Amnistía

Se acerca el momento en que José Antonio Kast asuma la presidencia de la República y, por lo tanto, el momento en que deba comenzar a adoptar sus principales decisiones. Muchas elucubraciones se han tejido a propósito de sus últimas declaraciones y, por supuesto, a propósito de los nombres de quienes integrarán su primer gabinete. Pero, lo que de verdad va a definir el perfil del nuevo gobierno son esas decisiones con las que comenzará su período. Ellas van a mostrar el carácter que este reviste.

Entre esas decisiones hay una de la máxima importancia y que debe ser adoptada con la máxima premura: la suerte de los condenados por actos sucedidos durante el gobierno militar. Es decir, condenados por hechos que sucedieron por lo menos con 35 años de anterioridad, cuando no con 50 años y más. Se trata de exmilitares y uniformados que superan los 75 años de edad, habiendo algunos que han sobrepasado ya los 90 años. Muchos, por lo demás, fallecieron estando en prisión en Punta Peuco, Colina I y otros penales.

Lo grave es que detrás de muchas de esas condenas hay más de venganza que de justicia y, por eso, es máxima la urgencia con la que deben ser revisadas. Sobre todo, cuando se tiene a la vista las sentencias definitivas que absolvieron hace poco tiempo al comandante Claudio Crespo y al cabo Zamora, ambos de Carabineros. ¿Cuántos casos similares habrá entre los condenados de esos presidios? En esas sentencias absolutorias que mencionamos, el análisis de las circunstancias fue fundamental para demostrar la inocencia de los acusados. En el caso de los que yacen ya condenados, las sentencias que los afectaron pocas veces tuvieron en cuenta las circunstancias en que los presuntos delitos fueron cometidos. Por ejemplo, ¿Hay alguna sentencia que haya considerado entre esas circunstancias al Acuerdo del Partido Socialista adoptado en Chillán en 1967? Este Acuerdo señala: “La violencia revolucionaria es inevitable y legítima… Constituye la única vía que conduce a la toma del poder político y económico y a su ulterior defensa y fortalecimiento…”.

La pregunta es inevitable: ¿Cómo no prepararse militarmente para hacer frente a esta amenaza? Chile vivió un período durante el cual estuvo a punto de ser ahogado por una política que sólo buscaba su destrucción. Contra ella que, de acuerdo al texto recién citado, se armaba militarmente para ejecutar sus designios, el país llamó a sus Fuerzas Armadas y de Orden para que detuvieran esas amenazas y así poder retomar un camino de orden, de paz y de progreso. Se llamó a las Fuerzas Armadas para que resolvieran el conflicto enfrentando con sus armas a quienes, desde el poder político, amenazaban a Chile con sus propias armas. Pero el uso de armas siempre conlleva riesgos muy duros, como los que se hicieron presentes durante los años del régimen militar.

La culpabilidad fundamental no es, por lo tanto, de los militares sino de quienes hicieron indispensable su acción y que, por lo tanto, obligaron a poner las armas en ejercicio. Estos últimos, sin embargo, han podido pasearse libremente durante años y sacar enorme provecho de la situación de gran crecimiento en que quedó el país al terminar los militares su gobierno.

Hoy, no se trata de volver atrás y salir a perseguir a esos que son los verdaderos culpables de lo que sucedió en nuestra patria. Hoy se trata de cerrar definitivamente un período de nuestra historia y, por supuesto, de tenerlo como punto de referencia para no volver a repetirlo.

Para esto es fundamental poner término a la situación de quienes pagan la cuenta de otros que fueron los mayores responsables. Y, para eso, una amnistía total a los sucesos acaecidos en el período del gobierno militar es lo que corresponde. Es de esperar que el nuevo gobierno inicie sin dilación el camino que a ella conduzca. La paz pública y la vocación de futuro así lo exigen.