Chile atrae inversión, pero no decide dónde se localiza. Y en la economía global, esa diferencia es clave.
Las cifras lo confirman: en 2024 el país recibió más de US$15.300 millones de inversión extranjera directa, la tercera cifra más alta de la última década, y ha promediado sobre US$18.400 millones anuales en los últimos tres años.
Sin embargo, ese dinamismo convive con una debilidad estructural más profunda: seguimos participando como receptores de capital, no como el lugar donde ese capital se organiza, se estructura y, en definitiva, se decide.
Hoy el país compite por debajo de su potencial. Busca captar inversión extranjera directa, pero sigue quedando fuera del verdadero espacio estratégico: aquel en que no solo se es atractivo para recibir capital, sino donde se define su destino. Mientras otras jurisdicciones se estructuran como plataformas para canalizar inversiones hacia América Latina, Chile continúa operando principalmente como receptor, no como un polo gravitante de decisión.
No es un problema de capacidades, sino de enfoque. Falta una estrategia país orientada a capturar ese valor.
En la práctica, participamos en la competencia por atraer recursos, pero no en el ámbito donde se decide su asignación. Pese a intentos como el régimen de Sociedades Plataforma de Negocios del artículo 41 D de la Ley de la Renta, el país no ha logrado posicionarse como un eje de inversión regional. Ese esfuerzo fracasó por una combinación conocida de factores: complejidad, incertidumbre regulatoria y baja competitividad frente a regímenes más simples y previsibles. El resultado fue claro: Chile no logró consolidarse como base para estructurar inversiones hacia la región.
Las condiciones, sin embargo, siguen presentes. En un entorno donde el capital privilegia la certeza, el país mantiene ventajas relevantes: estabilidad institucional, apertura económica, una amplia red de tratados comerciales y tributarios, y un mercado de capitales relativamente desarrollado.
El problema, por tanto, no es la falta de atributos, sino la ausencia de una estrategia que los articule en una propuesta coherente y competitiva.
En este contexto, el anuncio del ministro de Hacienda Jorge Quiroz de avanzar en una nueva fase de reforma del mercado de capitales, con el objetivo de posicionar a Chile como centro financiero regional, apunta en la dirección correcta. La aspiración es que el país no solo reciba inversión, sino que también concentre decisiones y estructure negocios hacia la región.
El diagnóstico es adecuado, pero el desafío es aún mayor: sin un entorno habilitante sólido, ese objetivo pierde gran parte de su potencial.
Uno de los espacios con mayores oportunidades es el desarrollo de Chile como nodo en el flujo de capital regional. Esto implica posicionarnos como puente de inversión entre economías desarrolladas y América Latina, pero también como plataforma para la gestión de liquidez y el financiamiento intragrupo de grandes multinacionales.
Aquí existe un objetivo concreto: avanzar hacia estructuras de cash pooling, es decir, sistemas que permiten centralizar el financiamiento, optimizar el uso de recursos y organizar desde un solo país parte relevante de la gestión financiera de grupos empresariales globales.
Para que esto sea viable, se requieren condiciones mínimas: facilitar la circulación de dividendos dentro de los grupos empresariales y otorgar un tratamiento eficiente a las ganancias de capital. No se trata de beneficios excepcionales, sino de estándares básicos en las dinámicas actuales de inversión internacional.
La experiencia comparada es elocuente. Los países que se consolidan como plataformas de inversión no solo ofrecen estabilidad y tratados, sino también regímenes que permiten administrar y redistribuir capital de manera eficiente y con cargas competitivas. España, con su régimen de entidades de tenencia de valores extranjeros, entendió que el objetivo era facilitar la organización global de la inversión. El Reino Unido ha seguido una lógica similar, mientras que, en la región, Uruguay muestra cómo reglas estables y tributación competitiva inciden directamente en la localización de capital y talento.
Chile enfrenta aquí una brecha concreta. En el Índice de Competitividad Fiscal Internacional 2025 de la Tax Foundation, el país se ubica en la posición 28 entre las economías de la OCDE y, más crítico aún, en el último lugar en el componente de tributación internacional. Esto no solo refleja una desventaja para atraer estructuras globales, sino también una oportunidad evidente de mejora.
Convertirse en un centro financiero, por tanto, no es suficiente. El objetivo es más exigente: transformarse en la plataforma desde la cual se organiza la inversión regional. En ese escenario, la certeza jurídica, la estabilidad y la competitividad tributaria dejan de ser atributos deseables y pasan a ser condiciones mínimas.
Chile tiene espacio para construir su propia propuesta. Cuenta con tratados valorados, capital humano calificado y una institucionalidad que, pese a las tensiones recientes, sigue siendo competitiva. Pero debe internalizar que el estándar cambió: ya no basta con ser un destino atractivo; el desafío es convertirse en el lugar desde donde se toman decisiones de inversión en América Latina.
Las implicancias de ese giro son relevantes. Las plataformas de inversión generan servicios especializados, crean empleo calificado y profundizan el mercado financiero. Incluso desde el punto de vista fiscal, el efecto puede ser positivo si se amplía la base de actividad, en lugar de concentrarse exclusivamente en la recaudación inmediata.
Avanzar en esta dirección exige decisiones concretas: extender la exención a las ganancias de capital de largo plazo más allá de la presencia bursátil; profundizar la red de tratados; y ampliar mecanismos de invariabilidad tributaria para estructuras de holding internacional, asegurando un tratamiento eficiente de dividendos y plusvalías.
No se trata de concesiones, sino de condiciones para competir en un entorno donde otras jurisdicciones ya han construido ventajas claras.
En la economía global, el valor no lo captura quien simplemente recibe la inversión, sino quien la gestiona, la estructura y la dirige estratégicamente. Persistir en un enfoque pasivo no es neutro: implica ceder decisiones de inversión y financiamiento a otras jurisdicciones y limitar el rol de Chile en el liderazgo económico regional.
Dar ese salto exige atraer no solo capital, sino también las estructuras que lo organizan. Esa es la diferencia entre ser un buen destino de inversión… y ser el lugar estratégico donde esa inversión se decide.