Las aguas subterráneas son aquellas que se encuentran bajo la superficie del suelo, en zonas saturadas, y que se acumulan en acuíferos. Nuestro Código de Aguas las define como las aguas que “están ocultas en el seno de la tierra y no han sido alumbradas”. A diferencia de las aguas superficiales, para las que se requieren obras comunes de captación y conducción, lo que da paso naturalmente a la conformación de una comunidad, las aguas subterráneas suelen ser aprovechadas por un usuario a la vez, a través de uno o más pozos que son operado de manera individual.
A pesar de que a primera vista parecen más difíciles de obtener que las aguas superficiales, las aguas subterráneas tienen una serie de condicionantes que las hacen muy valiosas, tales como servir de reserva para los períodos de déficit de precipitaciones o no requerir de infraestructura de conducción como canales (hoy en día, muy difícil de construir), entre otras. Por esta razón, existen numerosas disposiciones legales para conservarlas.
Actualmente se discuten dos proyectos de ley en materia de aguas subterráneas. Se trata del boletín 15996-33 que modifica el Código de Aguas en materia de protección de puntos de captación de aguas subterráneas y, muy especialmente, del boletín 13034-09 que regula el uso sustentable de las aguas subterráneas.
El primero de ellos busca que la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, perteneciente a la Dirección de Obras Hidráulicas, pueda solicitar a la DGA generar radios mayores a los 200 metros establecidos en el artículo 61, como áreas de protección de pozos cuando estos son utilizados para abastecer Servicios Sanitarios Rurales (SSR), quedando el área en 200 metros para otros tipos de pozos. Adicionalmente, establece sanción para quien no respetara dicho radio de protección.
Por su parte, el proyecto que regula el “uso sustentable de las aguas subterráneas” fue reescrito mediante una indicación sustitutiva del Ejecutivo, pues originalmente trataba sobre la exigencia de antecedentes científicos necesarios antes de la explotación de los acuíferos -tema sumamente relevante para hacer un uso sustentable de esta importante fuente de agua- y hoy, lo que se estaría regulando, es la actividad de perforación de pozos.
Este proyecto crea un Registro Especial de Perforaciones y Sondajes, sean o no contratistas del MOP, en el que deberán registrarse quienes deseen perforar a más de 50 metros de profundidad. Además, hace obligatoria la entrega de información de cada pozo perforado, mayor a 50 metros, hasta 60 días después de terminada la obra, ya sea que se trate de un pozo nuevo, profundización o reperforación. Se establecen sanciones a los infractores que no se inscriban en el registro o no entreguen la información.
Sin duda resulta positivo que se eleve el estándar para la explotación de aguas subterráneas, y que se tenga una mirada especial para los pozos que abastecen a sistemas sanitarios rurales, pero hay elementos que faltan en la discusión, y que nuevamente entregan más atribuciones y funciones a la Dirección General de Aguas, dejando de lado a los gestores locales del agua y a la sociedad civil.
Si el Código de Aguas promueve la constitución de comunidades de aguas subterráneas, ¿Por qué estas organizaciones de usuarios de agua no tienen ningún rol en estos proyectos de ley? ¿Por qué se protegen los pozos de SSR pero no otros pozos que sirven para consumo humano? Si reconocemos la debilidad nacional en materia de información sobre acuíferos, ¿no se debiera mandatar la disposición abierta de la información estratigráfica de los pozos, para que científicos y académicos en universidades, centros de investigación y otros puedan estudiarla? Por otra parte, ¿la DGA cuenta con la capacidad y experiencia para convertirse en el ente “regulador y fiscalizador” de la actividad de perforación? ¿Qué pasa con un elemento fundamental para el “uso sostenible” de aguas subterráneas, que es la recarga de acuíferos?
Uno de los mayores desafíos que enfrenta Chile en materia de aguas y particularmente con las aguas subterráneas parece no tener que ver con la precipitación o explotación, sino con el individualismo. La lógica en que cada usuario perfora su pozo sin mirar al resto se traspasa también a estos proyectos de ley, en los que cada servicio plantea su mirada mediante acciones puntuales que les satisfacen. De esta manera nunca vamos a contar con un sistema coordinado y robusto, donde todos los actores, y no sólo los servicios públicos, tengan una participación colaborativa y puedan aportar desde la ciencia, la gestión y el conocimiento local.
