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Publicado el 10 de enero, 2020

Patricio Navia: Mis razones para votar que no (II)

Sociólogo, cientista político, académico UDP Patricio Navia

La democracia que hoy tenemos es una democracia que vale la pena defender, que corresponde mejorar y que, parafraseando el preámbulo de la constitución estadounidense (A more perfect union), nos permite avanzar gradual, pragmática pero siempre decididamente hacia la construcción de una mejor república con un contrato social que siempre evolucione y vaya mejorando, como diría Patricio Aylwin, en la medida de lo posible.

Patricio Navia Sociólogo, cientista político, académico UDP
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Uno de los argumentos más poderosos que se presentan para criticar la constitución actual es su ilegitimidad de origen. Resulta inútil negar ese hecho y es poco convincente relativizarlo aludiendo a que ese problema lo tienen también otras constituciones del mundo —y todas las chilenas anteriores a la de 1980. Pero hay un razonamiento que vale la pena articular. Un gran mérito de la sociedad chilena es que pudimos desarrollar una democracia vigorosa y dinámica a partir de una constitución diseñada, precisamente, para obstruirla. Igual que un árbol que crece firme y fuerte en el desierto, nuestra democracia creció y se consolidó pese al origen ilegítimo de la constitución. Es más, porque Chile vive en democracia, los amarres y enclaves autoritarios de la constitución han podido ser eliminados y el país goza hoy —salvo por la violencia que se ha apoderado de muchas calles del país en las últimas semanas— de un estado de derecho democrático.

Es innegable que la Constitución de 1980 carece de legitimidad de origen. Impuesta por la dictadura en 1980, fue diseñada para obstruir el libre ejercicio de la democracia. Después del plebiscito de 1988, un paquete de reformas —ratificado popularmente en 1989— eliminó varios enclaves autoritarios. Ya en democracia, una serie de reformas adicionales —incluido el ambicioso paquete promulgado en 2005 durante el gobierno de Ricardo Lagos— suprimió otros vestigios dictatoriales.

Hay algunos hoy que sorpresivamente alegan que la constitución sigue teniendo resabios autoritarios, pero no logran identificar cuáles son. Irrisoriamente, todavía mencionan al sistema electoral binominal (que fue abolido en las reformas de 2015). Otros, equivocadamente, apuntan a los poderes y atribuciones del Tribunal Constitucional, a los numerosos requisitos de super mayorías, al no reconocimiento de los pueblos indígenas o al rol subsidiario del Estado. Si bien hay buenas razones para argumentar a favor de cambios a esos artículos de la Constitución, es impropio etiquetarlos de antidemocráticos. Muchas constituciones democráticas del mundo tienen requisitos de quórums altos como la chilena, limitan el rol del Estado en la economía o la provisión de servicios, desconocen a los pueblos originarios o tienen tribunales constitucionales excesivamente poderosos. Hay aspectos que son polémicos e incluso, desde mi perspectiva, inconvenientes. Pero uno no puede de buena fe descalificarlos etiquetándolos de antidemocráticos.

El mejor argumento respecto a la ilegitimidad de origen se basa en que, pese a ello, esta Constitución ha visto la consolidación de una democracia.

La crítica a la ilegitimidad de origen es válida. La Constitución de 1980 puede ser entendida como un hijo que nace de una violación. Hay un pecado original —un crimen— que es violento e indeseable. Pero 40 años después —y 30 años después de que comenzó a regir los destinos de la entonces naciente democracia— el problema de la ilegitimidad de origen debe ser sopesado con el innegable hecho de que Chile vive hoy en una democracia plena. Nadie debiera intentar desconocer el pecado de origen —la ilegitimidad que la vio nacer. Es más, me parece poco convincente alegar que hay otras constituciones en el mundo que también tienen ese problema de ilegitimidad —desde la constitución de Japón en la posguerra hasta la constitución estadounidense, promulgada en 1787 por un grupo de hombres blancos, muchos de ellos dueños de esclavos. Tampoco ayuda mucho argumentar que la Constitución de 1925 tenía también un problema de ilegitimidad de origen. Es mucho mejor conceder el punto.

Tampoco sirve sugerir que fue profundamente modificada en 2005 —y que el propio Presidente Ricardo Lagos habló de que Chile ahora finalmente tenía una constitución que nos unía como país. Ni mencionar las más de 40 modificaciones que ha tenido desde que se recuperó la democracia en 1990. El mejor argumento respecto a la ilegitimidad de origen se basa en que, pese a ello, esta Constitución ha visto la consolidación de una democracia. Los enclaves autoritarios fueron una camisa de fuerza que, finalmente, terminó cediendo ante esta democracia que creció y se desarrolló plenamente. El gran mérito de Chile es, precisamente, haberla podido construir. Por eso, la democracia que hoy tenemos es una democracia que vale la pena defender, que corresponde mejorar y que, parafraseando el preámbulo de la constitución estadounidense (a more perfect union), nos permite avanzar gradual, pragmática pero siempre decididamente hacia la construcción de una mejor república con un contrato social que siempre evolucione y vaya mejorando, como diría Patricio Aylwin, en la medida de lo posible.

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