El comercio ilegal se ha transformado en uno de los fenómenos más complejos y persistentes que enfrentan las ciudades de Chile. Detrás de la mayoría de los vendedores informales que ocupan veredas y espacios públicos, se esconden redes delictuales, contrabando, narcotráfico, mafias y organizaciones que afectan la seguridad, la economía y la convivencia social. La proliferación del comercio ambulante en zonas urbanas, en barrios estratégicos y muchas veces en los entornos de los centros comerciales, demuestra que el problema se ha agravado y que las respuestas tradicionales no son suficientes.
La informalidad, cercana al 26% (INE, trimestre julio-septiembre 2025) genera competencia desleal para quienes cumplen la ley, pagan impuestos, respetan normas laborales, sanitarias y tributarias, y sostienen el empleo formal en el país. La informalidad afecta al comercio tradicional, principal empleador de Chile y sector en el que los centros comerciales son gravitantes; en lo económico, en la seguridad de sus trabajadores y consumidores.
No podemos normalizar este fenómeno, ya es hora de avanzar hacia soluciones eficientes, con una mirada de Estado, de largo plazo y con convicción. En ese contexto, la propuesta del Presidente electo José Antonio Kast abre una oportunidad hacia una estrategia integral que involucra a Carabineros, PDI, Ministerio Público, municipios, Servicio Nacional de Aduanas, SII, Tesorería, autoridades fronterizas y organismos de fiscalización.
Los centros comerciales son hoy espacios de convivencia, de servicios, de empleo y de desarrollo local. Reciben más de 600 millones de visitas al año, son seguros y cumplen un rol social que va mucho más allá de la actividad económica. La relación entre seguridad, comercio formal y desarrollo urbano es inseparable. Pero en muchas zonas del país donde se emplazan los centros comerciales, la informalidad amenaza esa relación.
Chile necesita una política de Estado contra el comercio ilícito, una política que proteja a las personas, al empleo, a los consumidores, a la seguridad pública y a la economía. Una política que enfrente y entienda que la estructura delictual tras el comercio informal es un sistema que se alimenta de debilidades institucionales. Por eso resulta clave el fortalecimiento de Aduanas, la modernización tecnológica, el uso de inteligencia artificial, la coordinación interinstitucional incluyendo la interoperabilidad de herramientas y datos disponibles, y la persecución de las redes tras el comercio ilegal, para enfocarse en lo medular del problema: las estructuras que lo sostienen.
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