En los últimos 100 años, movimientos y partidos de extrema izquierda han estado extorsionando a la democracia chilena con la amenaza  de “la calle”. Es decir, con la amenaza de paralizar el país mediante su poder para convocar a las masas populares e inducirlas a cometer desmanes y eventualmente tomar el control del estado. Son numerosos los episodios que reflejan esa amenaza y no faltan los que, en algunas ocasiones, llegaron a poner en peligro la estabilidad institucional del país. En ese tipo de amenazas ha sobresalido, y no solo en Chile, el Partido Comunista.

En el último tiempo, esos sectores amenazantes han presionado a los gobiernos y a toda la opinión pública, llegando a adjudicarse el mérito del llamado “estallido social” de octubre de 2019. Sin embargo, han bastado pocos días del gobierno Boric  para que a todos nos quede claro que ni el PC ni el Frente Amplio controlan para nada la temida “calle”. Y eso porque, si la controlaran, estos serían los tiempos en que la conveniencia política indicaría la necesidad apremiante de demostrar que verdaderamente un gobierno de extrema izquierda es capaz de garantizar la gobernabilidad del país. Lo que estamos comprobando todos los días es que la tal “calle” está absolutamente fuera de control. 

El conflicto en la Araucanía ha entrado en la etapa en que no existe interlocutor válido porque la fuerza motriz es ya múltiple.

El mejor ejemplo de ello es lo que ocurre en la Araucanía. No cabe duda de que hace diez años o más, el conflicto mapuche reconocía líderes de tipo político, pero ahora ese control -cuyos hilos iban a parar a las directivas de grupos como el PC, el MAPU o el MIR- se ha perdido y el conflicto ha entrado en la etapa en que no existe interlocutor válido porque la fuerza motriz es ya múltiple: narcotráfico, delito común, robo de madera, anarquismo y, en última instancia, la causa mapuche, que al parecer importa poco a quienes la han convertido en una guerrilla formal. La realidad demuestra que quienes no pueden garantizar la gobernabilidad son los gobiernos de extrema izquierda y, para nada, los democráticos.  

La pregunta que se impone es: ¿puede el país sobrevivir sin gobierno, si entendemos por tal solo aquellos que son capaces de imponer el respeto a la constitución y las leyes? La respuesta está en la historia y en el juramento que se le toma a todo nuevo mandatario. Ambas cosas apuntan a que no es gobierno el que no puede ejercer el imperio de la ley y del orden público. Bajo ese exigente estándar, Chile lleva varios años sin un gobierno, y se deteriora rápidamente por carecer de un mecanismo institucional para remover a nulidades como Sebastián Piñera o Gabriel Boric.

En esta época en que ya no quedan quienes ignoran la necesidad de gestar una nueva constitución, la que ciertamente no emergerá de ese circo caricaturesco que es la convención en funciones, es bueno y razonable ver la coyuntura como una oportunidad de generar un texto que, además de ser funcional, contemple la remoción de los gobiernos que no pueden controlar al país. Se puede estar seguro de que, cuando ejerzan el poder los regímenes que, como el actual, se generaron en la “calle” y, naturalmente, no pueden ni quieren obligarla a respetar las leyes y el orden público, la seguridad y sobrevivencia nacional estarán en grave peligro.

Se aproximan enormes crisis económicas y para enfrentarlas no sirve un gobierno populista.

Es evidente que, en las actuales circunstancias, el país no puede permanecer en las condiciones en que ahora está. Se aproximan enormes crisis económicas y para enfrentarlas no sirve un gobierno populista, del que solo se puede esperar desorden, inflación, fuga de capitales, escaseces de todo tipo y mercados negros oprobiosos. Es incluso ilusorio pensar en que se puede llegar al día 4 de septiembre en condiciones de que la voluntad popular pueda corregir mediante su expresión en las urnas. La crisis llegará antes que el plebiscito acordado, de modo que hay que prepararse para ello apelando al viejo refrán que asegura que “a grandes males hay que oponer grandes y extraordinarias soluciones”.  

Cabe preguntarse si el gobierno del presidente Boric es capaz de tomarse en serio su calidad de tal y asumir verdaderamente las riendas del país. El precio le sería muy alto, y no tiene a su lado a un Gabriel González Videla al que no le tembló la mano para poner en Pisagua a los dirigentes del PC que en aquellos tiempos sí podían controlar  la “calle”. Mientras Boric se mantenga como marioneta de los afiebrados comunistas y frenteamplistas, esa reacción es completamente utópica porque nada indica que tiene la personalidad y la voluntad para emprender ese duro camino. Si él se atuviera a lo que es normal, o sea, a dejar un puesto que se sabe no es capaz de ejercer, habrá que permitir que las circunstancias le hagan evidente el camino a la puerta de salida. ¿Quién será el “caudillo enigmático” que le muestre esa salida? Nadie todavía lo ve, pero llegará porque los países no mueren a medio camino de su evolución y el nuestro es todavía muy joven.

*Orlando Sáenz es empresario. 

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