El ingreso masivo de inmigrantes indocumentados por las fronteras del norte se ha agudizado las últimas semanas, planteando nuevos problemas. A esto se suma el creciente rechazo de la inmigración por parte de la población chilena, gatillado por la participación de algunos recién inmigrados en ataques mortales a Carabineros y otros crímenes. Esto, además, en el contexto del miedo generalizado por la delincuencia, el narcotráfico, el terrorismo y la falta de seguridad en general. Es tiempo de que el Gobierno haga cosas concretas para ordenar la inmigración. Ahora incluso la situación amenaza con generar problemas con un país limítrofe como el Perú, lo que podría resultar muy complicado si no se aborda bien.
Un camino nuevo, que puede ayudar a encontrar soluciones efectivas al problema, podría ser que el Gobierno Chileno promueva el establecimiento de un “Campo de refugiados y migrantes indocumentados” bajo el auspicio de Naciones Unidas. Allí tendrían que residir temporalmente todas las personas que arriben de Bolivia o Perú sin los documentos requeridos para calificar legalmente como inmigrantes.
Los campos de refugiados y de migrantes son instituciones bien establecidas y conocidas en la historia de occidente al menos. Tanto así que existen dos organismos en el sistema de Naciones Unidas especializados en esos temas que cuentan con presupuestos y expertos con gran experiencia. Ambas tienen sus sedes centrales en Ginebra: ACNUR, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (www.acnur.org) y la OIM, Organización Internacional de Migraciones, www.iom.int ). Conocidos fueron los campos establecidos después de la Segunda Guerra, luego los de Palestina y recientemente en África. Hoy los más grandes están en Sudán.
Despejemos primero las objeciones legalistas que pueden hacerse a esta propuesta. La principal sería que no es lo mismo ser refugiado que migrante. De acuerdo; el primero surge del desplazamiento de personas que deben vivir en otro lugar porque fue expulsado de su país por una guerra o conflicto armado. El migrante lo puede hacer sólo por razones personales, como la búsqueda de mejores condiciones de vida, sin que exista necesariamente una guerra en su país nativo o de origen. Lo anterior conduce a que Naciones Unidas tenga esos dos organismos separados -ACNUR refugiados, OIM migrantes. Pero en las condiciones del mundo de hoy, esta distinción se ha diluido. La migración que Europa busca controlar, ordenar o encauzar con campos en las islas griegas y Turquía viene no sólo de los conflictos armados en Siria o Afganistán, sino mucha desde Bangladesh, Paquistán y otros países del norte de África donde no hay guerras, y hay democracias reales no como en Venezuela. Por otra parte, no es tan claro que en Haití no exista una virtual guerra civil. Por último, que el auspicio y participación de Naciones Unidas en el caso del problema de Chile se haga vía ACNUR u OIM es una materia técnica-política que con voluntad se puede resolver.
Consideremos mejor los numerosos beneficios que una política como la propuesta podría tener para el grupo humano afectado y para Chile como país y para sus ciudadanos. Observo seis, pero pueden ser más:
1) Puede permitir una atención humanitaria mejor a las personas afectadas, incluyendo niños y mujeres, al proveerse de un reconocimiento o status a esas personas y entregarles agua, carpas, baños, etc. mientras deben permanecer allí.
2) Dar más visibilidad y foco al problema, al reconocerlo como una situación compleja, que requiere una atención de múltiples agencias y países, focalizada en personas concretas. No es sólo un problema de esas personas solas ni de un país o gobierno que no las quiere recibir.
3) Resalta el carácter multi-nacional del problema; no es algo sólo de Chile. Por eso está también las Naciones Unidas involucrada. Presiona a Perú y Bolivia a cooperar más.
4) Permite destacar la responsabilidad de las naciones de origen del problema de la migración, como es especialmente Venezuela en el caso de Chile. Los responsables principales no son ni Perú ni Bolivia; es el gobierno de Maduro en Venezuela, quien se hace el desentendido. O le echa la culpa a las sanciones o al bloqueo de EE.UU. Para ayudar a asignar esa responsabilidad y que Maduro coopere -como podría hacerlo -, se necesita la alianza con Naciones Unidas.
5) Construir formalmente un Campo permitiría ampliar la cooperación económica y técnica internacional y de ONGs privadas. Por de pronto, algo de fondos de ACNUR o la OIM más sus técnicos para conseguir los papeles de los indocumentados de Venezuela, y por lo menos saber que no son reos que ya estuvieron en las cárceles de su país y serían nuevos soldados para los narcos. También atraer que ayuden los Médicos sin Fronteras, los Techos y otros.
6) Finalmente, el saber que los migrantes que están circulando o trabajando en Chile tienen como nosotros un Carnet de Identidad o pasaporte legal y conocido y no son personas que tienen un prontuario como delincuentes, sería un factor que puede ayudar a reducir el rechazo de la población chilena hacia la inmigración y por los migrantes legalmente residentes en el país hoy. Esto último es muy grave, porque está afectando a casi un millón y medio de personas buscando residir con normalidad en nuestro país, que trabajan y pagan sus impuestos, cuyos hijos van a la escuela junto con los nuestros y tienen los mismos derechos que nosotros.
Es cierto que esta política tiene costos para el fisco chileno principalmente. Hay que habilitar un espacio, proveer servicios elementales como agua, baños, atención mínima de salud y otros. Pero los beneficios señalados arriba son mucho mayores. Y los costos de no hacer nada aún peores.
Pero por sobre todo, si no hacemos oficialmente un campo como el propuesto aquí, es muy probable que ellos se formen espontáneamente o informalmente con mayores costos y pocos o ninguno de los beneficios mencionados. Es tiempo de más acción y menos declaraciones.