Recientemente la Convención aprobó, por un margen de dos votos, un artículo en el Reglamento de Ética, referido al negacionismo, del siguiente tenor: “Se entenderá por negacionismo, toda acción u omisión que justifique, niegue o minimice, haga apología o glorifique los delitos de lesa humanidad ocurridos en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, y las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto del estallido social de octubre de 2019 y con posterioridad a este” (art. 23).
No quiero discutir aquí la pertinencia de contar con un artículo sobre negacionismo en el Reglamento de Ética —tema relevante, pero que escapa al foco de esta columna—, sino que bastará con señalar que esta mención se justifica porque, posteriormente, el mismo Reglamento señala que realizar alguna de las conductas de negacionismo es considerado una “Infracción al principio de ética en el ejercicio del cargo” (art. 39). Es decir, estamos ante un concepto que no es un mero principio, sino que puede importar una infracción al principio probablemente más importante para un constituyente, lo que no sólo acarreará desprestigio y mala fama, sino también una cuantiosa multa. A cuidarse, entonces, estimados convencionales de cometer algo tan soez como el negacionismo.
¿Pero qué quiere decir, en la práctica, esta norma? Son varios los puntos que merecen reparos, y que dan cuenta, al final del día, de que la Convención está más preocupada de imponer una visión sesgada y trasnochada de la historia política reciente, que de elaborar el texto de la Nueva Constitución.
De partida, llama la atención de que la noción de negacionismo se centre sólo en Chile (o sea, si yo niego los horrendos atropellos a los Derechos Humanos en Cuba o Venezuela, da lo mismo) y únicamente en dos períodos de la historia: durante la Dictadura de Pinochet, y a partir de octubre de 2019 (y ojo, sin fecha de término). De esta manera, lo que nos está diciendo la Convención es que Chile ha sido una taza de leche, salvo en ambos períodos, en que ha quedado la crema. Y si no opinas lo mismo, eres negacionista, y debes ser sancionado.
En segundo lugar, es tanto o más grave que el Reglamento hable de “acciones u omisiones”. ¿Qué quiere decir esto? En buen chileno, que si un constituyente señala, en el ejercicio de su cargo, que no hay presos políticos post 18 de octubre, no sólo él podría ser sancionado… también cualquier otro constituyente que guarde silencio y no le haga ver su supuesto error conceptual, porque estaría cometiendo negacionismo por omisión. Así, este tipo de normas busca generar un consenso artificial, que no sólo contraviene la libertad de expresión, sino que además apunta a escribir la historia con una versión bastante subjetiva, antojadiza e irresponsable de los hechos. Y para peor, con recursos públicos.
Finalmente, hay que señalar que, conforme al artículo 2 del Reglamento de Ética, el mismo no sólo es aplicable a los constituyentes, sino también a los trabajadores, funcionarios y asesores. O sea, todos ellos también pueden ser sancionados como negacionistas por omisión, sino se apuran a corregir a quien pueda, de forma completamente honesta, señalar expresamente una verdad del porte de un buque: que en Chile no hay, en la actualidad, presos políticos.
Acá no hay que engañarse: no se trata de decir que en Chile no se han cometido abusos a los Derechos Humanos. Los ha habido, lamentablemente, y es bueno recordarlo pues, tal como se puede leer en la galería norte del Estadio Nacional, un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro. Por suerte hoy gran parte de la clase política, que incluye sectores dialogantes de la izquierda y la derecha, tiene un compromiso impostergable con la causa de los Derechos Humanos, con la verdad y con la justicia. Pero ello no puede impedir la legítima y necesaria libertad de expresión y de pensamiento. No hay que olvidar que estas libertades también son un Derecho Humano, y pulverizarlas —aunque sea por un Reglamento de Ética— es lo que divide a los demócratas de los tiranos.
