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Publicado el 27 de junio, 2020

Valentina Verbal: La democracia en peligro

Ni siquiera una nueva Constitución, aprobada en una convención constituyente y legitimada de origen mediante plebiscitos de entrada y salida, será capaz de garantizar la calidad de nuestra democracia si es que, al mismo tiempo, el país no cuenta con fuerzas políticas que crean en las reglas de la democracia. Y no sólo en las reglas escritas, sino especialmente en las no escritas, como son la tolerancia mutua y la contención institucional.

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Una cuestión que, desde hace varios años ya, viene discutiéndose en Chile guarda relación con el debilitamiento de las instituciones políticas. Sin embargo, la tesis que normalmente tiende a subrayarse es que dichas instituciones estarías desacopladas de los “sentimientos y anhelos populares”. De manera más elegante, esta situación se expresa bajo el rótulo de “crisis de representatividad”. Por lo mismo, la solución se tiende a reducir a una suerte “auscultación” de la “voz de la gente”.

Pero, más allá de la (im)posibilidad de saber lo que realmente la gente quiere, como si esta fuera un organismo vivo —con una voluntad precisa—, poco se tiende a hablar de la responsabilidad de las propias instituciones, y en particular de las elites políticas, en la destrucción de la democracia. De hecho, la gran tesis del célebre libro de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, Cómo mueren las democracias, es que los quiebres democráticos no se producen por golpes de Estado, como el emblemático caso chileno de 1973, sino por la existencia de elites políticas que no creen en la democracia.

Siguiendo cuatro grandes indicadores de comportamiento autoritario, aportados por Juan Linz, Levitsky y Ziblatt sostienen que el problema actual de las democracias occidentales consiste en no saber detectar ese comportamiento y, en caso de hacerlo, en no tener el coraje de aislar a quienes lo expresan. Incluso estos autores llegan a defender la posibilidad de que partidos que normalmente son adversarios formen alianzas estratégicas para aislar a quiénes no creen en la democracia. En cambio, las alianzas entre demócratas y autoritarios las califican de “alianzas fatídicas”, precisamente porque la ponen peligro.

El primero de estos indicadores se refiere al rechazo a las reglas democráticas del juego, y uno de los ejemplos que ponen Levitsky y Ziblatt tiene relación con la voluntad de no acatar la Constitución. El segundo a la negación de legitimidad de los adversarios políticos, y se puede expresar cuando los rivales buscan la caída del gobierno sin esperar un nuevo proceso electoral. El tercer indicador se refiere a la legitimación de la violencia para cumplir objetivos políticos, “negándose a condenarla sin ambigüedades”. Y, finalmente, el cuarto se vincula al poco aprecio a las libertades civiles, y puede expresarse, por ejemplo, en la valoración de regímenes autoritarios de otros países.

¿Suenan conocidos estos indicadores en el Chile actual?

Aunque la derecha también ha caído en algunos de ellos, claramente se aplican mucho más a la izquierda, especialmente al Partido Comunista (PC) y al Frente Amplio (FA). La prueba más flagrante de ello es que Chile Vamos ha tomado distancia del Partido Republicano, liderado por José Antonio Kast, mientras que la centroizquierda no ha hecho lo propio con el PC y el FA. Por el contrario, ha llegado a formar coalición con esos partidos, como ocurrió con la Nueva Mayoría en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, que incorporó al PC.

Pero además, agregan los autores, las democracias se ven principalmente afectadas por la falta de respeto a las reglas no escritas de la democracia: tolerancia mutua y contención institucional. La primera regla, relacionada con el primer indicador de Linz, supone aceptar que nuestros adversarios políticos tienen el mismo derecho a existir, a competir y a gobernar que nosotros. ¿Ha cumplido la izquierda y centroizquierda chilenas con esta regla? Claramente, no. Y no sólo desde el llamado “estallido social”, sino que incluso bajo el contexto del movimiento estudiantil de 2011. Durante el primer gobierno de Piñera, efectivamente, la ex Concertación ejerció lo que Linz denomina “oposición desleal”, y que implica la negación del principio de alternancia en el poder, a partir de una supuesta superioridad moral para gobernar.

La segunda regla —contención institucional— significa la capacidad de no utilizar al máximo las facultades legales, especialmente cuando ellas son de ultima ratio. Señalan Levitsky y Ziblatt: “Para garantizar futuras partidas, los jugadores deben contenerse de incapacitar al otro equipo como de enfrentarse a éste en tal medida que el rival se niegue a volver a jugar mañana”. Además, y como bien lo explica Linz, esta regla es especialmente relevante en regímenes presidenciales sin mayoría parlamentaria, puesto que su no cumplimiento puede producir crisis constitucionales graves, como la que vivió Chile en 1973. Y un ejemplo de no contención, sin lugar a dudas, puede encontrarse en el uso y abuso de parte de la oposición de las interpelaciones y acusaciones constitucionales.

De todo lo anterior, fluye la consideración de que ni siquiera una nueva Constitución, aprobada en una convención constituyente, y legitimada de origen mediante plebiscitos de entrada y salida, será capaz de garantizar la calidad de nuestra democracia si es que, al mismo tiempo, el país no cuenta con fuerzas políticas que crean en las reglas de la democracia. Y no sólo en las reglas escritas, sino especialmente en las no escritas.

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