Las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) están de vuelta en el debate público, esta vez, con más política que nunca: El Ejecutivo notificando a los líderes de las instituciones militares para no presentarse a la invitación extendida por el Congreso argumentando no querer exponer a las Fuerzas Armadas a la discusión política y una ministra del Interior pidiendo prudencia en las opiniones ya que se están poniendo límites a los militares y Carabineros.
No hay duda en que las instituciones armadas deben estar fuera de la discusión política, pero eso debe darse por las razones correctas. Ellos son no deliberantes, se encuentran subordinados al poder civil y su rol no es político, pero, otra cosa es solicitar su no participación porque las opiniones técnicas que puedan plantear sean contrarias a lo esperado.
Acá aparece un concepto que es fundamental en este tipo de debates: las opiniones técnicas, pues el regular el uso de la fuerza no puede estar influenciado por la confianza o desconfianza de los políticos con las instituciones que cuentan con el monopolio de ella. Y, en este caso en particular, la desconfianza hacia militares y policías podría estar nublando el debate impactando directamente en la elaboración del proyecto de ley.
Las RUF existen porque el uso de la fuerza debe darse dentro de un marco legal, no porque se estén “poniendo límites” como dijo la ministra Tohá. La fuerza se usa en un contexto de legítima defensa, de proporcionalidad y racionalidad. Policías y militares existen para protegernos de amenazas dentro del territorio nacional y de aquellas que provienen del exterior. La manera de hacerlo, usando la fuerza.
En ese sentido, el debate del uso de la fuerza debería contar con las opiniones técnicas pertinentes y no escudarse en la protección a una institución en particular para evitar escucharlas, pues las opiniones son sólo eso, el tomarlas en cuenta o no corresponde a los legisladores.
La discusión sobre el accionar de las FF.AA. en materias de orden público es algo ya comentado, sin embargo, es importante mencionar que un proyecto como este debe ser lo suficientemente claro como para no inhibir la acción de los militares y realizar una contribución real a la seguridad nacional.
También deben despejarse las confusiones entre proporcionalidad y racionalidad. Mientras el primero se refiere a los medios para controlar la situación, el segundo, trata sobre el uso racional de esos medios considerando la amenaza que se enfrenta y el cómo controlarla. No hay que confundir con equivalencia, pues la proporcionalidad no implica igualdad de fuerza. Además, la gradualidad en el uso de ésta por parte de policías es muy distinta a la que se da en el ámbito militar, ya que responden a procedimientos y objetivos diferentes.
Entonces, un debate como este debe, necesariamente, considerar los conocimientos técnicos. El problema, es que detrás de esta discusión se encuentran los prejuicios ideológicos de quienes nos gobiernan.