En esta semana, distintas instituciones han tenido que soportar una gran tensión. En primer lugar los ciudadanos afectados por la crisis ven cómo los problemas de inflación observados durante el año pasado, generados básicamente por el exceso de gasto de la economía, corresponden a retiros desde las AFP.
En los últimos días hemos visto cómo la presión inflacionaria comienza a ceder, básicamente por la caída en el consumo que se está observando nuestra economía y que ha provocado, el consabido efecto denominado stagflation, el cual combina un estancamiento de la economía con la existencia aún de inflación. Por esta razón, no es correcto decir que el proceso de inflación está controlado, porque si bien la trayectoria de esta es menor, también es cierto que la caída en la actividad económica acentúa la recesión.
En definitiva, la caída del ingreso disponible persiste. Por lo tanto, los trabajadores continúan perdiendo poder adquisitivo. Esta vez a causa del desempleo, el cual, de acuerdo a la última medición correspondiente a junio, se ha incrementado prácticamente en 1 punto. Sabemos que es más drástico aún, porque el desempleo informal también se ha incrementado. El Gobierno ha aumentado prácticamente en 100.000 los empleos públicos. Mis cálculos indican que el desempleo reportado de 8,5 % a junio, en realidad, es una cifra cercana al 10 %.
Sin duda, el otro foco de tensión proviene del llamado escándalo de los convenios. Estos incurrieron en un número importante de instituciones públicas, las que desviaron recursos al sector privado. Se investiga para saber exactamente quiénes son los involucrados y a qué coalición de partidos políticos pertenecen. Estimo que hay unas 45 fundaciones privadas que han recibido recursos públicos para su funcionamiento. En algunos casos, han sido utilizados en gastos personales de los directivos de las fundaciones, probablemente financiamientos políticos, programas como limpieza de bancos de plazas municipales e incluso hasta en lencería femenina, entre varios otros.
Revolución Democrática aparece como el partido más comprometido en estos escándalos, los cuáles deben ser transparentados. El líder y fundador de la agrupación, Giorgio Jackson, no ha asumido la responsabilidad política correspondiente. En realidad, el Gobierno, con excepción de algún subsecretario u otros líderes menores, no ha traspasado los costos correspondientes a otras instancias mayores, como por ejemplo, a los ministros. Tampoco ha iniciado querellas que estén a la altura de esta grave situación.
Claramente, los efectos económicos han comenzado a sentirse. Es difícil que una reforma tributaria pueda acordarse con mayores tributos. Con suma claridad, tendrán que explicar hacia dónde van dirigidos los recursos fiscales. Por otra parte, la incertidumbre que también se genera a los inversionistas privados. Esto no sólo por un posible aumento de impuestos para financiar gastos sociales, sino que también, porque el sector privado observa con mucha tensión que el proceso de inversión en nuestro país está siendo resguardado con máximo cuidado por la falta de seriedad del destino de recursos fiscales comprometidos.
Por un lado tenemos el intento del Gobierno de ofrecer un plan fiscal para recaudar más recursos, el cual no genera credibilidad en el sector privado y ciertamente entre los miembros del Parlamento. Por otra parte, las lamentables declaraciones del Ministro de Hacienda, el cual estableció, que no era necesario el crecimiento para obtener más recursos fiscales.
Las cifras entregadas recientemente por la encuesta Casen, reportaron una baja de la pobreza y una mejora en la distribución del ingreso. Ese cambio positivo se debe al impacto transitorio que hubo en los subsidios entregados desde el Gobierno anterior para mitigar el daño de la pandemia. Estos cambios, como sabemos, son transitorios y van a durar, mientras no se agoten los recursos. De lo contrario, habrá necesidad de financiar estos gastos cada vez con mayor endeudamiento.
La única manera de financiar gastos fiscales en forma permanente es que el país encuentre una trayectoria del crecimiento del PIB, sólida y potente. No creemos que sea sostenible en los próximos dos años. El 2023, la recesión llevará a una caída y por tanto, habrá un descenso en la recaudación. Creemos que el próximo año, la trayectoria de la inversión, no alcanzará para financiar una expansión del PIB, más allá del 2%.
Por último, se ha generado en el Consejo Constitucional diferencias importantes, entre el trabajo de los 50 expertos y las enmiendas que pretenden introducir un grupo importante del Consejo. Estas enmiendas se han concentrado en garantizar libertad para la educación, previsión, salud y otras. Frente al intento de la izquierda y sobre todo del Partido Comunista de no realizar cambios al texto ofrecido por el grupo de expertos, se ha generado tensión que ya está siendo utilizada como una amenaza para que un grupo importante de la izquierda vote contra la aprobación de una nueva Constitución.
Es sorprendente, que aquellos que han perdido importantes concursos electorales, intenten continuar, imponiendo ideas que claramente fueron derrotadas en las urnas.