El debate que se ha dado acerca de la capitalización de Televisión Nacional (TVN) ha tenido como centro la pertinencia o no de entregar recursos públicos a un canal definido en un modelo comercial competitivo con las demás estaciones de TV abierta, a la vez que mediado por parámetros de TV pública tales como el deber de guardar el pluralismo social, cultural y político como parte de su línea editorial.
Tal híbrido no podía estar exento de problemas, los cuales se han ido manifestando desde sus inicios, y que van más allá de financiamiento y los recursos que es capaz de generar.
En efecto, llevamos años preguntándonos al menos tres cosas sobre TVN. ¿Ha sido la misión de este canal servir a todos los chilenos —en la perspectiva de bien común que atañe a un medio de comunicación social (MCS)—, o en la dura práctica sirve tan sólo al gobierno de turno, lo cual lo aleja de ese pretendido pluralismo y lo ubica en el terreno del sesgo, de la conveniencia e incluso de “la verdad oficial”? Por otra parte, ¿es posible que se pretenda que TVN sea un canal de fuerte contenido cultural –como sucede en el caso de la TV pública de países europeos– si para financiarse depende de la publicidad comercial y ésta, a su vez y como es lógico, se asocia a programas de alto rating, los cuales pueden alejarse de la programación de calidad? Y por último, en medio de las necesidades económicas de Chile y de carencias que nuestro país presenta, ¿resulta lógico hacer de TVN un canal efectivamente cultural y subsidiado, que no tenga que recurrir a realities y farándula para subsistir, pero que implique la destinación de importantes fondos que a lo mejor se requieren en otros temas más urgentes?
El debate hasta ahora se ha dirigido a cuestionar la administración, las decisiones sobre su línea y programación, la necesidad de mayor fiscalización y transparencia; todo lo cual resulta relevante, pero no es, a nuestro juicio, el centro del asunto, que debe develarse respondiendo las preguntas planteadas seriamente.
En ese tenor, no se justifica que los fondos públicos –de todos los chilenos, aunque se olvide– terminen financiando a un instrumento del gobierno de turno, sea que se le dedique a la propaganda del régimen, a instalar su versión de la realidad, o a presentar una sola faz de la información. Que ese clientelaje varíe según quién asuma la Presidencia de Chile no soluciona el problema, más bien lo evidencia, y por cierto tal cosa desvanece el concepto de una verdadera TV pública, dejando el pluralismo en un buen barniz. El manejo político de autoridades y cargos dentro de TVN pone en serio riesgo la independencia política del canal, así como una adecuada separación de intereses entre quienes son gobernados y quienes gobiernan.
La idea de ser televisión pública, pero competir mano a mano con la TV comercial por unos mismos recursos, necesariamente homogeniza y enfrenta a TVN a los mismos problemas del resto de la TV abierta, cada vez más superada por la TV paga y las plataformas de streaming. Por ende, no resulta justo echarles la culpa de todos los problemas a sus equipos directivos, ni por las carencias financieras ni por la pobreza de contenidos medidos con un criterio más elitista y cultural. Si queremos TV pública que eduque más que entretenga, que entregue contenidos más depurados y de calidad, ello no puede ser bajo el mismo modelo de negocio actual, sino con un importante aporte estatal, el cual por cierto debe ir de la mano con mayor fiscalización y no menos (resulta al menos insólito que se pretenda, en el proyecto de ley, dar un aporte a cambio de menos intervención de la Contraloría).
Nuestra sensación es que todas esas definiciones no han sido asumidas en el actual proceso de “rescate” de TVN. Coincidimos en que la estación merece ser salvada, pero no a cualquier costo ni fortaleciendo una especie de monstruo que vive entre la banalidad y la lamentación. Dado que los disfraces de Halloween ya pasaron, procuremos mirar la verdadera cara de la TV pública y qué es lo que de verdad podemos esperar de ella.
Ángela Vivanco Martínez, abogada y profesora de Derecho Constitucional UC, doctora en Derecho y Ciencias Sociales para la Universidad de La Coruña, España
FOTO: FRANCISCO CASTILLO/AGENCIAUNO