Cuando la incautación deja de ser solo un acto policial y se transforma en un problema bilateral, la evidencia adquiere un estatuto distinto: deja de servir únicamente a un procedimiento penal y pasa a incidir en la relación entre dos Estados. Eso es exactamente lo que ocurrió con el hallazgo de madera boliviana que, según Chile, habría sido contaminada con cocaína, ketamina y otras sustancias. El 8 de junio y acompañado por el ministro de Seguridad, Martín Arrau, el Fiscal Nacional Ángel Valencia, y la Armada de Chile, el fiscal ariqueño anunció el golpe histórico al crimen organizado, con cifras que impresionaban: más de mil toneladas intervenidas en Arica, San Antonio y Valparaíso, y una estimación inicial de que entre 10% y 20% de la carga correspondería a droga (más de 100 toneladas de drogas).

Tres meses después, ese relato ya no basta. El caso se ha convertido en una controversia científica, procesal y diplomática que exige un estándar de evidencia capaz de resistir algo más que una conferencia de prensa.

El caso, además, tiene profundos efectos económicos y sociales para la región de Pando, en el norte amazónico de Bolivia, donde miles de familias bolivianas quedaron sin trabajo y una industria histórica de esa zona boliviana, devastada y desprestigiada.

Para entenderlo, conviene distinguir tres planos: lo que Chile ha acreditado, lo que Bolivia ha cuestionado y lo que aún requiere explicación pública suficiente. La fiscalía chilena sostuvo desde el inicio que los resultados provenían de análisis del Instituto de Salud Pública, por lo que no se actuó solo con pruebas de campo. El punto crítico es otro: qué acreditan exactamente esos análisis, cómo se tomaron las muestras, qué concentraciones se detectaron y cómo se extrapoló desde resultados positivos en piezas específicas a la estimación de que entre 10% y 20% de la carga correspondía a droga. A esto se suman cifras dispares entre autoridades, que requieren orden y transparencia.

Bolivia tampoco ha mantenido una sola versión. Primero afirmó que parte de la madera no contenía droga; luego su fiscalía general aclaró que esos resultados eran parciales. Ese matiz impide cerrar la controversia. Más aún, en septiembre se incorporaron informes de dos exfuncionarios de la DEA que cuestionan la metodología de muestreo y la hipótesis de impregnación. Son informes de parte, pero introducen objeciones técnicas que, por la magnitud del caso, merecen una respuesta equivalente.

La pregunta de fondo es institucional: ¿Bajo qué principio internacional se destruye evidencia cuando existe una controversia técnica abierta y cuando la carga pertenece a empresas de otro país? Bolivia ha aceptado históricamente la institucionalidad chilena en materia de narcotráfico; incluso en tiempos de Evo Morales nunca se discutió sobre los procedimientos chilenos. Pero, este caso es distinto. Y, guardando las proporciones, la comparación con la uva envenenada de 1989 es inevitable: actuar primero y verificar después puede tener costos diplomáticos severos.

Todo esto ocurre, además, en un momento de acercamiento bilateral. Chile y Bolivia han reactivado mecanismos de frontera, cooperación migratoria y seguridad policial. Un caso mal explicado puede erosionar esa confianza incipiente. Por eso, la transparencia deja de ser una concesión procesal y pasa a ser una herramienta de política exterior: identificar lotes, explicar protocolos, distinguir pruebas presuntivas de confirmatorias y preservar evidencia mientras existan discrepancias técnicas.

Finalmente, la pregunta relevante no consiste en decidir desde una columna si había o no droga en la madera. Esa conclusión corresponde a la investigación y a la prueba. La pregunta es institucional: ¿Qué información puede hacerse pública para que la evidencia sea comprensible, verificable y compatible con el debido proceso? Eso incluye identificar con precisión los lotes y contenedores, explicar el protocolo de muestreo y la cadena de custodia, distinguir pruebas presuntivas de confirmatorias, aclarar la metodología de cuantificación y establecer qué parte de la carga debe preservarse mientras existan controversias técnicas pendientes. Chile tiene un interés evidente en proteger la eficacia de sus investigaciones contra el crimen organizado. Bolivia tiene un interés igualmente legítimo y obligatorio evidente de proteger a sus exportadores de imputaciones que considera infundadas. Ambos son intereses nacionales fundados. Ninguno de esos intereses se resuelve mediante declaraciones maximalistas o golpes a la mesa.

El actuar de la fiscalía es cuestionable. Involucró a otras instituciones en una operación sin evidencia sólida. Ha puesto al Gobierno en un zapato chino y tensionado incluso el cumplimiento práctico del Tratado de 1904. Esto no debió hacerse así cuando lo que se requiere es compatibilizar el debido proceso con las obligaciones internacionales vigentes.

Por eso, la respuesta que fortalece a ambos Estados es más exigente: evidencia trazable, cooperación fiscal y policial, procedimientos comprensibles y capacidad para someter los desacuerdos técnicos a escrutinio. La frontera entre Chile y Bolivia ya soporta suficientes zonas grises. Este caso no tiene por qué convertirse en una más. Si la evidencia va a tener efectos bilaterales, entonces debe ser tratada como tal: con rigor, transparencia y sentido de Estado. Solo así podrá resistir no solo una conferencia de prensa, sino también la revisión técnica, la contradicción y el paso del tiempo. No hacerlo no solo abrirá la puerta a una controversia internacional -perfectamente evitable-, sino que pondrá en riesgo todo lo que ambos países han levantado con tanto esfuerzo en materia de cooperación fronteriza, policial, migratoria y política. La diplomacia de la evidencia no es un concepto retórico: es la condición mínima para que este caso no erosione la confianza que recién comienza a reconstruirse.

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1 Comment

  1. Ummmm, no sé, me complica un tanto las comparaciones de elementos diferentes. Un tráfico e ingreso ilegal de personas es claro, no es contraversial y es deber de ambas policías controlarlo y evitarlo. Sacar autos robados desde Arica e Iquique e incluso Stgo y cruzar la frontera de noche por pasos no habilitados y luego Bolivia promulgar leyes de blanqueo de esos autos ……es trucho, evidente y no resiste comparación ni discusión. Que el tema tan sofisticado de esa madera, mil toneladas…….y se acuse qué haya hasta cien toneladas de droga es algo gigantesco y de altísimas cifras en millones de dólares. Aunque la droga fuese un 1%, diez toneladas, son cifras gigantes. Bien por Fiscal de Arica, Por Fiscalia Nacional y por Ministro de Seguridad. La confianza y reputación la debe cuidar quien exporta, 1000 toneladas de madera deben tener CERO gramos de drogas. Así de claro y fácil

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