A comienzos de 2016 Ibrahim el Bakraoui, junto con otros cómplices, planificaron un acto terrorista patrocinado por ISIS. Ibrahim se inmoló al detonar una bomba en el aeropuerto de Bruselas. Junto con él murieron destrozadas 32 personas y más de 300 fueron heridas. De pie, a pocos metros del terrorista, estaba Shanti de Corte, de 17 años, que esperaba a que terminaran el papeleo sus compañeros de escuela, con los que emprendería su viaje de graduación a Italia. Shanti no sufrió heridas pero vio a Ibrahim y a sus compañeros de escuela despedazarse en el aire. El trauma que este infierno le produjo la marcó el resto de su adolescencia. 

Según cuenta su madre, Marielle, en las siguientes vacaciones, o sea del mismo 2016, «nunca salió del hotel ni una sola vez. No quería ir a lugares donde había otras personas«. La psicóloga del colegio, que atendió a varios de los alumnos afectados por el atentado, dijo que la niña quedó «traumatizada por el ataque«, cosa que tiene bastante sentido y todo esto es (si se permite la palabra) normal. 

Pero el 7 de mayo de este año, a los 23 años, Shanti fue asesinada por orden del Estado belga. Su jurado: un hato de médicos y psiquiatras que dijeron que el trastorno y la depresión, que la chiquita padecía a raíz del atentado, eran incurables. Shanti, una jóven perfectamente sana presa de un enorme estado de angustia, había pedido la eutanasia y se la concedieron. La Comisión Federal de Control y Evaluación de la Eutanasia sostuvo su decisión al entender que «pasaban los meses, los años, y no observamos ninguna mejoría». Concluyeron que Shanti era «incurable». El burócrata a cargo del caso dijo que Shanti “se encontraba en tal estado de sufrimiento mental que su solicitud fue lógicamente aceptada”. Sí, la palabra utilizada fue: lógicamente.

Una muerte «lógicamente» aceptada

Los terroristas acusados del atentado en el aeropuerto atravesarán un largo juicio y muchos defensores de los derechos humanos buscarán que sean tratados entre algodones con todos los derechos a la salud física y mental que sean necesarios. También clamarán por los derechos de los asesinos los medios, artistas, ONGs, políticos y otras yerbas que opinarán acerca de las condiciones de su encarcelamiento. Está muy bien que así sea. No obstante, nada dirán por la muerte de Shanti, es más, la considerarán una muerte lógicamente aceptada.

El Estado belga no va a ejecutar a los terroristas que masacraron los cuerpos de los compañeros de Shanti porque los siglos de evolución de la cultura occidental impiden que esto ocurra. Por eso la civilización occidental es una gran civilización, la civilización que evolucionó en las formas de tratar a los delincuentes y a los enemigos. Nuestra civilización es la que inventó el concepto de derechos humanos con la fuerza universal y la profundidad que los conocemos. Pero de la misma usina que embrionariamente creó el concepto de derechos humanos universales surgió, sin embargo, un Estado todopoderoso y sicópata que se escandaliza con la idea de matar terroristas por la responsabilidad de sus atrocidades, pero que sí se permite matar a una víctima de esas atrocidades, porque no sabe contener su sufrimiento y considera que dicho sufrimiento es “incurable”.

La bioética es un terreno duro y complejo, sin bordes claros y siempre lleno de dolor, desesperanza, ira y vergüenza. Siempre son en extremo penosas las circunstancias relativas a la decisión de terminar con la propia vida y la intervención de terceros en tales decisiones han, desde muchas disciplinas y saberes, despertado intenso debate. Las enfermedades cruentas, las degenerativas, las que dejan a las personas en estado vegetativo se inscriben en esta disputa e implican polémicas, sin dudas, como así también las leyes que atañen al rol de los médicos y su propia autonomía para realizar prácticas que entran en conflicto con el objetivo primordial de su profesión. Más no es este el caso ni las circunstancias. 

Se trató, en cambio, de que desde el Estado se pusieran a disposición los servicios para ejecutar a una jovencita con una profunda depresión causada por un atentado ocurrido pocos años atrás. No estamos ante un paliativo, es un servicio, un nuevo servicio del Estado Benefactor. Es algo que excede todos los marcos de una discusión ética, civilizada o moral. Occidente, nuestra civilización, está abriendo la puerta para deshacerse de quienes padecen un trastorno mental. ¿Dónde quedan la decisión personal y la responsabilidad en este pantano? ¿Cómo distinguirá la psiquiatría a quién tratar o a quién enviar a las garras de la muerte porque su angustia “no se va a curar”? ¿Cómo van a certificar que semejante dolor no nubla los sentidos y el juicio? 

El poder del Estado

Terminar, desde el aparato del Estado, con la vida de personas vulnerables, implica reconocer o bien que el Estado no tiene sentido o bien que ha involucionado hasta convertirse en una monstruosidad sin retorno. Con toda franqueza: ¿Para esto necesitamos un Estado? Obtener legitimidad, financiación y apoyo para convertirse en ejecutor de víctimas del terrorismo, de inocentes y de vulnerables dista mucho de ser el epítome de una civilización que puso la defensa de los derechos como estandarte. 

La noticia de la muerte de Shanti ocurrió bastante tiempo después de su ejecución. El intento de garabatear estas líneas con algún orden lógico, fue y vino por la adversidad que significa tener que explicar lo obvio. No se trata acá de un señalamiento de decisiones individuales, ni una apelación religiosa ni una condena al acto individual de vivir o dejar de hacerlo como a cada uno le parezca. Se trata de conceder al Estado un poder irreversible: el rol de promotor de suicidios inclusivos que “no discriminen” a los solicitantes. La negra noticia de la doble victimización de Shanti cobra densidad con otra noticia: En Canadá, la asistencia provista por el Estado para morir (MAID) se ampliará a comienzos del año que viene, extendiendo la “elegibilidad” a las personas con una enfermedad mental, presentando su solicitud únicamente sobre la base de ese tipo de trastorno.

Ya en 2019, un fallo del Tribunal Superior de Quebec había cuestionado la constitucionalidad de restringir este “derecho/servicio” a aquellos cuya muerte era razonablemente previsible. Se introdujo, entonces, un nuevo proyecto de ley federal para extender la elegibilidad sin limitarla al final inminente de la vida. Inicialmente además, el Proyecto de Ley C-7 excluía claramente los trastornos psiquiátricos, pero en febrero de 2021, luego de que algunos políticos declararan que esa exclusión era discriminatoria se presentó una enmienda que cancelaba la exclusión por enfermedad mental después de 2 años. Cuando empiece el año 2023, Canadá permitirá la eutanasia para condiciones psiquiátricas. 

El debate legislativo

El suicidio es, ha sido y seguirá siendo parte de la historia de la humanidad. Durante el Romanticismo se desarrolló una terrible moda: los jóvenes se suicidaban en masa estimulados por el ambiente político y artístico, el fenómeno llegó a extremo de pandemia en toda Europa y se le conoció como el mal de Werther a raíz de “Las penas del joven Werther” de Goethe, obra a la que se señalaba como instigadora y que llegó a ser prohibida en Italia, Alemania y Dinamarca. El efecto contagio de esta moda hablaba a las claras de los peligros de esta opción en determinados momentos del desarrollo y también de una actitud ante la vida, de una forma de encarar la adversidad y de una manera de endulzar o dignificar la muerte. Vulnerabilidad, inseguridad, ambiente y moda pueden ser combinaciones fatales. Si a esto le agregamos la promoción estatal, superamos cualquier distopía.

En Bélgica y Países Bajos hay debates legislativos sobre la elegibilidad de la eutanasia para aquellos que simplemente están cansados ​​de vivir. ¿Es necesario el Estado para eso? Hace pocos días se viralizó en redes el deseo de un indigente de terminar con su vida, no porque quisiera (según él mismo declaraba) sino como una alternativa económica a su situación. El profesor de la Escuela de Medicina de Creighton, Charles Camosy, sostiene que la nueva ley permitiría que los médicos estatales ejecutar a «menores maduros» sin el consentimiento de sus padres. ¿Cuántos jóvenes, abrumados por las circunstancias propias de su edad, sienten en algún momento que vivir no tiene sentido? ¿Es necesario que el Estado les refuerce ese deseo? ¿Qué clase de civilización desprotege así a su cría? 

Si el promedio de vida humano ha crecido tan asombrosamente es por nuestra magnífica capacidad de crear ciencia y tecnología para lidiar con las enfermedades, ese es nuestro superpoder. Tal vez aún no se haya descubierto la forma de ayudar a las víctimas del terror a superar el trauma sufrido y es posible que estemos lejos de curar el daño causado por eventos imborrables e incapacitantes. Seguro nos quedan muchos caminos por explorar y tal vez la decisión individual de Shanti de no continuar “viviendo como un fantasma” hubiera sido inexorable aún sin la intervención del Estado. Pero no es aceptable que el rol del poder estatal sea brindar el servicio de ejecución por causas de tristeza o depresión. ¿Cómo se va a distinguir esto de las estrategias médicas y sociales para prevenir el suicidio? ¿No era que una de las competencias del Estado era procurar el bienestar? ¿Si mañana un estado depresivo llevara a una persona a renunciar a su libertad, debería el Estado brindar el servicio de esclavizarla?

Un «derecho» o una tragedia

Con todo, y aún en el pleno respeto de las decisiones individuales y la soberanía ante la propia vida, no podemos ni naturalizar ni congratularnos ante el surgimiento de este nuevo “derecho”, estamos ante una tragedia que debemos procurar evitar como evitamos tantos otros males con tanto éxito. Cuando una sociedad acepta la muerte como un servicio proporcionado por el Estado para solucionar cualquier grado del sufrimiento humano, ya no sabemos ni de qué clase de sociedad ni de qué clase de Estado estamos hablando. 

Pronto quienes tengan menos acceso a tratamientos contra el dolor, contra enfermedades crónicas que resulten agotadoras, quienes tengan poca contención emocional, quienes pasen por depresiones severas o por un momento profundamente trágico, quienes padezcan adicciones o sean más vulnerables psíquicamente a la propaganda de la panacea terminal serán víctimas de un sistema cuya solución ante la adversidad consista en eliminar, sin más, al angustiado, en lugar de atender su angustia. Y todo este andamiaje entregado al poder del Estado según el superior entender de un burócrata y su corte de expertos. ¿No entendimos ya cómo funciona ese matrimonio? ¿Estamos dispuestos a conceder al Estado, también, esa licencia? ¿Qué clase de sociedad desea ser cómplice de ese mandato?

*Karina Mariani es periodista y productora de teatro y danza.

*Esta columna fue publicada originalmente en Faro Argentino.

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