El oficialismo trabaja a gran velocidad para sacar pronto un Acuerdo que supuestamente contendría modificaciones a la Constitución. Pero la verdad es que ese Acuerdo no se podría cumplir.
No se podría cumplir, en primer lugar, porque quienes tendrían la responsabilidad de honrarlo no desean hacerlo. El convencional comunista Marco Barraza ha dicho que “es un texto muy equilibrado”; el convencional del Frente Amplio Fernando Atria dijo: “Creo que no hay nada que se requiera reformar”; Daniel Jadue: “La Nueva Constitución está quedando hermosa” y el jefe, Guillermo Teillier: “Yo no sé qué podríamos mejorar a la nueva constitución. El 99% de la Constitución se debe mantener”. En una entrevista posterior, Teillier matizó sus dichos, pero no cambió el fondo. Consultado por la plurinacionalidad dijo que no cambiaría. En relación al Senado dijo que a lo más se podía conversar sobre el nombre de la Cámara de las Regiones, pero de ninguna manera alterar las funciones que están en el texto. En relación al precio justo señaló que podría legislarse por ley, pero no en la Constitución.
Pero no sólo Apruebo Dignidad está en contra de cambios sustantivos. Lo propio ha dicho Paulina Vodanovic del Partido Socialista. Imagine usted un escenario en que ha ganado el Apruebo. ¿Ve usted voluntad de los políticos que apoyan al gobierno para hacer cambios a la constitución triunfante? Aunque la tuvieran, ¿ve usted la valentía de ellos para enfrentarse a movilizaciones en la calle de quienes se sienten triunfadores y no querrán ni oír hablar de reformas?
La segunda razón por la que no se podría cumplir el Acuerdo es que, aun cuando cambiaran la voluntad y la templanza de los dirigentes de Apruebo Dignidad y lo intentaran, es técnicamente muy difícil cambiar la Constitución. Primero, por el consentimiento indígena, que requiere del acuerdo de los pueblos originarios para cambiar cualquier norma que les afecte en sus derechos constitucionales. Segundo, porque modificar la nueva constitución es mucho más difícil que la actual (que se podrá modificar por 4/7), ya que requiere, para algunas materias, que las reformas sean aprobadas por un plebiscito, a menos que en la votación en ambas cámaras se hubiera alcanzado 2/3 de los votos de sus integrantes.
La tercera razón de la inviabilidad del Apruebo para reformar es de carácter legal. El artículo 142 de la Constitución vigente señala textualmente: “Si la cuestión planteada a la ciudadanía en el plebiscito nacional constitucional fuere aprobada, el Presidente de la República deberá, dentro de los cinco días siguientes a la comunicación de la sentencia referida en el inciso anterior… proceder a promulgar y publicar quedando derogada la actual Constitución”. Algunas de sus normas son de aplicación inmediata. Las doce naciones de pueblos originarios tendrán sustento legal, ¿alguien cree que podría eliminarse alguna? Los derechos de agua caducarán ipso facto. Las normas sobre el sistema de justicia indígena estarán vigentes. Muchas de las normas aprobadas serán, en consecuencia, irreversibles.
Por algunas de estas razones hasta el momento de escribir esta columna ya se hablaba de un Acuerdo acotado.
El presidente Boric ha dicho que va a garantizar que el Acuerdo se implemente. Con respeto presidente, pero las dificultades que hemos señalado lo ponen en duda y también su facilidad para cambiar de opinión. Pero la razón definitiva por la cual no podrá cumplirse ese acuerdo es que todo indica que ganará el Rechazo. Los partidos oficialistas trabajan denodadamente para tener algún acuerdo, aunque sea para que tenga algún efecto en las encuestas que se darán a conocer el fin de semana. Modesto objetivo de un gobierno que parece haber perdido completamente el rumbo.
*Luis Larraín es economista.