El origen de la palabra «participar» viene del latín participare (tomar parte en algo), compuesta a su vez de pars (parte) y el verbo capere (tomar, agarrar). En otras palabras, significa formar parte de algo. En este sentido, en democracia la palabra participación tiene un sentido esencial: ser parte de la comunidad política, “tomando parte” en las decisiones que fijan el rumbo de nuestro destino.

Esa fue justamente la promesa de la Convención Constitucional, ya que el proceso no solo tendría un mecanismo de participación, sino que 11, sí, leyó bien, 11 mecanismos distintos de participación ciudadana o “popular”. Si bien es cierto, esa fue la promesa, a estas alturas debemos consensuar que se encuentra en estado fallido, pues parafraseando al reglamento de la Convención se suponía que la participación sería incidente y vinculante, nada más alejado de la realidad.

Pareciera ser que hay un sector de nuestra sociedad que se contenta con establecer altos estándares en el papel y una baja calidad en la ejecución, no importándoles las consecuencias prácticas de esta disociación entre el decir y el hacer.

Lo hemos visto con la poca claridad con que se han llevado a cabo los encuentros autoconvocados, pues según hemos visto, de los más de 300 encuentros realizados no queda claro de qué forma sirvieron de insumo para la deliberación, o siquiera si los convencionales habrán tenido la posibilidad de tenerlos a la vista para ilustrar sus intervenciones y propuestas.

Otro tanto ha ocurrido con las audiencias públicas de las comisiones temáticas, que generaron gran inconformidad por los criterios que se utilizaron para seleccionar a los interesados en participar, dejando afuera a personas y organizaciones que tenían valiosos conocimientos e información para ilustrar el debate. Por otro lado, las jornadas nacionales de deliberación y los foros deliberativos nunca se llevaron a cabo.

Lo anterior, sin considerar los graves incumplimientos de obligaciones internacionales al realizar una consulta a pueblos indígenas que se planteó sin perseguir su principal objetivo, que es tratar de llegar a un acuerdo con sus instituciones representativas, sino que, más bien, se trató de validar la opinión (sesgada) de los escaños reservados, como si el proceso se tratara de un contrato de adhesión en el que se tuviera que manifestar si coincidíamos o no con la forma de pensar de dichos convencionales. En este caso la audacia llegó a tanto que, incluso, se aprobaron por el pleno normas que podían afectar a pueblos indígenas, aun antes de terminar la consulta propiamente tal.

Sin embargo, lo que estos últimos días ha causado más sorpresa, es el intento de torcer la realidad por parte de la mesa directiva de la Convención Constitucional, al consignar en un comunicado formal que el 91,5% de las propuestas de las iniciativas populares de normas habrían sido incorporadas en el borrador de la Nueva Constitución, cuando lo cierto es que según los datos disponibles, la mitad de dichas iniciativas fue rechazada en la discusión en general (primera etapa de deliberación) sin saberse, aún, cuantas de las restantes fueron rechazadas en la discusión en particular (segunda etapa de deliberación).

En definitiva, nos queda la duda de si la forma como se llevaron a cabo las diversas instancias de participación permitiría afirmar que la ciudadanía ha “tomado parte” del borrador de la Nueva Constitución, pues pareciera ser justamente lo contrario, es decir, más bien habríamos sido marginados del proceso.

*Iván Cheuquelaf Rodríguez es abogado.

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