El escenario común
Escribo estas líneas desde el teatro, no como gesto ornamental, sino como convicción cívica. El teatro nace en Grecia junto con la democracia porque ambos comparten un gesto fundacional: poner en escena los conflictos de la comunidad para que ésta se piense a sí misma y efectúe mejoras de convivencia. Recordemos que la “polis” asistía a la tragedia no sólo para emocionarse, sino para deliberar simbólicamente sobre justicia, poder y destino.
Por eso, cuando hablamos de política cultural, no discutimos únicamente presupuestos o concursos; discutimos -nada más y nada menos- la manera en que el Estado monta el escenario común donde la sociedad se mira, se reconoce y se proyecta. En términos teatrales, el Ministerio no administra sólo recursos, sino que también intenta organizar la representación simbólica de la nación.
Libertad no es financiamiento obligado
El reciente y polémico debate en torno al financiamiento estatal del festival “Excéntrico”, asociado a cine pornográfico, reabrió una pregunta incómoda pero necesaria: ¿qué entiende el Estado chileno por cultura pública cuando asigna recursos escasos en nombre de todos?
En una democracia liberal, la libertad creativa es irrenunciable, no debemos olvidarlo. Ello implica que el Estado no debe censurar. Sin embargo -y aquí conviene afinar la distinción- una cosa es no prohibir y otra muy distinta es financiar. En teatro lo sabemos bien: que una obra pueda representarse no implica que deba ser programada en el teatro nacional con fondos públicos. La programación siempre supone un criterio, y todo criterio -hay que recordarlo- expresa prioridades.
Así, el Ministerio no es un notario neutral de expresiones artísticas. Al seleccionar proyectos, fija énfasis y define simbólicamente qué voces ocupan el escenario que administra. Por lo mismo, ello exige explicación y rigurosa rendición de cuentas a la comunidad.
Cuando el procedimiento no basta
El lector debe saber que el acuñado modelo de fondos concursables ha intentado proteger la autonomía creativa evitando la discrecionalidad directa. Con todo, ello ha generado un efecto lateral: cada proyecto polémico se transforma en un juicio público sobre el criterio del Estado como portador de los apoyos entregados. Eso, en ocasiones, implica ruido y como sabemos éste puede dañar.
Cuando los mecanismos de evaluación no son suficientemente claros o carecen de explicación razonable, la sospecha se instala. Y si a ello se suman -tal como ha ocurrido en algunas oportunidades- observaciones administrativas, rendiciones deficientes, el problema deja de ser estético para volverse institucional. Ello -por cierto- demanda hacerse cargo.
En términos teatrales, es como si el público comenzara a desconfiar no del texto a representar, sino de la transparencia del casting y la idoneidad de los intérpretes. Puede que el texto dramático sea sólido, pero si el proceso de selección parece opaco y las competencias interpretativas y de montaje escasean, la legitimidad de la puesta en escena se resiente.
La cultura no posee un estatuto administrativo excepcional. La posible excelencia artística no compensa fragilidades contables, ni administrativas. En una escena pública, como la nuestra, marcada por la creciente desconfianza, cada error procedimental amplifica el ruido y debilita la credibilidad del conjunto. En términos de marketing, se afecta la marca.
Una institucionalidad en aprendizaje
Ahora bien, nuestro Ministerio de las Culturas es una institucionalidad joven. Se encuentra aún en proceso de consolidación. Por ello, más que clausurar el debate con trincheras político-morales o reprimendas que no dejen lugar al aprendizaje, conviene abrir preguntas que permitan su maduración.
¿Son hoy suficientemente transparentes y comprensibles los procesos de evaluación?
¿Puede cualquier ciudadano reconstruir la trazabilidad de una adjudicación sin necesidad de iniciarse en la jerga técnica?
¿Existen capacidades homogéneas en regiones para ejecutar y fiscalizar recursos con el mismo estándar?
¿Los programas masivos cuentan con sistemas de control acordes a su escala?
¿Se explicitan con claridad las prioridades estratégicas que orientan el gasto cultural?
Planteadas de este modo, estas preguntas no buscan debilitar la autonomía artística y la gestión cultural y patrimonial agenciada por la repartición. Por el contrario, buscan fortalecer su sostén institucional, el que como sabemos costó mucho lograr. La transparencia no es desconfianza: es necesaria pedagogía pública. La capacitación territorial no es burocracia añadida: es prevención. La definición de prioridades que dialoguen respetuosa y armónicamente con la valoración poblacional es un llamado a la coherencia y el sentido común.
Cultura arraigada y legitimidad democrática
Sin embargo, existe una dimensión más profunda que merece especial atención en los tiempos que corren. Toda política cultural con aspiración de seriedad declara misión, visión y propósito. Aunque a algunos incomode cabe preguntarse: ¿cómo dialogan esas declaraciones con la cultura nacional arraigada, con los valores, tradiciones y símbolos que efectivamente interpretan y movilizan a la mayoría social?
Cuando la acción pública se percibe como excesivamente alineada con agendas identitarias minoritarias o con activismos de nicho, se instala la sensación de que el escenario ha sido capturado por un elenco que no conversa con la platea. No se trata de excluir la diversidad -que es constitutiva de la cultura- sino de evitar que la política pública se confunda con militancia identitaria-político-estética. Lo dicho requiere prudente y humilde reflexión por parte de los actores de este ecosistema. En definitiva, hay que saber a quién se sirve. Ello nos recuerda que la honestidad es un valor que no se debe tranzar.
En teatro sabemos que una obra experimental puede enriquecer el repertorio. Pero si toda la cartelera abandona los códigos compartidos por el público mayoritario, la institución pierde su capacidad de convocar comunidad. La tensión no es entre tradición y modernidad, sino entre diálogo efectivo y galopante desconexión.
Escucha y conversación democrática
De ahí que la cuestión central no sea moralizar la creación ni replegarse hacia una homogeneidad ficticia. La cuestión es escuchar. ¿Está el Ministerio generando instancias reales de diálogo con públicos diversos? ¿Existe capacidad efectiva de ajustar procedimientos y prioridades a partir de la crítica social, sin descalificarla como mero conservadurismo o como reacción ideológica?
La cultura democrática, salvo que esta sea “especial”, no consiste en imponer gustos desde una élite ilustrada o auto proclamada progresista, ni en seguir acríticamente la opinión mayoritaria. Consiste, más bien, en sostener una conversación continua y eficiente sobre lo que somos y lo que aspiramos ser y proyectar. Eso se construye estableciendo vínculos y sinergias, no destruyendo las confianzas, ni imponiendo voluntarismos.
En términos teatrales, no hay escena sin público. Y no hay legitimidad si la platea siente que la obra le es ajena o que le habla desde una superioridad moral distante. El escenario vacío de confianza es, finalmente, un monólogo egótico y narcisista. De eso, al parecer, la ciudadanía está cansada.
Modernizar sin ideologizar
Ahora bien, las nuevas autoridades que asumen este importante desafío tienen ante sí una oportunidad significativa: consolidar una institucionalidad joven aprendiendo de sus errores, fortaleciendo sus procedimientos y afinando su escucha. Es decir: Modernizar sin moralizar; transparentar sin burocratizar; priorizar sin ideologizar.
La libertad creativa y la responsabilidad pública no se oponen; al contrario, se exigen mutuamente. Porque en democracia -como en el teatro- lo que está en juego no es sólo la obra financiada, sino la posibilidad de que la comunidad se reconozca en el escenario común que en este caso llamamos Estado.
Me parece de una objetividad y una honestidad notable.