El 2 de junio de 2026, el Servicio de Impuestos Internos publicó la Resolución Exenta N°69, que habilita mecanismos para que plataformas de apuestas online —incluso aquellas sin domicilio ni residencia en Chile— puedan cumplir obligaciones tributarias en el país.
Conviene ser precisos: no es una ley aprobada por el Congreso, no regula integralmente la industria y no resuelve su estatus legal. Es, estrictamente, una decisión administrativa en materia tributaria.
Pero marca un giro.
En apenas tres años el debate pasó de preguntarse si estas plataformas podían siquiera ser consideradas actividades lícitas para efectos tributarios, a discutir cómo integrarlas al sistema impositivo chileno. Ambos bandos leen algo cierto en este movimiento. Y ambos, otra vez, están mirando hacia otro lado.
Las plataformas de apuestas no son la versión digital del casino tradicional. Son empresas tecnológicas sofisticadas —con ingenieros, psicólogos conductuales y algoritmos de personalización— cuyo negocio no es el juego en sí, sino la recurrencia: que un adolescente de 16 años vuelva a apostar mañana, pasado y todos los días que siguen.
No compiten por tu tiempo. Compiten por tus impulsos.
Ahí está la diferencia clave con las redes sociales, y casi nadie la formula con claridad: TikTok quiere que sigas scrolleando. Las apuestas online quieren tu dinero. Cada notificación, cada cuota “mejorada”, cada bono de bienvenida responde a la misma lógica que hizo adictivos a los tragamonedas, pero amplificada con datos en tiempo real y entregada directamente al bolsillo de millones de personas.
Y los jóvenes no son daño colateral. Son el objetivo.
Los datos ya muestran la magnitud del fenómeno: distintos estudios señalan que entre un 14% y un 26% de los jóvenes en Chile ha apostado online en el último año, con una edad promedio de inicio en torno a los 15 años y medio. Es decir, están entrando a este circuito incluso antes de terminar el colegio. La exposición tampoco es marginal: una amplia mayoría declara haber visto a otros jugar o haber estado expuesta a estas plataformas.
Esto no es un problema de autocontrol individual. Es una arquitectura diseñada para capturar a personas que aún no terminan de formarse.
El debate, sin embargo, se ha estrechado a lo tributario. Y ahí está la miopía.
Toda economía que aspira a crecer necesita capital humano: personas que estudien, desarrollen habilidades, innoven y creen valor. Las horas invertidas en aprender son inversión productiva, tanto para el individuo como para el país.
Las apuestas operan en sentido contrario. Prometen ganancia sin esfuerzo, retorno sin creación, emoción sin aprendizaje. A nivel individual puede parecer una elección. A nivel agregado, cuando esa lógica se normaliza entre millones de jóvenes, estamos frente a un problema de desarrollo que ningún impuesto va a corregir.
Otros países ya entendieron que el problema no se agota en “que paguen impuestos”. Colombia, por ejemplo, creó una entidad específica que licencia y fiscaliza las plataformas online, con exigencias de control de acceso de menores y un esquema tributario que grava también ciertos premios. En el Reino Unido, la autoridad ha endurecido las reglas, obliga a monitorear patrones de riesgo, restringe bonos para jugadores vulnerables y sanciona la publicidad engañosa. Son marcos que combinan recaudación, protección al usuario y límites claros al modelo de negocio.
La solución no es prohibir. La experiencia internacional muestra que eso sólo empuja la actividad a la clandestinidad, donde desaparecen los controles.
Pero tampoco basta con formalizar y cobrar impuestos.
Lo que falta —y lo que incomoda discutir— es una regulación con dientes: protección efectiva de menores, no meras declaraciones; límites reales a la publicidad dirigida, no autorregulación simbólica; transparencia en los algoritmos que definen la exposición y el riesgo; restricciones a los mecanismos de recompensa variable; y educación financiera temprana, antes de que apostar se vuelva más natural que ahorrar.
La Resolución N°69 seguirá su curso en tribunales y en el Congreso. Pero el riesgo de fondo no está ahí.
Está en que, mientras Chile discute cómo tributan, una industria diseñada para explotar sesgos conductuales lleva años instalándose, sin mayor resistencia, en los teléfonos de los jóvenes.
Cuando una sociedad normaliza que sus adolescentes —que empiezan a apostar a los 15 años— sean el mercado objetivo de ese modelo de negocios, el problema dejó de ser tributario hace tiempo.
Es cultural. Es educativo. Y, si no se enfrenta ahora, será económico de una forma mucho más difícil de revertir que cualquier resolución exenta.
Muy de acuerdo, efectivamente debe normarse y regular su actuación, protegiendo a los jóvenes y personas con carencias susceptibles de ser explotadas. PERO, así y todo deben pagar impuestos, como toda actividad comercial.