La extracción de recursos vivos ha sido una actividad ancestral de la humanidad y de muchos de los pueblos originarios de Chile, cuya validez actualmente está en plena discusión, en vista de la depredación y la contaminación de los mares, más aún cuando este aporte proteico puede reemplazarse por cultivos marinos. En Chile, la pesca tiene clasificaciones establecidas en la ley; las dos más relevantes son la artesanal y la industrial, que obedecen a modalidades de extracción de recursos ictiológicos bastante diferenciadas en sus orígenes, modalidades y propósitos. Ello genera conflictos de índole social y política que demandan un reconocimiento de sus causas y, sobre todo, de la conveniencia para la nación.
Se entiende por pesca industrial la actividad extractiva realizada por embarcaciones superiores a 18 metros de eslora, con sistemas de pesca tecnologizados, tales como los de arrastre, palangre y de cerco, que permiten la captura masiva de una amplia variedad de recursos pesqueros. Esta actividad se realiza en aguas jurisdiccionales y fuera de ella, en la alta mar, teniendo prohibido el ingreso a practicar dicha actividad, en el área de reserva exclusiva para la pesca artesanal (ARPA), que comprende la franja de mar territorial de cinco millas marinas medidas desde las líneas de bases normales, a partir del límite norte de Chile y hasta el paralelo 43º 25’ 42’’ de latitud Sur y alrededor de las islas oceánicas. Asimismo, se reserva para la pesca artesanal la playa de mar (franja de borde costero que las olas bañan y desocupan alternativamente hasta donde llegan en las más altas mareas) y las aguas interiores. El sector industrial no sólo considera la flota pesquera, sino además incorpora a las plantas de elaboración y proceso.
Desde hace varias semanas hemos visto, por los diversos medios de prensa, cómo ha ido escalando el conflicto por la ley de fraccionamiento entre la pesca artesanal e industrial; hechos de violencia, declaraciones entre ambos sectores, y, por otro lado, un partido político de izquierda con una marcada postura en favor de uno de ellos, cuando claramente es un conflicto de intereses entre privados que genera varios millones de dólares, para ambos sectores laborales.
Haciendo un poco de historia y una de las razones por las que Chile no perdió más terreno marítimo tras el fallo de la Corte Internacional de La Haya de 2014, sobre la delimitación marítima entre Chile y Perú, fue porque la flota de anchoveta y jurel industrial nacional “demostró actividad pesquera” en esa zona en disputa, un hecho esencial a la hora de establecer soberanía. Por ello, la relevancia que este tipo de embarcaciones puedan continuar con su operación, sobre todo si la flota que trabaja el jurel puede hacerlo hasta la milla mil y, particularmente, en el sur austral, con operaciones pesqueras cercanas a la península Antártica, de la cual Chile aspira soberanía en su declarado sector.
Al respecto de este conflicto de intereses entre ambos sectores productivos del país, vale la pena hacer algunas reflexiones:
- Si bien es legítimo solicitar mejoras que permitan un mayor desarrollo económico, veo ciertos maximalismos en algunas propuestas del proyecto de ley que pueden destruir la sostenibilidad de una de las dos actividades económicas de este sector y, por consiguiente, afectar la soberanía del país, de acuerdo a lo expuesto en el párrafo precedente, amén de su economía.
- Es un hecho comprobable que hay pesquerías en las cuales el sector de los artesanales ni siquiera alcanza a completar la totalidad de sus actuales cuotas de captura, como es el caso de la merluza común, o lo que podría ser aún peor, habría sub reportes comprobados de las mismas.
- Cierto partido político chileno, y algunos de sus parlamentarios, no han escatimado esfuerzos en azuzar a los dirigentes artesanales a “protestar” por la actual ley de fraccionamiento de las pesquerías, la que ha traído armonía y trabajo a miles de compatriotas durante los últimos años. Lo anterior debiera haber alertado, al menos, a los partidos de la oposición, pero a la fecha no ha habido reacción. En un país democrático nadie podría oponerse a las protestas, pero lamentablemente los chilenos quedamos traumados después de los desmanes y daños producidos por el reciente octubrismo que, a la larga, nada cambió y solo dañó a pequeños empresarios y valiosa infraestructura pública.
- De cambiarse la actual ley que fija el fraccionamiento pesquero en favor del sector artesanal, solo se logrará que el sector industrial cierre importantes pesquerías que hoy dan trabajo a miles de chilenos, ya sea a bordo de sus naves como asimismo en sus plantas de procesamiento de estos recursos marinos. Lo peor, es que tampoco se logrará que esa disminución de cuota sea pescada por el sector artesanal, ya que incluso hoy no son capaces de cumplir con ellas, tal como se indicó. Con este nuevo proyecto de fraccionamiento pesquero se trata de cualquier cosa, menos de lograr que las pesquerías, ambas, crezcan y produzcan mayores beneficios para Chile y el sector.
- Aquellos que se imaginen que la pesca artesanal en el Chile de hoy solo se trata del típico bote varado en las caletas pesqueras, de hasta 12 metros de eslora, con un motor fuera de borda y, haciendo honor a su nombre, artesanales sistemas de pesca, se equivocan. Hoy podemos encontrar, en una importante cantidad, naves de pesca artesanal de hasta 18 metros de eslora y arqueo bruto de hasta 100 (medida del tamaño de una nave a partir de su volumen, sin métrica), equipadas con la misma o mejor tecnología para navegar y pescar que una industrial, pero en menor tamaño. Su costo de construcción y equipamiento puede alcanzar hasta el millón de dólares cada una, siendo capaces de pescar en toda la Zona Económica Exclusiva de Chile (200 millas marinas medidas desde la costa) sin inconvenientes.
- Ambas Organizaciones Regionales de Pesca (ORP) a las que Chile pertenece (Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur –SPRFMO y la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos– CCAMLR), han reconocido positivamente a Chile por su efectiva participación en ellas, por su fraccionamiento entre pesquerías y por su ordenamiento jurídico sobre la materia, tendiente a la sustentabilidad actual de los recursos pesqueros. Modificar la ley actual solo producirá incertidumbre en la comunidad pesquera internacional.
El foco debería estar en promover un mayor desarrollo, sin estancar a uno de los dos grandes actores, haciendo crecer ambas pesquerías. En los últimos años se ha visto una mejora en el estado de todas las pesquerías; una notable recuperación del jurel es un buen ejemplo de ello, pero también se ve en otras especies. Por el bien del país, es esperable que se llegue a una pronta solución que beneficie no solo a un sector, sino que dé estabilidad económica para un mayor desarrollo de la pesca en general y, así, recuperar nuestro antiguo sitial entre los Top 10 países pesqueros del mundo.
