Mucho se ha escrito con ocasión de los 50 años del 11 de septiembre. Sin embargo, hay una historia poco relatada públicamente, pero que se encuentra en el sustrato de la agricultura chilena y que ha sido transmitida testimonialmente a través de las diversas generaciones de los hombres y mujeres del campo: se trata del proceso de destrucción y posterior recuperación de la agricultura del país.

Escribo estas líneas como un deber y un homenaje a todos los agricultores que vivieron la época previa a 1973, pero especialmente a mi padre, fallecido ese año. Ellos demostraron, con su lucha por la defensa agrícola, un gran espíritu republicano y una gran valentía cuando fueron violentados en sus derechos humanos esenciales, vejados cuando intentaron defender sus campos y, finalmente, despojados de su dignidad y del patrimonio formado con el trabajo de toda una vida.

Siendo joven, me incorporé a la actividad agrícola durante la Unidad Popular, el Gobierno que en sólo mil días fue capaz de colapsar la agricultura del país, lo que se acredita con el anuncio de Salvador Allende de que en septiembre de 1973 quedaba harina para una semana.

Una vez producida la intervención militar, el nuevo Gobierno fue generando las condiciones para la reactivación del sector, sobre la base del paulatino rescate del estado de derecho y el reconocimiento del derecho de propiedad.

Así, se resolvió restituir a sus propietarios sólo aquellos predios en que se pudo observar grave afectación de derechos. El resto, se los entregó en propiedad individual a los campesinos, restituyéndoles su libertad y dignidad, para lo cual se subdividieron las tierras y los derechos de aguas, otorgando certezas, de modo de reactivar la producción de alimentos.

Finalmente, se expropiaron 4.251 predios con 7.098.437 de hectáreas, afectando la casi totalidad de la superficie regada del país. Esta política pública terminó pagando sólo el 10% del valor real de los activos expropiados (R. Irarrázaval, A. Valdés y W. Foster), constituyéndose en un masivo atentado a los derechos humanos de los agricultores. Se los despojó del 90% del valor de sus bienes, que hoy, según cálculos conservadores representarían unos 21 mil millones de dólares, contraviniendo flagrantemente lo preceptuado en la Carta de los DD.HH. de la ONU de 1948 y el Pacto de San José de Costa Rica que Chile suscribió el año 1969, que en su artículo 21 dispone: “Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública e interés social y en los casos y según las formas establecidas por ley”. 

Los atentados a los derechos humanos no prescriben, por lo que resultaría legítimo que los miles de afectados exigieran al Estado que se les indemnice, tal cual lo demanda el gremio de los profesores, y como ya se ha materializado respecto de otras víctimas del desvarío nacional al que se nos condujo mediante la violencia y la exacerbación de las ideologías y el odio.

Hoy nos sentimos en condiciones de afirmar que el mejor mentís que los agricultores podemos exhibir frente a lo que fue la campaña nacional de desprestigio con la que se nos estigmatizó, está dado por la rápida reactivación del agro cuando le fueron generadas las condiciones para su desenvolvimiento y desarrollo. Los mismos denostados y abusados agricultores supieron tomar las oportunidades que abrió la apertura comercial y la liberación de los precios, siendo determinante el restablecimiento de la certeza jurídica sobre la propiedad de la tierra y los derechos de agua.

Hoy nuestro sector puede exhibir notables logros que son el fruto de la gran capacidad de los actores del mundo rural de construir una convivencia pacífica, respetuosa y con amplios márgenes de libertad, en un esfuerzo mancomunado entre colaboradores y agricultores, que son el resultado de una política económica y social estable, de mercados abiertos y competitivos, que respeta los derechos esenciales de todos.

En tiempos en que el actual Gobierno quiere intervenir el más que centenario modelo de distribución de las aguas, que es un aspecto de la absoluta esencia para el desarrollo de la agricultura, brindo un reconocimiento a los miles de agricultores que han servido gratuitamente a sus comunidades de regantes y rindo un muy especial y sentido homenaje a los que fueron vejados, abusados y privados de sus patrimonios, y en muchos casos de su vida en el campo, destacando la entereza con que asumieron estos atropellos a sus derechos. Ellos, sus familias y muchos de sus trabajadores, fueron capaces de ponerse de pie para defender su vocación y el sentido de su trabajo: hacer producir la tierra y con ello alimentar a nuestro pueblo y a quienes consumen nuestros productos en los cinco continentes. 

Es de esperar que nuestra sociedad, en su conjunto, saque las lecciones debidas de la traumática experiencia vivida en la agricultura y de sus secuelas, para que, sobre la base del respeto de los derechos de todos los ciudadanos, podamos mirar al futuro y trabajar en beneficio del progreso material y espiritual de todos los chilenos.

*Patricio Crespo Ureta – Agricultor

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