Durante la discusión pública respecto al financiamiento de la educación superior, se ha aludido frecuentemente a la salud financiera de las universidades. Esto ha ocurrido especialmente respecto al proyecto de ley que establece el FES y condona el CAE. La propuesta busca reemplazar las becas y créditos de educación superior por un impuesto a los graduados, que viene aparejado de una prohibición del copago para el 90% de menores ingresos de la población. Esta prohibición -y la supresión de instrumentos alternativos de financiamiento fiscal- disminuirá los ingresos de las universidades.
El subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, ha afirmado que la salud financiera del sistema de educación superior “ha tendido a estabilizarse” y que “aumentó” con la política de gratuidad. A partir de ello, entonces, habría espacio para eliminar el copago y otras fuentes de ingresos de las universidades. Éstas podrían soportar dicho ajuste que, en efecto, se propone en el proyecto de ley del Gobierno.
En Acción Educar realizamos un estudio que muestra una realidad radicalmente distinta. Utilizando datos públicos, es posible observar que la salud financiera de las universidades chilenas, en efecto, ha empeorado sostenidamente durante la última década; y que esto ha ocurrido notablemente en las instituciones adscritas a la política de gratuidad. Los ingresos reales que reciben por cada uno de sus matriculados han caído casi todos los años desde el 2016, obligando a un ajuste a la baja en sus gastos.
Cuando comenzó la política de gratuidad, los ingresos reales por matriculado de ambos grupos (las universidades que ingresaron a la política y aquellas que no lo hicieron, pero eran elegibles) eran prácticamente iguales. Al año 2023, las universidades que nunca ingresaron tienen ingresos que son un 71,8% mayores a los de las gratuitas: responden a un aumento sostenido en los costos, que en las instituciones adscritas debió ser absorbido con ajustes de distintos tipos (disminuciones de planta o de programas) o se ha manifestado en crisis financieras.
Las universidades que no entraron a la política mejoraron su acreditación institucional durante el período en mayor magnitud de años que las adscritas: 0,8 años, en promedio, contra 0,5. También presentaron un ritmo más rápido de crecimiento de su productividad científica.
En suma, la salud financiera de las universidades del sistema ha empeorado y el rol de la gratuidad parece haber sido determinante en dicha decadencia. Frente a estos datos, parece pensamiento mágico afirmar que hay espacio para una reforma que disminuirá los ingresos de las instituciones y las sujetará aún más al arbitrio del Fisco, como se propone con el FES.
Extender la regulación de precios y vacantes de la gratuidad sería sumamente dañino, pero incluso mantener las limitaciones que actualmente están vigentes en la Ley 21.091 no será suficiente. La política de gratuidad debe ser evaluada.
