Nuestras autoridades decidieron en enero de este año prolongar el horario de verano hasta marzo de 2017. Para justificar la medida se nos ha dicho que tener dos horarios, de invierno y verano, no tiene actualmente un correlato en ahorro de energía; que favorecerá nuestra calidad de vida (al contar con más horas de luz en la tarde), y que será beneficiosa en términos de disminución de la delincuencia. Se han mencionado, asimismo, encuestas que señalarían que la mayoría de la población apoyaría el cambio. Sin embargo, al poco andar, no son pocas las voces que han manifestado sus reparos y rechazo, y lo cierto es que estas voces cada día suman nuevos adherentes. Si se trata de sondeos, una reciente encuesta de Plaza Pública Cadem así lo demuestra. Académicos, profesionales de la salud, gremios del agro y la industria, y la ciudadanía están cuestionando y manifestándose en contra de la medida. ¿Hace sentido que un país cuyo territorio está ubicado en el huso horario GTM -5 (cinco zonas a la izquierda del meridiano de Greenwich) termine, por un acto de autoridad, con un horario permanente correspondiente al huso GMT -3 (mismo que el de Río de Janeiro, bastante más al este)? Por su parte, y considerando que no se trataba de una medida urgente, ¿Hace sentido que ella esté impactando negativamente la productividad de diversos sectores en momentos en que lo que cabría esperar de las autoridades es estar sumamente atentas para no perjudicar el crecimiento?
Cada vez se hacen más patentes las dificultades que experimentan muchos trabajadores y estudiantes con este nuevo horario, en que deben trasladarse a oscuras a sus colegios y puestos de trabajo, oscuridad que se mantiene en varias ciudades hasta pasadas las 9.00 am, con todos los peligros que ello implica. Esta circunstancia solo viene a sumarse a una serie de otras dificultades que muchos alumnos ya enfrentan para llegar día a día a sus colegios (económicas, de traslado, enfermedades de invierno, frío, etc.). En materia de transporte, a las horas punta de tráfico en invierno nos encontramos en completa oscuridad, lo que nos hace reflexionar sobre la incidencia de esta medida en las tasas de accidentes. Y en lo que a la delincuencia se refiere, el sentido común hace pensar que la oscuridad de las mañanas creará una ocasión más que hará al ladrón. ¿Qué tienen que decir los ministerios de Hacienda, Economía, Educación, Transportes e Interior respecto de estos planteamientos?
Hoy la ciudadanía se pregunta si se habrán estudiado y ponderado adecuadamente todos estos efectos. Recientemente, las autoridades han hecho públicos algunos estudios para respaldar la medida, pero ninguno de ellos es concluyente en favor de la iniciativa. Ahora bien, concluyentes o no, nuestras autoridades sostienen que “no se le puede dar en el gusto a todos”. ¿Es realmente ésta una cuestión de gustos? Hace poco una persona me decía que estaba feliz con este nuevo horario, pues le permitía llegar a su casa con luz de día y jugar con sus niños. ¿Se habrá detenido a pensar que esa realidad que él describe debe ser, cuando mucho, la del 1% más aventajado de la población? ¿Cuál será la ganancia en calidad de vida para la gran mayoría de los chilenos que usan el Transantiago, y que se trasladan en las mañanas a oscuras, por calles insuficientemente iluminadas y que, dado los tiempos de traslado, al regreso también llegan a oscuras a sus casas? Pienso que ninguna, y que más bien ha habido una pérdida en calidad de vida. ¿Cuál es la realidad en regiones? Hace unos meses abrimos junto con otras dos personas muy comprometidas con estas preocupaciones una página de Facebook (“Cambiemos el horario de verano”) que busca, desde el sentido común, aunar experiencias y voces en aras de revertir esta medida. La mayoría de los testimonios que hemos recibido desde diversas localidades son elocuentes: desde el cambio de hora, solo ha empeorado su calidad de vida. Lo que interesa entonces no es “estar dando en el gusto”, sino el bien común. Por ello, las autoridades deben mostrarse disponibles a evaluar sus iniciativas y a tomar acciones concretas si ellas merecen ser corregidas. El peso de la prueba, en cuanto a los beneficios de la medida, está en nuestras autoridades. Cabe a la ciudadanía, no obstante, exigir esas explicaciones y obtenerlas satisfactoriamente, sobre todo cuando se trata de medidas que no fueron objeto de un debate público previo y están produciendo un impacto negativo importante en buena parte de la población.
Natalia González, Abogado.
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