En medio de la crisis separatista de Cataluña y el triunfo del “macrismo” en las elecciones parlamentarias de Argentina, varios otros temas internacionales han pasado inadvertidos. Uno de ellos fue la reciente elección legislativa en Japón, en que el oficialista Partido Liberal Demócrata (PLD) logró un triunfo categórico frente a la oposición, conquistando 313 de los 465 escaños en la Cámara Baja, que se sumarán a la mayoría que ya tiene en la Cámara Alta.
Para el Primer Ministro Shinzo Abe, quien gracias a estos resultados podrá permanecer a la cabeza del gobierno hasta 2021, éste es un triunfo contundente y muy beneficioso. Sobre todo considerando que fue una decisión arriesgada, ya que muchos gobernantes deciden adelantar elecciones —como hizo hace algunos meses Theresa May en el Reino Unido— para fortalecer su poder, pero acaban obteniendo el resultado contrario.
Los votantes favorecieron a Abe, frente una oposición fragmentada, en gran medida apostando por el éxito de su programa de reactivación económica. Un tema de vital importancia que se suma a los desafíos del envejecimiento de la población y la baja natalidad. Pero este espaldarazo para Abe también demuestra la preocupación de la ciudadanía japonesa por las amenazas —reales y potenciales— en el cada vez más complejo escenario asiático. Y que tienen nombres muy claros: Corea del Norte y China.
Durante décadas, Tokio permaneció de manos atadas en términos defensivos, producto de la Constitución pacifista de 1947. Ella establece, entre otros aspectos, que Japón renuncia a la guerra como mecanismo de resolución de conflictos, al tiempo que define un papel muy restringido de sus Fuerzas de Autodefensa.
Con la llegada al poder de Junichiro Koizumi —quien fue Primer Ministro entre 2001 y 2006— comenzó un lento proceso destinado a que Japón “se pusiera al día” con un complejo mundo post 11-S, marcado por la amenaza terrorista, la aparición de nuevos conflictos y donde Estados Unidos necesitaba un aliado mucho más activo en términos de política internacional.
Posteriormente, en 2016, Shinzo Abe logró que el Legislativo ratificara una nueva ley de seguridad colectiva, que desde entonces permite a las Fuerzas de Autodefensa apoyar a países aliados —como EEUU— y participar en operaciones de seguridad de Naciones Unidas, así como en el rescate de ciudadanos japoneses que hayan sido secuestrados en el extranjero.
Ahora, Abe cuenta con los dos tercios que necesita para avanzar en reformas más profundas de su Constitución y, ante ello, no son pocos los que se preguntan si eso podría acabar borrando el perfil pacifista de su Carta Magna. Sin embargo, es importante destacar que Japón tiene el legítimo derecho de garantizar la paz y la seguridad de su territorio y sus ciudadanos. Sobre todo considerando la constante amenaza nuclear y balística de Corea del Norte —que periódicamente lanza misiles que cruzan sobre territorio nipón o caen en aguas cercanas—, además de una China que lleva años invirtiendo tiempo, dinero y tecnología en fortalecer su Armada, como lo demuestran sus portaaviones “Liaoning” y “Shandong”.
Durante casi medio siglo las fuerzas estadounidenses desplegadas en Japón han sido —en gran medida— responsables de su seguridad y protección, producto de las limitantes constitucionales del poder militar de esta potencia asiática. Ahora Tokio va camino a dejar de ser un mero espectador en política internacional, para transformarse en un protagonista que —sin duda— será un aporte valioso a la estabilidad regional y la defensa de la paz mundial.
Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finis Terrae