La gran mayoría de ustedes, lectores, habrá visto alguna vez la famosa obra “La pérgola de las flores”. Si por esas cosas de la vida no han podido hacerlo, les cuento que el personaje principal se llama Carmela, una joven que -en medio de las migraciones campo-ciudad de comienzos del siglo XX- se va desde San Rosendo a vivir a Santiago. La representación del provinciano, a través del personaje de Carmela, dice mucho sobre la percepción que existe respecto de quienes habitan fuera de la capital. En la actualidad decirle a alguien provinciano es prácticamente un insulto; ser provinciano conlleva la imposibilidad de pertenecer a una élite que decide los destinos de Chile en cuatro cuadras de la capital.

A pesar de que en todos los discursos presidenciales se diga lo contrario, a los de región -igual que a Carmela- se nos mira con cierto desdén, como si fuéramos dueños de una ingenuidad -y hasta de un hablar cantadito- que nos impide hacernos cargo de nuestros problemas. Somos nosotros la Carmela del siglo XXI; ciudadanos que no pueden satisfacer sus necesidades a través de las autoridades locales porque ellas no saben cómo hacerlo, porque roban, porque no están preparadas, porque no hay para qué cambiar si las cosas siempre se han hecho así.

Hay que considerar que en muchas ocasiones las regiones y comunas no han estado a la altura del desafío.

El lenguaje va creando realidad y hoy todos esos argumentos han ido aumentando la desconfianza estructural entre la capital y las regiones. Tampoco podemos pecar de ingenuidad y creer que esta desconfianza se debe sólo a relaciones asimétricas de poder o a que quienes toman las decisiones buscan -por puro gusto- dejar fuera de cualquier discusión a los gobiernos subnacionales. Hay que considerar que en muchas ocasiones las regiones y comunas no han estado a la altura del desafío. No podemos olvidar que en los municipios y consejos regionales se concentran enormes casos de corrupción que nunca hemos sabido combatir, lo que a la larga también genera discursos del gobierno central alineados más con la necesidad de control que con traspasar mayor poder de decisión y recursos.

Si bien es cierto que las constantes irregularidades dentro de los municipios y gobiernos regionales han generado ese interés por mayor control, eso no se ha traducido en un trabajo real y transversal de nuestra clase política por resolver los problemas a través de avances que vayan más allá de los discursos y propuestas. Así ha ocurrido también con la ausencia de capacidades de los gobiernos subnacionales para poder satisfacer las necesidades de los territorios. Se dice que no son capaces, que no pueden, que roban, pero quienes concentran el poder han utilizado estas frases sólo para rellenar sus cuentas públicas, reduciendo las discusiones a ámbitos estrictamente políticos de la descentralización.

No es suficiente con que el Ejecutivo vigile y supervise los traspasos de competencias a las regiones y haga “tutelas técnicas”, ya que eso puede aumentar la asimetría y dependencia que caracteriza las relaciones entre el poder central y el regional.

Es cosa de ver lo que pasó en el proceso legislativo de la elección de los gobernadores regionales. La discusión estuvo estancada durante meses porque los partidos políticos no se ponían de acuerdo sobre el porcentaje de votos mediante el cual podían ser electos. Si bien este era un aspecto relevante para el éxito político de las coaliciones, había otros más esenciales que no fueron abordados y que, por su urgencia y preponderancia, resultaba necesario poner en el tapete. El elemento más importante -y que prácticamente no estuvo en discusión- era la difícil tarea de otorgar a los gobiernos regionales las herramientas necesarias para aumentar sus capacidades y, así, recibir mayores competencias y recursos. No es suficiente con que el Ejecutivo vigile y supervise los traspasos de competencias a las regiones y haga “tutelas técnicas”, ya que eso puede aumentar la asimetría y dependencia que caracteriza las relaciones entre el poder central y el regional. No basta con regular traspasos de competencias y recursos mediante artículos transitorios y reglamentos, como si esto fuera puramente procedimental.

Según la experiencia comparada, centrarse de forma seria en el ámbito de las capacidades subnacionales requiere de herramientas que signifiquen compromisos concretos -y públicos- del Estado en su conjunto. Algunos países como Francia, Italia, España y Canadá han recurrido a los contratos entre gobiernos subnacionales y el central para ir mejorando la coordinación, ya no sólo desde la lógica de la vigilancia, sino que enfatizando en los aprendizajes mutuos y supeditando el éxito de estos instrumentos a ciertos factores como la adecuada publicidad de su contenido. Así existiría también un mayor contrapeso al gobierno central, lo que podría permitir que las competencias no se traspasen a través de negociaciones que, de tan asimétricas, terminan siendo imposiciones.

Con este debate debimos haber comenzado, pero a sólo dos años de las elecciones de gobernadores regionales, lo que más nos falta es tiempo, especialmente si consideramos que todavía nadie ha abordado los aspectos fiscales de la descentralización. Por desgracia, pareciera que el Ejecutivo no ha sido capaz de mirar este tema con perspectiva y -para ciertos sectores de Chile Vamos- es más una piedra en el zapato que una oportunidad histórica de apropiarse del discurso de la descentralización. Si hoy no tomamos cartas en el asunto, la gestión pública en los territorios continuará haciéndose de forma deficiente y la mitad de los chilenos pagará el precio por la indiferencia de algunos. Así las cosas, Carmela hay para rato.

Guillermo Pérez Ciudad, Investigador Fundación P!ensa

 

FOTO: FRANCISCO CASTILLO D./AGENCIAUNO