¡Ay del gobierno que asuma en marzo de 2018! La Presidenta Bachelet le dejará como legado dos mochilas muy recargadas: una con reformas de envergadura institucional y social a medio camino, hoy mayoritariamente rechazadas por los chilenos; y otra con millonarios gastos comprometidos y sin financiar.
La reforma tributaria estará totalmente implementada recién en el 2018, cuando el impuesto a las empresas alcance el 27%. Si Chile está enfrentando los efectos de un alza de impuestos y del fin de los incentivos al ahorro desde fines de 2013, cuando la candidata con mayores probabilidades de ganar las elecciones presidenciales anunció la reforma, a partir de 2018 su magnitud probablemente sea mayor.
Un crecimiento económico menos que mediocre no permitirá recaudar los recursos que se prometieron por la reforma tributaria; aumentará el endeudamiento de Chile; y amarrará las manos de un próximo gobierno –del color que sea– financieramente restringido para desplegar un programa que invierta en Salud, Educación y Seguridad.
En cuanto a la reforma educacional, la ley que puso fin al lucro, el copago y la selección en los colegios particulares subvencionados (y que el gobierno bautizó como “Ley de Inclusión”, porque la izquierda tiene una habilidad envidiable para manejar el lenguaje), estará totalmente en régimen en el 2034, cuando el Estado absorba el último tramo del copago. Luego, solo a partir de diciembre de 2017 sabremos el total de colegios que habrá optado por mantenerse como subvencionados y cuáles pasarán a ser privados o simplemente cerrarán sus puertas, impedidos de continuar con sus proyectos educativos con las condiciones impuestas por la reforma.
Las otras leyes de la reforma educacional tienen un calendario incierto, todavía no se envían al Congreso los proyectos de gratuidad para la educación superior (reducida por ahora a una indigna “glosa presupuestaria”) y el de desmunicipalización. En cualquier caso, ninguna de las dos leyes estaría plenamente implementada antes de seis o más años.
En cuanto a la Nueva Constitución, nada quedará resuelto durante este período presidencial: ni el mecanismo (el próximo año se propondrá una reforma para “habilitar” al próximo Congreso a elegir entre cuatro caminos), ni tampoco la orientación de la Constitución, que es, en buenas cuentas, la madre del cordero: qué derechos va a consagrar, cuáles de los que hoy están protegidos quedarán debilitados y qué estructura institucional se le dará a Chile.
El parto constitucional va a tomar una década, desde los albores de un debate totalmente forzado a partir de 2011, hasta el año 2020 o 2021, cuando probablemente se convoque a un plebiscito, de acuerdo al calendario que se nos informó por cadena nacional esta semana. En síntesis: un cronograma engorroso y confuso y una década de incertidumbre respecto de la norma más importante de una república.
Si la mochila de las reformas a medio camino es muy pesada, la de las deudas es todavía peor. El gobierno de la Nueva Mayoría ha comprometido para los próximos 10 años gastos no financiados por cerca de 2.600 millones de dólares anuales, entre reformas ya aprobadas y proyectos en discusión (el detalle puede verse en el “Informe de Coyuntura: Proyección del Gasto Fiscal a 10 años”, de la Fundación Avanza Chile).
Así las cosas, el próximo gobierno recibirá un país con una economía frenada y más endeudado, producto del menor crecimiento y del gasto público irresponsable desde marzo de 2014. Las autoridades que asuman en marzo de 2018 tendrán que enfrentar, además, un probable traslado de matrículas desde los colegios particulares subvencionados a la educación municipalizada, que a su vez estará en su propio proceso de reforma, de aprobarse la desmunicipalización; y continuar con los compromisos para la gratuidad en la educación superior, cuyo camino es hoy más incierto que nunca.
Por si lo anterior fuera poco, la Presidenta Bachelet ha decidido traspasar al próximo gobierno su compromiso por una Nueva Constitución. Además de todos los efectos que tiene para Chile mantener hasta entonces la incerteza jurídica, uno puede imaginar cómo será conducir ese desafío monumental en un Congreso que pasa de 158 a 205 parlamentarios y con una representación política muy dispersa (dadas las facilidades que el nuevo sistema electoral da para levantar candidaturas por fuera de las coaliciones y fundar movimientos y partidos políticos).
Ya puede usted entender, entonces, el real significado de las palabras de la Presidenta Bachelet en su discurso en el Teatro Caupolicán hace dos semanas: «…esta es una historia que será larga, porque sé que es profunda. Por eso es que tenemos que saber que esto no se acaba aquí, que la unidad de los democrataprogresistas no es flor de un día; por el contrario, este impulso no debe detenerse, sino que consolidarse y proyectarse”.
Me temo que para Chile la historia podría ser demasiado larga. Y la flor demasiado costosa.
Isabel Plá, Fundación Avanza Chile.
FOTO: FRANCISCO FLORES SEGUEL/AGENCIAUNO