Las relaciones con los países vecinos, por su propia naturaleza, abordan los temas más sensibles y complejos de la gestión de política exterior de Chile. Y en lo vecinal, la relación  con Bolivia ha demostrado ser la más problemática de todas.

La memoria histórica de esa compleja relación ha dejado importantes lecciones, aprendidas de costosos errores del pasado. El más recurrente de todos ellos ha sido el error que suelen cometer personas y diplomáticos que llegan a altos cargos de la Cancillería, sin experiencia diplomática ni conocimiento acabado de las historia de las negociaciones con Bolivia. Como no conocen al vecino, aceptan y toleran «conversaciones de buena voluntad» con sus contrapartes bolivianas en torno al tema que a ellos más les interesa. A poco andar, quedan entrampados en una agenda que inevitablemente termina en exigencias que implican cesión de soberanía.

El ejemplo más reciente fue el de la Agenda de los 13 puntos. Esta fue considerada un triunfo histórico en Bolivia, pues lograron que las autoridades chilenas de la época repusieran formalmente el tema marítimo en la agenda bilateral, tras décadas de haberlo tratado solo informalmente, como respuesta a un planteamiento unilateral boliviano. Poco tiempo después, la demanda boliviana ante la CIJ presentaba la Agenda de los 13 puntos como prueba de una obligación incumplida por parte de Chile de negociar soberanía. Chile ha pagado altos costos por ese tipo de errores. 

Al momento de impulsar una nueva etapa en los vínculos bilaterales, este es un asunto que no se puede soslayar, menos aún teniendo como referencia el punto de inflexión que significó el fallo de la Corte Internacional de Justicia de 1 de octubre de 2018 sobre la demanda de Bolivia contra Chile buscando establecer por vía judicial una obligación de parte de Chile de negociar una salida soberana al Océano Pacífico, afectando la integridad territorial de Chile.

Dicho fallo puso fin a casi un siglo de intentos bolivianos por impugnar el Tratado de Paz y Amistad de 1904, iniciado por el recurso presentado por Bolivia ante la Liga de las Naciones en 1920 y continuado por múltiples insistencias posteriores ante foros multilaterales. Con el fallo de 2018 de la CIJ, sea cual sea la reacción comunicacional o la interpretación política que le quiera reconocer o desconocer Bolivia, la impugnación del tratado de límites como principal estrategia boliviana pasó a la historia. 

No sabemos aún cuál será el criterio de la Corte respecto del litigio del río Silala. Probablemente reconocerá que el río es un curso de agua internacional, como lo demandó Chile. Sin embargo, es posible un criterio adverso al que sostiene la Agencia chilena respecto del aprovechamiento del Silala, que cuando atraviesa la frontera hacia Chile, sus aguas son entubadas y comercializadas. La demanda chilena pidió a la Corte que reconozca la legalidad del uso actual, pero luego de las preguntas y respuestas entre un juez de La Haya y el abogado de Chile durante los alegatos, abrió las puertas para que el fallo imponga un criterio de uso distinto al que impera en la actualidad. Quizás la Corte ordene el desmantelamiento de los canales artificiales que se construyeron para aumentar el caudal de agua hacia Chile, liberando las aguas y permitiendo la reparación de bofedales y ecosistemas dañados. Un fallo en esa dirección es posible, sintonizaría políticamente con los tiempos actuales, y dañaría de manera sensible la gobernabilidad de los recursos hídricos que Chile comparte con Bolivia, especialmente la canalización en el lado chileno del río Lauca, y los pozos  en la frontera con Bolivia de los que la minera Quebrada Blanca extrae aguas sin acuerdo con Bolivia. Solo dos ejemplos de varios otros que enseñan que, como señalamos cuando nos enteramos de la demanda, el efecto del caso Silala tendrá un efecto dominó a todos los recursos hídricos que Chile comparte con Bolivia, vitales para el abastecimiento del norte chileno. El fallo en el litigio sobre el río Silala permitirá evaluar la pertinencia de una acción diplomática que fue resultado de una decisión unilateral del gobierno en 2016 y que ha sido manejado con escasa visión política.

Cuando se habla de poner en ejecución una nueva hoja de ruta, es de esperar que las conversaciones que se inicien con sentido moderno y de futuro y que toda la cadena de mando en la relación con Bolivia no admitan la posibilidad de repetir los errores como el caso de la Agenda de los 13 puntos. No hay espacio para los errores del pasado, tampoco justificaciones que ameriten un curso distinto al que el país alcanzó con el fallo de La Haya de 2018. Menos caminos solitarios de la Cancillería.

*Jorge Canelas, embajador (r)

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