Al igual que Google o Facebook, la Convención Constitucional cree que te conoce. Sabe quién eres tú, a pesar de todas tus diferentes facetas. Cree conocerte porque trabaja bajo la suposición de que tú puedes ser catalogado en una sola identidad. Obviamente, nuestros convencionales no lo dicen abiertamente y tampoco lo reconocerían si se los presionara. ¿Pero cómo se pueden leer si no de esa forma, por ejemplo, las iniciativas de cuotas por identidad o la manera en que han planteado el pluralismo jurídico? Con respecto a eso último, nótese que ni siquiera se ha afirmado que los tribunales “podrán adoptar” la perspectiva intercultural (como querían convencionales de derecha). No, ella se aplicaría automáticamente cuando se trate de personas indígenas.

¿No es acaso posible que una persona indígena decida que para ella es más importante ser evangélica? ¿Por qué el Estado debe decidir por cada uno de nosotros en lo que respecta a nuestra identidad? Una mayoría de los convencionales parece creer que reparar maltratos históricos requiere que las personas sean encasilladas según su etnia, su género, o alguna de las otras identidades que han juzgado como relevantes. 

Hay al menos tres problemas políticos serios aquí. En primer lugar, fomenta –si no derechamente obliga– a que los ciudadanos participen de la comunidad política mediante sus identidades. Nuestra relación con las instituciones políticas dependerá del grupo al que pertenecemos. Lo realmente preocupante es que para el Estado existan ciudadanos que son automática y forzosamente identificados según su identidad particular. O eres indígena o no, y si lo eres el Estado te tratará como tal. 

El segundo problema es que este corporativismo identitario imagina que tener cierta identidad conlleva pertenecer a un grupo políticamente representable. Gran parte de la izquierda está enamorada de esa idea de representación. Incluso si para alguien ser mapuche o ser mujer es toda su identidad, o el aspecto más importante de ella, de allí no se sigue que quiera ser considerada como parte del colectivo político “los mapuches” o “las mujeres”. ¿Por qué ser mujer, gay, evangélico, diaguita o trabajador implica creer que un colectivo puede hablar en representación nuestra? Todavía más, ¿por qué un aymará debe aceptar que la existencia de un cupo reservado para su etnia en el Ejecutivo es una forma de representarlo? Después de todo, se puede ser aymará (mapuche, mujer, etcétera) sin creer que cualquier otra persona de mi mismo grupo humano puede representarme.

Finalmente, el tercer problema es que limita arbitrariamente la libertad de las personas. Ser libres políticamente no sólo es poder votar o formar organizaciones, sino que incluye también poder presentarnos políticamente como algo más que una etiqueta. Por muy querida o justa que sea la etiqueta, no deja de limitar el modo en que las personas pueden relacionarse políticamente. Si ser indígena implica que debes someterte a un sistema jurídico distinto al del resto de la población, entonces también implica que no eres libre de presentarte políticamente como alguien capaz de opinar acerca de su propia identidad. El único modo en que podrías hacerlo es si se te trata como un mero ciudadano.

Varias voces han advertido del giro autoritario de la Convención, graficado en el rechazo a iniciativas populares tan sensatas como la libertad religiosa, de emprendimiento o del derecho preferencial de los padres en la educación de sus hijos. Hay otro autoritarismo más sutil pero no menos pernicioso entre los convencionales. Consiste en la pretensión de que las personas somos identificables por las identidades, y sólo aquellas identidades, que el Estado conoce mejor que nosotros mismos. Difícilmente se puede imaginar una arrogancia mayor de parte del poder político, o alguna más peligrosa.

*Eduardo Fuentes Caro es doctor en Filosofía e investigador UDD.

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