El proceso constituyente que ya está en marcha -gracias a la aprobación en el Congreso de la reforma constitucional que permite llamar a plebiscito- genera un dilema que creo de la mayor importancia abordarlo lo antes posible. Me refiero a la elección presidencial de noviembre de 2021.
Piense usted lo siguiente: la actual Constitución establece que nuestro sistema de gobierno es presidencial y que el mandato de quien resulta elegido dura cuatro años, sin posibilidad de reelección inmediata. Lo que corresponde entonces, bajo la norma vigente, es que el 21 de noviembre de 2021, se elija nuevo Presidente.
La gran duda sobre dicha elección surge del hecho que el régimen de gobierno podría cambiar según lo estimen los convencionales y, si por ejemplo, se opta por uno semi presidencial o por uno parlamentario, elegir Presidente el 2021 no tendría correlato en la nueva Carta, por lo que quien resulte electo no tendría legitimidad constitucional. De ocurrir un cambio como el enunciado, resultaría inapropiado elegir presidente basado en las normas que rigen en la Constitución actual, dado que, si se aprueba la nueva Carta en el plebiscito de salida, la antigua dejaría de regir en forma automática e inmediata y por ende el cargo de Presidente podría ni siquiera existir como tal.
La gran pregunta que surge entonces es cómo resolver este dilema, si a la fecha en que corresponde convocar a las elecciones de noviembre 2021 no estará decidido cuál será el régimen de gobierno que regirá los destinos del país.
Las alternativas de solución para este tema no son muchas. Aparentemente, la más sencilla parecería ser aplazar las elecciones hasta que el proceso constituyente esté terminado, con el plebiscito de salida incluido, aunque sin duda ésta tiene implicancias más profundas, que van desde las constitucionales hasta las electorales, pues se tendría que hacer una reforma a la Constitución actual y después revisar el tema de la campaña electoral, los que no son menores. Otra alternativa, menos gravosa, sería que se decidiera por parte de los convencionales mantener el sistema actual sin variaciones, con lo cual sí se podrían realizar las elecciones, dado que tendría un efecto neutro en la elección el que se apruebe o rechace la nueva Carta Magna.
En resumen, este es un dilema abierto, el que estimo debe ser abordado con la debida anticipación para que se pueda debatir con calma, moderación y realismo, a fin de que no se llegue a tener que improvisar una solución de última hora y podamos ejercer nuestro voto con toda la información que un proceso de esta trascendencia debe suministrar.