De infecciones y curas: cuando el remedio es el Estado de Emergencia

Hace unas semanas estuve frente a algo que no admite teorías: la posibilidad real de perder a alguien. Una infección interna mantuvo a un ser querido más de 21 días en la UCI. No fue una enfermedad “ordenada”. Fue una batalla. Una bacteria resistente, obstinada, que no respondía a los medicamentos ni a los tratamientos.

No bastaba con esperar. Hubo que intervenir. Abrir, limpiar, volver a intentar. Cada procedimiento con riesgo. Cada decisión con vértigo. Médicos haciendo exactamente aquello para lo que se prepararon… no sin miedo. Porque cuando se juega la vida, el protocolo no anestesia la incertidumbre.

El resultado fue el que uno espera, pero nunca da por seguro: sobrevivió. En algunas semanas volvió a caminar, a reír, a proyectarse. Volvió a vivir.

Y justo en paralelo, porque la realidad tiene ese mal gusto de cruzar planos, cayó en mis manos el informe de violencia de La Araucanía, mientras escuchaba al Ministro de Defensa hablar de “desescalar” el Estado de Emergencia en la Macrozona Sur. El informe notificaba 112 atentados en 24 meses, un atentado por semana. Aún activas siete orgánicas terroristas, cuatro años después de implementado el Estado de Emergencia.

Entonces la pregunta se volvió inevitable, casi brutal en su simpleza:

¿Está realmente controlada la infección en la Macrozona Sur?

¿Estamos en condiciones de dar de alta a La Araucanía y Biobío?

La comparación puede incomodar, pero es útil, a modo de diagnósticos similares. En España y en Colombia enfrentaron conflictos parecidos, procesos largos, dolorosos y políticamente costosos: la ETA y las FARC. Dos formas distintas de tratar una enfermedad compleja.

Colombia optó por un acuerdo. Un cierre institucional que permitió desmovilizar a miles de combatientes y reducir drásticamente la violencia. Pero no fue un alta limpia. Persisten disidencias, redes criminales, territorios capturados. El paciente mejoró, sí, pero sigue la enfermedad sigue presente y en observación.

España eligió otro camino. No negoció estructuralmente con ETA. Apostó por el desgaste, la presión judicial, la cooperación internacional y -no sin zonas grises- una estrategia sostenida de debilitamiento. Primero se derrota, luego se reintegra parcialmente. El resultado: una disolución sin ambigüedades. Un cierre que, aunque tardío, fue definitivo.

Dos modelos. Ninguno perfecto. Pero ambos comparten algo esencial: no se confundió una mejora con la cura.

Ahí es donde la discusión en Chile se vuelve incómoda. Porque hablar de “desescalar” aún con violencia activa no suena a estrategia, suena a agotamiento. Y el hastío, en medicina y en política, conducen a tomar malas decisiones.

Una infección no se trata por percepción, sino por evidencia. No se levanta el tratamiento porque el paciente “se ve mejor”, sino cuando el agente que lo enfermó ya no está presente o a lo menos, pierde completamente su capacidad de hacer daño.

Lo que sigue tiene efectos, su nombre: recaída.

Y las recaídas suelen ser más agresivas, más difíciles de tratar y más caras, en todos los sentidos, para el sistema completo.

Si algo enseñan estas experiencias es que los conflictos de este tipo no se resuelven con ciclos políticos cortos ni con gestos comunicacionales. Requieren de toda la fuerza del Estado (y de sus instituciones), además de continuidad, coherencia y una decisión difícil pero necesaria: sostener el tratamiento hasta el final, incluso cuando el país enfrenta otras patologías.

Porque esto no se trata sólo de un problema de seguridad, es sistémico e involucra diferentes órganos del cuerpo. Y los problemas sistémicos no se administran: se resuelven o se expanden.

La pregunta, entonces, no es si queremos desescalar. La pregunta es si estamos dispuestos a asumir el costo de hacerlo mal.

Porque en medicina -y en política- hay decisiones que no matan de inmediato; pero cuando quienes deben cuidar abdican, el remedio se vuelve tierra de nadie. Y quien sufre termina arreglándoselas como puede.