La reorganización de una empresa puede deberse a un sinfín de motivos, sin embargo, cuando dentro de ellos se encuentran los incendios, los robos de madera y las usurpaciones, el panorama es bastante distinto. Lo conocido esta semana sobre Forestal Arauco debería preocuparnos, y no sólo por el impacto que tiene para el desarrollo local, sino que por cómo la violencia en la Macrozona Sur puede afectar al desarrollo y la inversión.
Grandes, pequeños y medianos empresarios madereros son parte un sector económico relevante para el país, que, junto a rubros asociados como los camioneros y contratistas, generan desarrollo en una de las zonas más golpeadas por la violencia.
US$100 millones fue el costo estimado en 2022 por robo de madera de acuerdo con la Corporación Chilena de la Madera (Corma), más de 100 maquinarias afectada por ataques y más de 400.000 hectáreas quemadas en la temporada de incendios 2022-2023. Además, por supuesto, de los atentados violentos derivados de las orgánicas radicales que operan en esa zona y que se asocian a actividades de crimen organizado y mercados ilegales.
El sector forestal contribuye con entre el 2 y el 3% de PIB, con más de 120.000 empleos directos y más de 180.000 indirectos, situación que podría cambiar con el avance de la violencia y su impacto en la industria.
El cierre de plantas, empresas contratistas y despidos no puede encontrar entre sus argumentos la violencia e inseguridad pues, eso quiere decir que el Estado está perdiendo terreno frente a los grupos criminales. Un contexto económico difícil es algo que puede explicar reorganizaciones y cierres, pero los ataques e incendios no deberían ser parte de esa justificación.
La seguridad es aquel contexto de paz y estabilidad que permite a los ciudadanos alcanzar el desarrollo y bienestar, justamente lo que se ve amenazado hoy en el sur y que obliga a muchos a decidir no invertir, cerrar oficinas y buscar oportunidades en otras latitudes.
Somos libres de invertir y desarrollar nuestro negocio donde nos parezca más adecuado, pero, esa libertad se ve afectada directamente por un número pequeño de grupos violentos organizados que buscan sacar del territorio al Estado y a los privados.
Chile vive una crisis de seguridad que enfrenta al Estado a distintas amenazas y que en la Macrozona Sur se desarrollan de manera simultánea el terrorismo y el crimen organizado. Los actores privados han buscado la manera de lidiar con ellos, modificando sus protocolos, incorporando la variable seguridad a su planificación y adecuándose al aumento de costos que eso significa.
Sin seguridad no hay desarrollo ni bienestar. Hoy más que nunca los chilenos lo están viviendo. Son múltiples los desafíos en esta materia, mucho se ha hablado del rol de las instituciones, pero ya es hora de que se ponga sobre la mesa la necesidad de una voluntad política real para conducir la seguridad. Es hora de decir basta al avance del crimen y responder con fuerza para recuperar el terreno que se ha perdido.
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