En un contexto donde el crimen organizado extiende su control territorial a través de las tomas ilegales de terreno, no se pueden dejar pasar las palabas del Presidente Boric sobre “criminalizar la pobreza” al referirse al proyecto de usurpaciones. No es antojadizo el hecho de que se esté conversando sobre ese delito ni menos recurrir a la pobreza para justificar diferencias políticas. Ésta representa un asunto de suma importancia como para instrumentalizarla de esa manera y menos en nombre de la seguridad.
Utilizar el concepto “criminalizar” es negar una realidad común para la delincuencia organizada: La explotación de las vulnerabilidades de las personas para alcanzar su fin económico. De ahí, la gravedad de las palabras usadas para mostrar las diferencias entre sectores políticos. Diferencias que resultan del todo legítimas. No todos pensamos igual y por eso es importante el debate en el Congreso, pero, no es posible justificarlas con las necesidades de los chilenos, quienes, además, han expresado en innumerables ocasiones que su primera prioridad es la seguridad.
La ocupación ilícita de terrenos ha llevado al desarrollo de grandes tomas, como, por ejemplo, la de Alto Hospicio que, administrada por el crimen, entrega a quienes viven allí los servicios que necesitan, se dividen en sectores y quienes las administran hacen sentir su poder a través de la manera en que ejercen el control territorial.
Las ocupaciones ilegales que a veces reúnen a más personas que algunas ciudades o pueblos de Chile, plantean un desafío al Estado: la red de protección que el crimen construye para sí mismo. Ese lugar donde controla el territorio no sólo carece de la presencia del Estado, sino que también, representa el área segura para el delito. Son sus reglas las que allí se aplican y quienes viven en esos lugares o se suman o se someten.
El avance de las ocupaciones ilícitas representa un desplazamiento del Estado y un retroceso de Estado de Derecho, situación que, de no ser abordada a la brevedad podría transformarse en un riesgo para Chile, no sólo por el avance del crimen, si no que, por la dificultad de recuperar eso que pierde el Estado.
El mejor ejemplo de aquello es el caso de Brasil durante la pandemia del Covid-19. En abril del 2020 el ministro de Salud de ese país reconoció que para contener el avance del virus debían dialogar con las bandas narcos que controlaban las favelas pues eran ellos los que mandaban allí.
No podemos permitirnos extender esa realidad en Chile. Hay que enfrentar los desafíos con realidad y para eso, hay que reconocer el problema de fondo que aborda la ley de usurpaciones: el crimen organizado. Las palabras del Presidente sólo empañan el debate y entregan el mensaje equivocado a la delincuencia.
Más que nunca el liderazgo político debe construir el relato correcto. Hablar de usurpaciones no violentas no va en esa línea, pues bajar las penas a una multa más que mostrar a un gobierno comprometido con la seguridad, presenta una oportunidad distinta para hacerse de un terreno o inmueble.
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