La reciente aprobación de normas que generan amplio rechazo entre los expertos y que no han funcionado bien en ninguna otra parte refleja un insensato voluntarismo por parte de la convención constitucional. Los constituyentes tal vez creen que ellos podrán ser los primeros en inventar una rueda cuadrada. O simplemente ignoran que las normas que han votado favorablemente equivalen a querer combatir el Covid-19 bebiendo óxido de cloro. Como sea, sus decisiones demuestran la incapacidad de ese órgano para redactar una constitución que diseñe instituciones conducentes al desarrollo económico y democrático y a la inclusión social. 

A diferencia de la constitución de 1980, promulgada en dictadura —aunque fue modificada decenas de veces en democracia y que, desde 2005, lleva la firma del presidente Ricardo Lagos—, la constitución que ahora redacta la convención constitucional tiene un origen incuestionablemente democrático. Aunque el acuerdo que dio pie al proceso constituyente está marcado por la violencia del estallido social de octubre de 2019, los miembros de la convención fueron electos democráticamente. Pero la legitimidad de origen no basta para legitimar el resultado del proceso. La constitución que está siendo redactada, por lo que hasta ahora hemos visto, tiene muchos artículos que debilitarán las instituciones democráticas, corroerán los derechos de propiedad y, en suma, empeorarán la calidad de la democracia chilena. Luego, aunque la nueva constitución cumpla con el requisito de legitimidad de origen, reprobará el requisito de legitimidad en su contenido.  

Abundan los ejemplos sobre las normas insensatas que están siendo votadas favorablemente en las comisiones y en el pleno. La propuesta de establecer un congreso unicameral es tal vez la que más cobertura mediática ha recibido. No hay ninguna evidencia en estudios comparados que muestren empírica o teóricamente que un sistema presidencial unicameral sea mejor que uno bicameral. Es más, los estudios sobre el proceso legislativo en Chile muestran lo importante que ha sido el Senado en el proceso legislativo. A su vez, la existencia del sistema de comisión mixta —que se forma cuando una cámara rechaza un proyecto aprobado o modificado por la otra cámara— facilita la formación de acuerdos y fortalece la posición de negociación del Congreso ante el Ejecutivo.

Pero la convención simplemente ha optado por ignorar la evidencia y ha impulsado la creación de un congreso unicameral. Eso, por cierto, obligará a la realización de elecciones legislativas poco después de que entre en vigencia la nueva constitución —en caso de que se dé lo esperado, y la mayoría de las personas voten a favor del nuevo texto. La inconveniencia de realizar nuevas elecciones legislativas afectará también la capacidad del nuevo gobierno de comenzar a materializar su programa. El país ya lleva más de dos años sumido en la incertidumbre del proceso. Lo último que necesitan los chilenos es alargar esa incertidumbre con nuevas elecciones legislativas a fines de 2022.

La decisión del pleno de la convención de votar a favor de la creación de 11 sistemas de justicia paralelos al Poder Judicial que actualmente existe sumirá al proceso judicial en un caos y desorden mayor. Es verdad que hay otros países en el mundo que exitosamente han implementado sistemas de justicia para sus pueblos originarios -y lo han hecho de forma gradual y con mucho ensayo y error en el tiempo-, pero el alcance de lo que ha votado la convención constitucional es mucho mayor. 

Finalmente, la decisión de promover la descentralización incluyendo un componente fiscal a nivel de regiones (que ni siquiera sabemos si seguirán siendo 16 o aumentarán) abrirá las puertas del infierno en lo que a disciplina fiscal respecta. Si las regiones pueden endeudarse y establecer sus propios impuestos, la situación fiscal del país empeorará. La evidencia comparada en América Latina muestra lo dañino que resulta avanzar de esta forma hacia una mayor descentralización fiscal.

Cual Donald Trump, sugiriendo que la gente consuma desinfectantes para combatir el Covid-19, la convención constitucional ha optado por emprender un camino insensato y autodestructivo al aprobar normas cuyo contenido claramente dañará la calidad de la democracia y obstaculizará el desarrollo económico futuro del país. El voluntarismo ignorante que ha mostrado en las votaciones que se han realizado en comisiones y en las que se realizaron esta semana en el pleno no solo pone en riesgo la fortaleza institucional del país, sino que además eleva a Chile a un preocupante nivel de dogmatismo y fe ciega en las creencias propias contra toda la evidencia acumulada. En el pasado, los países que emprendieron ese camino siempre terminaron mal. Es cierto que la convención constitucional probablemente dirá que esta vez, las cosas van a ser distintas. Pero aquella misma historia que la convención se niega a leer nos enseña que la insensatez nunca llevó a buen puerto. 

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