Chile lleva más de una década atrapado entre bajo crecimiento económico, inversión insuficiente, empleo formal estancado, creciente inseguridad ciudadana y un deterioro de los servicios públicos. Mientras tanto, el debate sigue dividido entre quienes creen que basta redistribuir recursos y quienes sostienen que el crecimiento económico resolverá por sí solo los problemas sociales. Ambas visiones son incompletas.
La experiencia internacional muestra que ningún país ha reducido sostenidamente la pobreza, mejorado los salarios o financiado buenos sistemas de salud y educación sin una economía dinámica capaz de generar riqueza. Pero también demuestra que el crecimiento, por sí solo, no garantiza oportunidades para todos. El desafío consiste en transformar el crecimiento en bienestar compartido.
Chile necesita un gran acuerdo nacional que compatibilice crecimiento, empleo formal y equidad social. Un acuerdo respaldado por una ley de amplio apoyo político que otorgue estabilidad y continuidad a las principales políticas públicas.
La propuesta parte por exigir al Estado eliminar gastos innecesarios, duplicidades administrativas y programas de escasa efectividad. Sin embargo, aun con importantes ahorros fiscales, ello no basta para financiar las transformaciones que el país requiere. Será necesario generar nuevos ingresos permanentes.
La idea central consiste en trasladar gradualmente parte de la carga tributaria desde la inversión y la producción hacia el consumo y el uso intensivo de infraestructura pública. Quienes utilizan más carreteras, transportan mayores volúmenes de carga o consumen más bienes y servicios aportarían proporcionalmente más al financiamiento del desarrollo nacional. Este mecanismo permitiría recaudar recursos equivalentes a varios puntos del PIB con bajos costos de administración.
La diferencia fundamental respecto de las reformas tradicionales es que las familias pertenecientes a los cuatro primeros deciles quedarían completamente protegidas. Mediante transferencias automáticas depositadas mensualmente en las cuentas RUT familiares se devolvería íntegramente el costo del IVA y de los nuevos gravámenes, evitando que los sectores más vulnerables soporten el peso de la reforma.
La clase media también se beneficiaría de una economía más dinámica, con mayor inversión, más empleo formal, mejores remuneraciones, acceso a la vivienda y mejores servicios públicos. El objetivo no es recaudar por recaudar, sino financiar un círculo virtuoso de crecimiento y progreso social.
Una parte importante de los nuevos recursos permitiría reducir significativamente el impuesto de primera categoría, establecer depreciación instantánea para nuevas inversiones, simplificar regulaciones y acelerar permisos, reconstruyendo así los incentivos que hoy requiere la inversión privada.
La propuesta también contempla fortalecer la seguridad ciudadana, reducir listas de espera en salud y mejorar la calidad de la educación. En esta última área resulta fundamental incorporar inteligencia artificial, reforzar lectura y matemáticas y crear mini «Simces» digitales nacionales que permitan medir objetivamente los aprendizajes y corregir la creciente inflación de notas.
Asimismo, se propone apoyar activamente a los padres como primeros educadores de sus hijos mediante capacitación, acompañamiento y programas de estimulación temprana entre los 0 y los 6 años, etapa decisiva para el desarrollo futuro.
A ello se suma una revolución habitacional basada en sistemas de leasing a 20 años garantizados por el Estado, capaces de movilizar inversión privada para construir cientos de miles de viviendas sociales y transformarlas gradualmente en patrimonio familiar.
Finalmente, la recuperación de la inversión exige reglas estables. La invariabilidad tributaria para grandes proyectos y un marco regulatorio más predecible permitirían recuperar la confianza necesaria para atraer capitales de largo plazo.
Chile no necesita elegir entre crecimiento económico y justicia social. Necesita una estrategia que combine ambas dimensiones: crecer para incluir, recaudar para invertir mejor y transformar el progreso económico en oportunidades concretas para millones de familias.
Interesante aporte de Jorge Claro. Creo que para cumplir un proyecto de estas características se requiere tener una visión de largo plazo. Un ejemplo de ello es la educación de calidad, que necesita desatar los nudos del sistema actual ( burocracia, formación de profesores, currículum, innovación) para liberar el potencial de los docentes y alumnos y así orientar el aprendizaje hacia las necesidades del siglo XXI .