Los niños desertan de la educación. Si van, no hay clases por la inseguridad (tomas en Santiago o terrorismo en La Araucanía). Si hay clases, en muchos casos, los corrompen. Para que estudien o para que no sean ideologizados, algunos padres deciden sacarlos. Es un círculo vicioso.
Los niños están expuestos a una ideologización corruptora. Es ideológica porque se sabe poseedora de la clave del verdadero ser de la persona y de la sociedad, pasando a ser la única interpretación completa y válida. Es corruptora, pues significa un deterioro de los valores y costumbres, y en el caso de los niños, de su inocencia.
La ideologización corruptora tiene dos corrientes principales, una política y otra de género. El adoctrinamiento político se manifiesta principalmente en las clases de historia y educación cívica, ocupadas como semilleros de ideas revolucionarias y legitimación para protestar violentamente por las más diversas causas. El adoctrinamiento de género ocurre en las clases de biología, de lenguaje y de educación sexual, en donde se inculca que la ciencia -al igual que el derecho- es un dato dúctil a la subjetividad, que lo inclusivo -y obligatorio- es ocupar los pronombres que cada uno decida y que la sexualidad depende, en última instancia, de la propia autopercepción. Ambos tipos de adoctrinamiento se aplican hoy en día, con diversa gradualidad e intensidad, en los establecimientos educacionales.
Dentro del adoctrinamiento de género, se enfatiza un pilar central: la concepción de una autonomía y libertad total sobre su propio cuerpo. Una consecuencia de esto es la relativización del consentimiento sexual por los menores de edad. En palabras de la ministra de Igualdad de España, Irene Montero: “Todos los niños, las niñas y les niñes de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber, que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho que a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento.”.
Pero quienes defienden estas posturas, amparados en los “estudios de género”, no se hacen cargo de las últimas consecuencias que tienen la aplicación de estas teorías. El último caso que sacudió al país fue el descubrimiento de dos tesis de la Universidad de Chile que promovían la pedofilia, amparándose en estos conceptos ideológicos.
Pero no es solo al interior de las escuelas en donde los niños están expuestos a una corrupción de su inocencia, sino que los lugares públicos también son motivo de preocupación. Basta repasar algunos eventos del año pasado: en marzo, el mural del Parque San Borja con imágenes de sexo explícito elaborado por el colectivo artista erótico OjoPorno, y la propuesta de norma constitucional de la Convención sobre el derecho a una única educación sexual integral enfocada en el placer y desde la primera infancia; a fines de agosto, el acto por el Apruebo en Valparaíso que terminó con un show familiar de transformistas denigrando de forma obscena la bandera frente a los niños presentes; o en diciembre, la performance en el GAM “Cuerpa roja”, promocionado “¿Quieres explorar el potencial del cuerpo? Este es un estreno de diseño en movimiento y corporalidad, que explora en identidad, género y las posibilidades de un nuevo ser”.
Todos estos hechos fueron ampliamente difundidos y conocidos, pero que, a lo largo del año, ocurrieron una y otra vez.
La cultura, la educación y la política borran con el codo lo que escriben sobre la protección de los niños, de modo que estos, una y otra vez estarán expuestos a ser ideologizados. Los padres y apoderados son cada vez más conscientes de esta marea que avanza dentro y fuera de sus hogares, pero en vez de recibir apoyo, se destruye legislativamente la patria potestad y su obligación de educar a sus hijos.
Si a los niños se les enseña a que deben ser tratados como adultos, aun a costa de contradecir a sus padres, a que la violencia sí es la forma de exigir justicia o que está bien si “se sienten encerrados en un cuerpo” y quieren transitar a otro, se les provocará un daño, en muchos casos, irreparable. Y no será el funcionario público (legislador, juez o burócrata) el que pague los costos de esas decisiones. Será la conciencia del niño, la autoridad de sus padres y la armonía de esa familia.
*Roberto Astaburuaga es abogado de Comunidad y Justicia