En un contexto donde la delincuencia se ha sofisticado y diversificado, la seguridad privada ha dejado de ser un complemento marginal: hoy es parte sustantiva de la respuesta del país frente al crimen. Desde ASEVA, que agrupa a más de 40 mil trabajadores del sector, proponemos cinco medidas concretas para modernizar el rubro, elevar sus estándares y aportar de manera decidida a la seguridad antidelincuencia.
Primero, proponemos que los jóvenes que egresan del Servicio Militar Obligatorio (SMO) obtengan una acreditación oficial como guardias de seguridad. Con un plan formativo complementario validado por la autoridad competente, podrían incorporarse cada año más de 4.000 jóvenes a un mercado laboral formal, con alta demanda y proyección. Esto no solo mejoraría la empleabilidad juvenil, también elevaría el valor social del SMO y ayudaría a reducir la informalidad del rubro.
Segundo, urge establecer un régimen laboral especial para guardias y vigilantes, adaptado a las exigencias de la Ley N° 21.659. No es razonable seguir regulando este trabajo bajo normas pensadas para oficinas y el común de los trabajadores, cuando los guardias y vigilantes se aproximan en sus tareas laborales a servicios de emergencias. Turnos nocturnos, jornadas extensas, y funciones polifuncionales requieren una legislación realista, como ya ocurre en salud, transporte y servicios de urgencia. Este cambio entregaría certeza jurídica, mejoraría las condiciones laborales y facilitaría la implementación efectiva de la ley.
Tercero, planteamos la creación de una Superintendencia de Seguridad Privada. Hoy, la regulación depende de una división dentro de la Subsecretaría de Prevención del Delito, un órgano piramidal, claramente insuficiente para un sector tan estratégico. Chile necesita una autoridad técnica, autónoma, moderna y con visión de desarrollo sectorial, con indicadores de gestión en ese sentido. En concreto, que también sea medida por el desarrollo del mercado y no el quántum infraccional, que suele ser la tónica.
Cuarto, proponemos desburocratizar los trámites que hoy entorpecen la operación del sector. La excesiva carga administrativa -como la inscripción previa y caducidad de cursos- genera cuellos de botella que limitan nuestra capacidad de respuesta. Digitalizar y simplificar los procesos, conforme a la Ley N° 19.880, es una medida básica para un sector que debe responder con agilidad a las demandas de la sociedad. Hoy, verbi gracia, la oferta del mercado se contrae por trámites como la inscripción de cada uno de los cursos que se han de impartir, pese a estar aprobados previamente planes y programas.
Quinto, necesitamos herramientas más eficaces para evaluar la idoneidad del personal. Hoy, las empresas acceden solo a información parcial sobre quienes postulan a cargos de seguridad. Proponemos habilitar, bajo resguardo legal y medidas de cuidado, el acceso a antecedentes judiciales relevantes (como salidas alternativas o causas archivadas) y permitir la aplicación de test de drogas vinculantes. Esto no vulnera derechos: protege al sector, a los trabajadores y a la ciudadanía, evitando que personas no idónea trabajen en seguridad privada.
Desde ASEVA reafirmamos nuestra disposición a colaborar activamente con las autoridades, los legisladores y todos los actores del ecosistema de seguridad. Chile necesita una industria de seguridad privada más profesional, más confiable y mejor integrada a la estrategia nacional de prevención del delito. Estamos listos para dar ese paso.
Se aprecian muy pertinentes los cinco puntos expuestos. Se trata de integrar la seguridad privada, con presencia en prácticamente todo el país, como parte integrante del subsistema de Seguridad Pública.