El INE acaba de revelar que la tasa de desempleo para el trimestre móvil terminado en febrero tuvo un leve incremento de dos décimas respecto del período inmediatamente anterior, desde 6,5% a 6,7%, y de tres décimas respecto del mismo trimestre móvil de 2017. Si descontamos la estacionalidad positiva propia del verano, la tasa de desempleo es de 7%.

¿Significa esto un retroceso y que la notable mejora en la confianza empresarial luego de la segunda vuelta electoral se podría estar desvaneciendo? No.

Primero, hubo un nada de despreciable incremento de 2,7% en el número de ocupados respecto del año pasado. Sin embargo, no alcanzó a compensar totalmente la fuerte expansión de 3% anual de la fuerza de trabajo. En enero también sucedió algo parecido. Pareciera que la gente dispuesta a trabajar y que hoy no lo hace cree que hay más oportunidades de empleo disponibles. Esto es coherente con una mirada más positiva del futuro. Y de hecho se están creando más empleos formales (3,8% de incremento anual en febrero, muchos de los cuales son puestos de trabajo en el sector privado, los que crecieron 1,6% anual en febrero).

También es destacable que la tasa de ocupación informal se redujo de 29,3% a 29,1% de la fuerza de trabajo en doce meses, destacando la caída de 1 punto porcentual en los ocupados informales.

Lo que no es tan destacable es que casi dos tercios del incremento en el empleo en febrero fue explicado por un increíble aumento anual de 16% en el empleo público, lo que culmina una tendencia de fuerte expansión de este ítem desde el segundo semestre del año pasado. No es ingenuo pensar que el pasado gobierno de la Presidenta Bachelet puso el acelerador a fondo en la contratación de empleados públicos con fines electorales y también con el propósito de engrosar los cuadros políticamente afines al interior del aparato público.

Será una tarea compleja para el gobierno del Presidente Piñera dilucidar cuántos de los nuevos contratados se necesitan realmente y cuántos son operadores políticos de última hora o receptores de favores no vinculados a su productividad.

Pero también plantea un desafío para la cuantía del aumento en el empleo total hacia delante, una vez desaparecida esta enloquecida expansión del empleo público. La tarea será cómo estimular el empleo asalariado privado en general y, dentro de este último, los contratos a tiempo completo y los contratos a tiempo parcial voluntarios. No hay que olvidar que casi la mitad de quienes trabajan part time lo hacen involuntariamente y que en febrero incluso aumentaron respecto de un año atrás.

Más allá del muy corto plazo, el esperable incremento en la inversión privada, asociado al ciclo económico y a las buenas expectativas empresariales y de consumidores en cuanto al cambio de rumbo de la política económica que llega con el nuevo gobierno, se asocia a un muy mejorado clima de negocios que debiera redundar en un empleo privado más dinámico.

Sin embargo, es muy posible que la mejora en el empleo sea gradual, a la zaga de la inversión, toda vez que las empresas estrujaron sus costos en el período de bajo crecimiento entre 2014 y 2017, aumentaron su eficiencia y aprendieron que pueden producir más con la misma o menor cantidad de trabajadores.

También es necesario advertir que las relaciones labores hoy se desenvuelven en un marco de mayor conflictividad potencial luego de la reforma laboral, y que el Poder Judicial se ha inclinado definitivamente hacia los trabajadores en sus fallos laborales sin importar demasiado si a éstos les asiste o no la verdad. Tales factores por supuesto llaman a la cautela en la contratación de nuevos empleados por parte de las empresas, las que adicionalmente han ido rápidamente incorporando nuevas formas de producción intensivas en maquinaria y tecnologías de información.

El escenario hacia el futuro entonces es uno de mayor empleo, pero con un aumento gradual en el tiempo y de una intensidad más bien moderada. Será sin duda mejor empleo que el de cuenta propia que caracterizó al período 2014-2017, pero será un desafío nada fácil lograr la meta presidencial de duplicar la tasa de creación de empleo del gobierno pasado entre 2018 y 2022. Las propuestas de reorientar la legislación laboral hacia la generación de empleo y de hacer una reingeniería completa a los programas de capacitación para enfocarlos en lo que necesitan las empresas del siglo XXI son fundamentales en este propósito.

 

Felipe Morandé, #ForoLíbero

Deja un comentario

Debes ser miembro Red Líbero para poder comentar. Inicia sesión o hazte miembro aquí.