La reciente caída del sistema eléctrico nacional es sólo un episodio de una sucesión de acontecimientos negativos que, en una retahíla que parece interminable, vienen a poner en evidencia un problema de fondo mayor, esto es, el franco deterioro de las capacidades efectivas de que dispone actualmente el país. En último extremo se trata de una crisis ética profunda: prima una creciente corrupción, se ha diluido el principio de autoridad, debilitado el sentido del deber y la responsabilidad y, cómo no, decaído la valoración del trabajo bien hecho. Consiguientemente, escasea la fortaleza anímica que fundamenta la iniciativa y la pujanza; y, tal vez por el mismo motivo, a quien sí la tiene con frecuencia se le pone todo tipo de impedimentos para mejorar, innovar o emprender. El fenómeno señalado atraviesa la sociedad, aún con todos los matices que sería posible efectuar al respecto.
La situación descrita obedece, en buena medida, a profundas transformaciones culturales que no resulta factible abordar en estas líneas. Sin desmedro de ello, la clase política -también otras dirigencias sociales- ha jugado un papel preponderante en esta paulatina debacle. En esta línea, resulta particularmente grave que los males antes mencionados se hayan ido enquistando en los tres poderes del Estado, razón por la que es cada vez más difícil ver prosperar auténticas buenas ideas o proyectos y que las diversas instituciones cuenten con la aptitud requerida para la acción y, cuando toque el caso, para la adecuada reacción.
Como botón de muestra, horas antes del inesperado apagón y su lenta solución, el Gobierno había acordado con los ocupantes ilegales establecidos en una propiedad privada la vía para logar postergar la orden de desalojo en curso emanada de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué tal? El Ejecutivo le “quita el piso” al Poder Judicial, entregando una pésima señal a la comunidad: de ahora en adelante se podrá usar la fuerza para violar y disponer de la propiedad privada ajena, soslayar la ley y la justicia, arreglar con el Gobierno la forma de sortear la restitución de los bienes usurpados y, de paso, evitar hacerse cargo de las consecuencias de los actos ilícitos realizados. ¡Todo mal! Porque, incluso si, como ha sido argüido, el problema social ligado a la expulsión de las personas resultaba tan relevante en este caso, la autoridad política debió haber buscado con bastante anterioridad una salida al mismo, cosa que tampoco ocurrió, como asimismo no se impidió antes la consolidación del delito cometido en 2019.
En síntesis, Chile está a oscuras. La degradación moral ha conducido a que las instituciones sencillamente no funcionen como cabría esperar, la incompetencia campea por sus fueros. Y las explicaciones a los yerros, cuando llega a haberlas, suelen recurrir a medias verdades, sino a abiertas mentiras, de modo tal que las responsabilidades en los desaciertos sean siempre de “otros”.
Nuestra sociedad requiere cambios profundos de espíritu y dirección o tendrá que conformarse, cuando más, con una mediocridad permanente. Las elecciones de 2025 constituirán una instancia propicia para intentar un giro, aunque éste sea sólo un paso inicial.
