Es ineludible pensar en “El Puente” como una versión millenial de “El Ladrillo”, el documento económico que sirvió de base para muchas de las ideas implementadas por el gobierno militar en la segunda mitad de la década de los 70. Sin embargo, uno de los méritos de este trabajo técnico es que logró generar propuestas de consenso por parte de 17 economistas con miradas y trayectorias políticas muy diversas: desde su impulsor Rolf Lüders y Carlos Cáceres, ambos ministros de Augusto Pinochet, hasta Alejandro Micco, ex subsecretario de Hacienda del segundo gobierno de Michelle Bachelet.
Una de las integrantes de esta mesa de trabajo fue Cecilia Cifuentes, directora del Centro de Estudios Financieros del ESE Business School de la Universidad de los Andes. En entrevista con Libre Mercado, la economista valora que todas las ideas expuestas en el documento de 86 páginas se lograron con el consenso y apoyo de todos los integrantes del grupo. “Estoy convencida de que si las próximas candidaturas (presidenciales) toman estas ideas, las ponen en sus programas y logramos tener las mayorías legislativas para aprobarlas -porque la mayoría de las propuestas son materia de ley, aquí están las palancas para que el país vuelva a crecer”, sostiene la economista.
Uno de los ejes centrales de la batería de ideas es el ámbito tributario. Y, dentro de este, destaca la idea de ampliar la base de personas que pagan impuesto a la renta. Actualmente, todas las rentas brutas imponibles hasta $928.507 no pagan impuesto por esos ingresos. “Chile es una excepción en esta materia, lo ha dicho la OCDE. Chile tiene una base exenta extremadamente amplia”, asegura Cifuentes.
La propuesta de “El Puente” no incluye una fórmula concreta, pero Cifuentes plantea que una de las bajadas que se discutió es dejar fijo el monto nominal del tramo exento, el que actualmente se calcula en UF, lo que lo hace subir año a año. La idea, dice, sería mantener los tramos actuales, pero esta vez en pesos, lo que permite que la gente que hoy no paga impuesto a la renta vaya incorporándose de manera muy gradual.
“Eso permite muy de a poco ir generando más personas que vayan pagando impuestos. Esto desde mi mirada es algo que es súper razonable, porque el Estado le da beneficios no sólo a los sectores más pobres, sino que hoy tenemos una política social que llega en la mayoría de los casos al 60% de la población y en el caso de la PGU al 90% de la población”, explica.
A juicio de la economista del ESE Business School, el pago de impuestos tiene un impacto en la conciencia y exigencia de los ciudadanos, que demandarán del Estado servicios adecuados, ya que los están solventando ellos mismos.
A nivel de impuesto a las empresas, la propuesta de “El Puente” propone reducir la tasa corporativa de primera categoría al menos al nivel promedio de la OCDE, lo que implica pasar del actual 27% al 23,8%. La eventual menor recaudación fiscal se compensa con el fin de algunas exenciones, la reducción de la evasión y una mayor eficiencia en el gasto público.
Otra de las propuestas es reemplazar el actual sistema de indemnización por años de servicio por una cotización adicional del 1,8% a la cuenta de Seguro de Cesantía. La idea es financiar una indemnización a todo evento, aunque con un monto menor. El diagnóstico presenta un mercado laboral segregado, donde los sectores más vulnerables tienen poco acceso al mercado laboral formal y donde un 40% de los cotizantes lleva menos de un año en su actual empleo.
Según explica la economista, “es tan costoso el sistema para el empleador que, como en el primer año no se acumula derecho a indemnización, si antes de ese periodo esa persona contratada no se ve tremendamente productiva, simplemente es despedido para que no acumule derecho a indemnizaciones”. La propuesta implica subir la cotización al seguro de cesantía desde el 1,6% actual a un 3,4%, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores actuales y manteniendo la neutralidad en los costos para las empresas.
Finalmente, “El Puente” incluye la implementación de un impuesto negativo al ingreso. Esta medida busca racionalizar los programas sociales para que el obtenerlos no desincentive el empleo formal. El documento explica que los programas actuales están diseñados bajo criterios de elegibilidad estrictos y poco adaptables, pensados para una pobreza crónica, cuando hoy predomina una pobreza dinámica y transitoria. Cifuentes ejemplifica con tener hijos en la educación superior, donde tener ingresos formales es tremendamente caro, porque se pierde la gratuidad.
La propuesta consistente en una política social basada en transferencias monetarias directas a trabajadores con ingresos formales bajos. “Si sus ingresos formales son bajos, yo le voy a dar; o sea, usted en vez de pagar impuestos va a recibir transferencias directas del Estado”, explica Cifuentes.
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