Mucha gente ha depositado su esperanza en que el presidente electo Gabriel Boric gobierne con la moderación que privilegió en la campaña de segunda vuelta y no con las posiciones extremas que ha defendido durante gran parte de su carrera política. Pero incluso si opta por replicar el pragmatismo de los gobiernos de la Concertación, la convención constitucional buscará avanzar con el plan refundacional que amenaza con desmantelar el exitoso Chile que construimos entre todos a partir de 1990 y remplazarlo con un modelo que no privilegia ni la fortaleza institucional ni la promoción de la inversión y el crecimiento. Aunque Boric reniegue de su pasado y se convierta en el modelo de presidente que siempre criticó, la convención constitucional seguirá representando una poderosa amenaza para los esfuerzos por lograr que Chile se convierta en un país desarrollado.
En los últimos meses, las campañas presidencial y legislativa opacaron a la convención constitucional. Comprensiblemente, muchas personas estaban más interesadas en saber quién sería el sucesor de Sebastián Piñera y cómo quedaría compuesto el próximo congreso. Pero ahora que ya tenemos presidente electo y que sabemos que en el próximo periodo la Cámara de Diputados estará en manos de la izquierda y el Senado estará dividido en partes iguales para la izquierda y la derecha, la atención vuelve a centrarse en las deliberaciones de la convención constitucional.
Si bien hay interés en saber qué privilegiará el presidente Boric, cuál será su primer equipo de gobierno y qué decisiones tomará apenas asuma el poder, la opinión pública comienza a darse cuenta que si bien él llevará las riendas del país por los próximos meses, el impacto que tendrá la convención constitucional sobre el futuro de Chile será mucho mayor.
De partida, la convención puede decidir alterar el sistema político de forma tal que se justifique la realización de nuevas elecciones presidenciales o legislativas para reflejar la nueva estructura institucional. Más aún, la convención tendrá, al menos mientras permanezca en funcionamiento, la última palabra respecto a las reformas que busque impulsar el nuevo gobierno e incluso respecto a los acuerdos a los que llegue el gobierno de Boric y el nuevo congreso. Si el gobierno y el congreso deciden mantener las AFP como uno de los pilares del sistema de pensiones, la convención constitucional fácilmente puede establecer como principio constitucional que se acaban las AFP y que el sistema de pensiones deberá ser exclusivamente estatal. De igual forma, si el gobierno y el congreso deciden reformar a Carabineros, la convención constitucional puede imponer su voluntad al establecer en el nuevo texto constitucional una institución policial diferente.
Es verdad que lo que decida la convención constitucional deberá ser primero ratificado por una mayoría de los votantes que se tomen la molestia de participar en el plebiscito de salida. Pero como las encuestas muestran que la gente quiere una nueva constitución, parece razonable suponer que lo que proponga la convención constitucional será aprobado por la población. Tal como unos suegros que no gustan mucho de su nuera, pero están felices con el hecho de que pronto nacerá un nieto, los chilenos pudieran continuar mostrando su rechazo a la convención y a la vez expresar apoyo al nuevo texto constitucional que ésta pronto comenzará a redactar. Más aún, precisamente porque la convención podrá conocer detalladamente las preferencias de la opinión pública antes de aprobar el texto definitivo, parece poco probable que osadamente presente un proyecto final que corra el riesgo de ser rechazado en el plebiscito de salida.
Por eso, al menos hasta que la convención termine su trabajo —cuestión que pudiera ocurrir después de que se cumpla el plazo original del 4 de julio de 2022—, el Presidente Boric y el Congreso Nacional estarán con una camisa de fuerza impuesta por el singular calendario electoral y constitucional que rige a Chile hoy. Si Boric y el Congreso se atreven a tomar decisiones que van en contra de lo que quiere la mayoría en la convención, esas reformas que impulse el nuevo gobierno probablemente serán anuladas en el contenido de la nueva constitución. Para evitar eso, Boric y el Congreso deberán tomar en cuenta lo que quiere la convención. Después de todo, él no tiene capacidad para imponer su voluntad ante ella, mientras ésta puede unilateralmente acortar el periodo presidencial o del Congreso recientemente electo.
Precisamente porque tiene poderes y atribuciones que exceden con creces aquellos que tendrá Gabriel Boric o el nuevo Congreso cuando asuman sus funciones el 11 de marzo, la convención constitucional rápidamente se está posicionando como el centro del poder político en el país. A partir de las señales que ha enviado y de la composición fuertemente anti-modelo económico de libre mercado que tiene una mayoría de sus miembros, la convención constitucional es hoy por hoy la principal amenaza a la consolidación de un sistema capitalista que nos permita convertirnos en un país desarrollado con oportunidades para todas las personas que habitan este país.