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Publicado el 10 de junio, 2020

Javier Infante: Parvulitos sacrílegos

Abogado Javier Infante

Dada la reciente aprobación de la ley que restringe la reelección de parlamentarios, es de esperar que muchos de ellos opten por presentarse como candidatos a la Convención. Si a ello sumamos que la composición de esta puede ser completamente nueva o bien compuesta a medias por Congresistas, nos da como resultado que es muy probable que un número importante de Constituyentes -en ambos supuestos-, sea ex miembro del Congreso Nacional. ¿Respetarán las reglas de la Convención los que previamente no respetaron la Constitución y las Leyes? Presumiblemente no.

Javier Infante Abogado
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Hace unos días, en una entrevista concedida a Radio Agricultura, el ex Ministro de Hacienda Eduardo Aninat se refirió al estado de la Cámara de Diputados como una especie de kindergarten, dado los niveles de “anarquía, figuración, de ansiedad total que allí se vive”.

Y no es para menos. Lamentablemente el ex Ministro no pudo ver el estado deplorable de la discusión que tuvo lugar en el Senado pocas horas después de sus declaraciones, a propósito del proyecto de ley que busca limitar la reelección a cierto número de períodos en el Congreso. Si la entrevista hubiese sido después, quizá los calificativos proferidos se tuviesen que haber aplicado no sólo a la Cámara, sino que también al Senado. La mezquindad demostrada por muchos senadores, la precariedad intelectual de sus intervenciones, el infantilismo de sus argumentos y la falta de sentido de la realidad, dejaron como recuerdo uno de los episodios mas vergonzosos de la discusión política chilena.

Al lamentable espectáculo se suman también las posteriores palabras de la presidente del mismo Senado, quien señaló, quizá con el ánimo de romantizar una práctica habitual en el Congreso, que no tenía problema en cometer un sacrilegio contra la Constitución si de ello nacía una ley que -según ella- podía resultar beneficiosa. Es decir, el fin justifica los medios, aunque con ello se corrompan -aún más- a pasos agigantados los cimientos de nuestro Estado de Derecho.

Todo lo anterior no hace sino reafirmar una cosa: el Congreso Nacional, más que ser parte de la solución, pareciera ser parte del problema. A los clamores por mayor transparencia, austeridad, diligencia -cuando no, sencillamente, sentido común-, nuestro Congreso ha respondido con bloqueos legislativos, mezquindad en las negociaciones, y una mirada que muestra que, para un número importante de Congresistas, la principal preocupación pareciera ser su propio interés antes que al de Chile. Y es que el Congreso está llamado a tener un rol protagónico -más no exclusivo- en el proceso legislativo, al tiempo en que debe velar, a través de la Cámara, por la adecuada fiscalización del Gobierno. Lo último podría parecer una perogrullada, pero -aunque suene a majadería- pareciera que se ha hecho un hábito de nuestro Congreso el violar el principio por el cual ninguna magistratura puede atribuirse otras competencias que las que la Constitución o la Ley expresamente le reconocen.

Ahora bien, pese las críticas, el Congreso Nacional es una buena muestra de nuestra capacidad nacional para ponernos de acuerdo en temas políticos, esto es, aquellos que afectan a todos quienes la conformamos. Y si hemos visto nuestra incapacidad para ponernos de acuerdo en temas de mediana importancia -se me podrá conceder que no todos los temas son igualmente importantes o urgentes-, imaginemos si tuviésemos que discutir temas realmente relevantes para nuestro futuro nacional. No me refiero a cuestiones menores, como el plazo para la tramitación de un feriado regional o la reforma a la ley de correos. Por el contrario, me refiero a la discusión de nuestra forma de gobierno, nuestros Derechos Civiles y Políticos, o a las prerrogativas que le queremos otorgar a las distintas magistraturas y poderes del Estado.

Es cierto que nadie está proponiendo que el Congreso discuta nada de lo anterior, pero no podemos obviar el hecho de que el Congreso marca pautas y ritmos en nuestra discusión pública, pautas y ritmos que podrían ser (mal) imitados por otras magistraturas llamadas a discutir temas diversos, incluso de mayor relevancia.

Y es que al final del día lo que se está proponiendo por parte de nuestra clase política es que le encarguemos a una nueva entidad denominada Convención Constituyente la discusión de esos temas de primer orden. Dada la reciente aprobación de la ley que restringe la reelección de parlamentarios, es de esperar que muchos de ellos opten por presentarse como candidatos a la Convención. Si a ello sumamos que la composición de esta puede ser completamente nueva o bien compuesta a medias por Congresistas, nos da como resultado que es muy probable que un número importante de Constituyentes -en ambos supuestos-, sea ex miembro del Congreso Nacional. ¿Respetarán las reglas de la Convención los que previamente no respetaron la Constitución y las Leyes? Presumiblemente no. Y es que por mucho que el panel de expertos técnicos convocado al efecto haya redactado un hermoso papel con reglas a seguir para todo el proceso, es muy probable que la primera medida adoptada por la eventual entidad constituyente sea desconocer ese acuerdo para luego declararse soberana. Ha pasado en Chile, ha pasado en el mundo, y seguirá pasando.

Si a todo lo anterior agregamos ahora una pandemia de proporciones bíblicas, con consecuencias insospechadas tanto en lo social como en lo político y económico, muchas de ellas hasta ahora imposibles de prever -el último Imacec nos regresó, en las palabras conservadoras del ministro de Hacienda, 7 años al pasado-, resulta de toda lógica que el proceso constitucional debiese suspenderse, que nuestros políticos deberían respirar hondo y tomar perspectiva, y que el foco de la discusión debiese ponerse, para variar un poco, en Chile y sus verdaderas necesidades.

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