Bien es sabido que varios países sudamericanos son los mayores productores mundiales de hoja de coca. Los principales sembradíos de este cultivo se encuentran ubicados en Bolivia, Perú y Colombia, y una parte crucial se dedica a la producción de cocaína. En territorio neogranadino operó, además, la presencia de grandes carteles del narcotráfico durante los años 80, poniendo desde entonces a este país en el centro de la lucha mundial contra el narcotráfico. Progresivamente serían las FARC y ELN, organizaciones guerrilleras de larga data en territorio colombiano, las que tomarían el relevo en este negocio, extendiendo sus operaciones a países vecinos como Venezuela, Ecuador y Panamá.
En Centroamérica y el Caribe la actividad se centra, principalmente, en el control de las rutas del tráfico de drogas desde Sudamérica hacia los principales mercados de Occidente: Europa y los Estados Unidos. Los carteles mexicanos destacan en este sentido, tanto por el volumen de sus operaciones como por su despliegue de medios. Organizaciones como el Cartel de Sinaloa o Jalisco Nueva Generación controlan hoy grandes territorios, numerosas vías de comunicación y amplios medios de transporte, disponiendo también de un notable armamento (así como de la voluntad de usarlo) e influyendo poderosamente sobre toda clase de autoridades políticas. También Venezuela, estado que durante el siglo XXI se ha ido marginando progresivamente de la legalidad internacional, se ha convertido en una importante plataforma de distribución de drogas hacia el hemisferio norte, con anuencia o participación directa de sus autoridades políticas. Por su parte, países como Honduras o República Dominicana alojan algunas de las rutas más transitadas por el narcotráfico.
Ahora bien, desde hace unos 4 ó 5 años, también Chile ha comenzado a concentrar un interés cada vez mayor en estos asuntos. El país ofrece actualmente varias ventajas para quienes se dedican al peligroso y lucrativo negocio del tráfico de drogas, incorporando tanto a emprendedores locales como a grandes carteles extranjeros que se encuentran expandiendo su radio de acción y control.
En primer lugar, cabe destacar que Chile mantiene fronteras directas con dos de los mayores productores mundiales de hoja de coca y pasta base, como son Perú y Bolivia; esto sin duda facilita las operaciones.
En segundo lugar, el desarrollo de una economía netamente orientada a la exportación de bienes primarios, sólidamente anclada en una amplia arquitectura de acuerdos comerciales con mercados muy diversos, permite a los buques que parten de puertos chilenos llegar con relativa facilidad a Europa, Norteamérica, Asia y Oceanía. Cerca del 80% del tráfico mundial de mercancías se desplaza por vía marítima, y las drogas no son una excepción. La posición geográfica del país lo hace particularmente atractivo para la exportación de cocaína hacia Australia y Nueva Zelanda, precisamente los mercados en los que esta droga adquiere sus precios más elevados.
En tercer lugar, siempre existe un rezago entre el súbito aumento de actividades de un determinado tipo delictivo y la capacidad de los cuerpos y protocolos de seguridad del Estado para enfrentarlo, con lo cual usualmente resulta atractivo iniciar o incrementar la explotación de mercados sub-aprovechados. Los narcotraficantes han detectado, por ejemplo, ciertas ventajas y flexibilidades que durante las últimas décadas han existido en los puertos chilenos (debido a las políticas de activa promoción de exportaciones) para emplear así dichas instalaciones. Asimismo, organismos como Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Directemar han constatado la necesidad de actualizar sus capacidades y rango de acción para afrontar una problemática que de por sí requiere un gran trabajo de inteligencia, mucho patrullaje y una eficaz cooperación internacional.
En cuarto lugar, la situación económica de Chile lo ha convertido, durante la última década, en uno de los mercados internos más atractivos de la región. Si bien la mayor parte de la droga producida en Sudamérica es destinada a la exportación hacia países con alto poder adquisitivo, también es verdad que la existencia de mercados regionales con cierta capacidad de consumo generará siempre incentivos para su aprovechamiento. En este sentido, cabe recordar que el PIB per capita chileno es aún, junto con el de Panamá, el más alto de la región.
En quinto lugar, podríamos mencionar también factores coyunturales de carácter político y social que simbióticamente podrían estar imbricándose con el aumento del narcotráfico en el país. Por un lado, la pandemia parece haber constituido una oportunidad muy favorable para que ciertas organizaciones narcotraficantes intenten ampliar su control territorial, dado el repliegue a los hogares propiciado por esta situación excepcional. Así parecen demostrarlo los más recientes informes del Observatorio del Narcotráfico de la Fiscalía de Chile. Recordemos que el territorio es importante para los narcos en lo que respecta a zonas de venta, vías de tránsito y transporte, y para contar con áreas de refugio y (como demuestra el reciente incremento de cultivos de cannabis en el país) de producción local.
Por otro lado, la creciente vinculación con el narcotráfico por parte de algunas organizaciones que no se desmarcan del uso de la violencia en su intento por alcanzar un mayor control territorial (sobre todo en el sur del país), así como el descrédito de diversos organismos del Estado, algunos discursos políticos ambiguos en materia de drogas y la incertidumbre que genera el profundo cambio de reglas del juego que se encuentra actualmente en curso, son factores que indudablemente constituyen oportunidades para el narco en Chile. Las razones que existen para preocuparse por el incremento del narcotráfico a corto y mediano plazo reclaman también una mayor atención y compromiso por parte de toda la sociedad. Chile aún está a tiempo de poner coto a un problema que corroe profundamente a varias naciones vecinas.