una vez que entren en operaciones los 34 centros, también en distintas fases de desarrollo.
Desde el gremio Chile Data Centers han comentado que la demora de los procesos administrativos retrasa los proyectos y hace que el país sea menos interesante para invertir en infraestructura digital.
En el caso de los data centers, la Ley Marco reduciría entre un 30 y 70% los tiempos que no son parte del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), con lo cual estos permisos seguirán siendo un obstáculo.
Se necesitan criterios objetivos de evaluación que eviten cualquier discrecionalidad y la modernización del SEIA permitiría dar viabilidad y plazos acotados y concretos.
¿Será cierto que se reducirán los plazos por el solo hecho que lo determine una ley? La respuesta es incierta en el mejor de los escenarios, si consideramos que hoy en día los tiempos estipulados por la normativa no se cumplen.
En Magallanes, el desarrollo del hidrógeno verde también podría sucumbir bajo el influjo de la permisología. Hace pocas semanas, la embajadora de la Unión Europea en Chile, Claudia Gintersdorfer, planteó que interesa apoyar la industria del hidrógeno verde, pero alertó que los plazos de las evaluaciones ambientales siguen siendo largos. La UE implementó la Global Gateway. Convendría analizar esta estrategia de inversión que impulsa un desarrollo sostenible que beneficie a las comunidades locales y al medio ambiente.
¿En qué va el proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales? Ingresó a la Cámara de Diputados el 15 de enero de 2024 y recién en octubre inició su segundo trámite constitucional en la Comisión de Economía del Senado, que se retomará en marzo.
Es de esperar que la nueva normativa, que urge para reactivar las inversiones, de verdad reduzca los tiempos de tramitación y la falta de certeza jurídica, de proporcionalidad en el régimen de autorizaciones sectoriales y de información, mencionados al ingresar el proyecto.
Por el momento, a muchos proyectos sólo les queda esperar. Es el caso de la Línea de Transmisión Eléctrica Cardones-Polpaico, una inversión de US $1.000 millones que ya entró en operaciones, que aguarda el término de su tramitación ambiental. Actualmente, debe someterse a un nuevo proceso de participación ciudadana después que, en marzo pasado, la Tercera Sala de la Corte Suprema (Causa rol N° 61.601-2023) invalidó la RCA N° 1.608 de 2015.
